La campaña de la fresa que acaba de arrancar en la provincia de Huelva crea cada año miles de puestos de trabajo, entre 80.000 y 100.000 si se suma toda la producción de frutos rojos (arándanos, frambuesas y moras), en su gran mayoría ocupados por mujeres. Es el mayor exportador fresero del mundo, el sector que genera el 8% del PIB de toda Andalucía, pero esa riqueza encierra también vergüenzas: incumplimientos de derechos de sus trabajadores y de pagos de cotizaciones a la Seguridad Social.

El balance de la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social de los últimos cinco años en la agricultura de Huelva, donde los frutos rojos representan más del 50% del sector, refleja un aumento de infracciones y del número de trabajadores afectados, del empleo sumergido que aflora tras la intervención administrativa y de la cuantía de los expedientes liquidatorios de cuotas impagadas por los empresarios a la Seguridad Social.

De acuerdo con los datos facilitados a Público por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, la Inspección llevó a cabo entre 2019 y 2023 un total de 20.380 actuaciones en el sector de la agricultura onubense, intervenciones que arrojaron 1.315 infracciones por incumplimientos de la normativa laboral y de la Seguridad Social relacionados con la contratación, duración de jornadas y cotizaciones de los trabajadores.

En el último año se produjo, además, un significativo incremento de las infracciones, que llegaron a 445 casos y aumentaron un 135,45% con respecto a las detectadas por la inspección en 2022 y un 151% en comparación con las de 2019.

Como consecuencia de la labor inspectora, se han impuesto sanciones con un importe total de 7,29 millones de euros en los últimos cinco años evaluados. La cuantía de las infracciones a empresarios agrícolas en la provincia de Huelva también se incrementó notablemente en el último año registrado, cuando se alcanzaron los 2,16 millones de euros en multas, una cifra que es un 31,7% superior a la de 2022.

En el último lustro, un total de 15.220 trabajadores del campo donde reina el sector de la fresa han sufrido infracciones en la aplicación de la normativa laboral o la Seguridad Social, según los datos de Inspección de Trabajo. En 2023, casi se duplicó el número de empleados víctimas de alguna irregularidad en el tajo, ya que aumentó de 2.808 a 5.190 el número de afectados por infracciones cometidas por los empresarios del sector en relación a sus derechos laborales y contratos.

Al descubierto cerca de 800 empleos sin contrato

La actuación inspectora también ha permitido aflorar un importante número de empleos sumergidos sin ningún contrato en el campo onubense, 798 en los cinco años que recoge el balance facilitado a este periódico. Y tal como sucede en el resto de los índices analizados, en 2023 también se registró un importante incremento en la detección de este fraude, que creció un 63% al haber aflorado en un solo ejercicio 243 empleos sumergidos.

El balance de la actividad inspectora también incluye las emisiones de expedientes liquidatorios para que las empresas se pongan al día en las cotizaciones a la Seguridad Social que han dejado de abonar. Se trata de casos como los de empleados dados de alta tan solo a media jornada cuando trabajan a jornada completa. En los últimos cinco años, a los empresarios del campo onubense se les ha abierto expedientes de este tipo por una cuantía total de 4,28 millones de euros, una cifra que aumentó un 4,76% en el último año con respecto al ejercicio anterior.
Además, fruto de la propia labor inspectora se ha dado de alta en la Seguridad Social a 552 trabajadores y se han descubierto 244 infracciones relacionadas con la normativa que atañe a trabajadores extranjeros.

¿Reflejan estos datos todo lo que hay o siguen sin estar todas las infracciones que se cometen en este potente sector? En 2021, el Ministerio de Trabajo se comprometió a reforzar la inspección en la agricultura onubense a raíz de las denuncias de algunas organizaciones sobre la situación de las jornaleras de la fresa, y el balance anual refleja un incremento de las actuaciones del 7,42% en el último año. Sin embargo, hay sindicatos que siguen quejándose de la falta de inspectores para abarcar tanto campo.

El secretario de la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT en Huelva, Sebastián Donaire, asegura que Huelva es la provincia que tiene de media menos inspectores por número de trabajadores. "Necesitaríamos al menos cinco o seis inspectores más para abarcar toda la carga de trabajo que hay en un territorio muy disperso", dice a Público.

La propia responsable de la Inspección provincial reconoció en unas jornadas que se celebraron en la Universidad de Huelva el pasado noviembre que los inspectores tienen bastantes dificultades para llevar a cabo su labor: en unos casos, porque no les permiten acceder a las empresas, y, en otros, porque hay empresarios que llegan a intercambiar en sus grupos de mensajería fotografías de los inspectores para ponerse sobre aviso de su llegada, tal como se recoge en este vídeo publicado por La Mar de Onuba.

Pagos por debajo del salario mínimo

Las infracciones que más se han denunciado en la agricultura onubense son los incumplimientos del convenio colectivo en relación con el pago del salario mínimo y de las medidas de prevención de riesgos laborales, según el responsable de UGT, quien recalca que esos incumplimientos no han sido sistemáticos en el sector, sino de algunos empresarios que se saltan la normativa laboral y sus compromisos con la Seguridad Social.

Por su parte, José Hurtado, secretario General de la Federación de CCOO Industria de Andalucía, destaca las numerosas denuncias que se pusieron en 2022 a causa de irregularidades en el pago del plus de transporte estipulado en el convenio y del incumplimiento de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Un asunto que tuvo que llegar al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y que, finalmente, ha quedado fijado en 57,95 euros por jornada de seis horas y media de trabajo.

Una de las organizaciones más activas en el campo onubense, sobre todo con la defensa de las trabajadoras de las explotaciones de la fresa, es Jornaleras en Lucha, que también se queja de la falta de inspectores, aunque reconoce que ha habido mejoras tras la llegada de la nueva responsable provincial del servicio.

En la memoria del último año, esta organización refleja que denunció ante Inspección de Trabajo a nueve empresas por diversas irregularidades y atendió a 176 trabajadores, el 70% mujeres y el 63% extranjeras. Los principales motivos de las demandas de las trabajadoras en este servicio fueron los incumplimientos del pago del salario mínimo, del abono del kilometraje, las horas extras, la duración de la jornada laboral y la gestión de prestaciones por incapacidad temporal.

"Cabe resaltar la dificultad para poner las denuncias, debido al miedo de las trabajadoras a enviarnos nóminas y contratos de trabajo con sus datos, ya que temen que las empresas sepan que son ellas quienes denuncian. Esto demuestra la terrible persecución sindical que se sufre en los campos de Huelva", afirma en su último informe anual Jornaleras en Lucha.

La portavoz de esta organización, Ana Pinto, enumera un rosario de irregularidades que, según ella, se cometen cada campaña en las explotaciones de la fresa onubense: pagos por debajo de la jornada realizada y del SMI, cotizaciones a la Seguridad Social por menos días de los trabajados, no respetar la antigüedad de los fijos discontinuos en las listas de espera para nuevas contrataciones, despidos de trabajadoras embarazadas, incumplimientos de los plazos para avisar de una incorporación al tajo...

"Esto está igual o peor que siempre", resume Ana Pinto. Su organización se halla ahora enfrascada en el caso de una temporera marroquí, una de las miles que son contratadas en origen para la campaña de la fresa -15.000 en 2023-, que está teniendo grandes problemas con su empresa a causa de la lesión que sufrió en una pierna durante el trabajo.

La Asociación de Mujeres Inmigrantes en Acción (AMIA) señala que el caso de esta temporera marroquí ya es el segundo que atienden este año en Huelva, cuando la campaña de la fresa apenas ha echado a andar. El otro caso es el de una trabajadora que ha venido varios años a trabajar a la misma empresa y que, pese a ello, la han enviado inmediatamente de vuelta a Marruecos cuando han descubierto que estaba embarazada de siete meses.

"El año pasado hubo muchos más casos. Cuando estás trabajando en el campo, hay mucho esfuerzo, mucha explotación, mucho secreto en las fincas. Las fuerzas se pierden y pasan muchas cosas", denuncia la presidenta de AMIA, Fátima Ezzohayry.

Una regulación extraordinaria en los asentamientos

Al calor de la potente economía de los frutos rojos, que genera más de 1.300 millones de euros al año con una producción que llega a superar las 450.000 toneladas, ha arraigado también otra realidad, la de varias decenas de asentamientos de chabolas en cuatro municipios con una gran producción fresera: Lepe, Moguer, Palos de la Frontera y Lucena. En ellos se llega a acumular una población que supera los 3.000 habitantes en el momento álgido de la campaña de recolección de la fresa.

Quienes habitan esas chabolas forman parte de la abundante mano de obra extranjera de los cultivos freseros, de forma regularizada o no. Por esa razón, CCOO ha mantenido contactos con la patronal Asaja para solicitar al Gobierno que apruebe una regulación extraordinaria de las 1.500 personas que, según sus estimaciones, están viviendo de "forma indigna" en los asentamientos sin ninguna documentación y que, como consecuencia, no tienen derecho a un contrato laboral ni acceso a una vivienda.

La secretaria provincial de CCOO, Julia Perea, ha explicado a Público que los empresarios deberían hacer precontratos, es decir, una oferta de empleo firme a estos trabajadores indocumentados para que se pueda regularizar su situación de forma extraordinaria mediante un acuerdo del Consejo de Ministros. "Estamos intentando normalizar su situación para que puedan ser mano de obra legal y no se aprovechen de ellos algunos empleadores. O le buscamos una solución para que sean trabajadores de forma temporal o lo de los asentamientos no se va a arreglar en la vida", recalca la responsable sindical.

La situación irregular de estas personas es la que, además, según Perea, les impedirá acceder a los dos únicos proyectos de realojo que se están llevando a cabo en la provincia de Huelva, los de los municipios de Moguer y Lepe.

Ambos proyectos de realojo son fruto del protocolo que firmaron en julio de 2022 el Ministerio de Derechos Sociales, la Junta de Andalucía y los dos ayuntamientos citados para afrontar la erradicación de los asentamientos. Pero más de año y medio después, cuando ya ha comenzado la nueva campaña fresera, ninguno de ellos está en funcionamiento. El único alojamiento digno que se ha abierto en toda la provincia para acoger a los ocupantes de las chabolas es el albergue para temporeros que puso en marcha la ONG Asnuci en Lepe hace tres años, y gracias a una colecta de donativos, para acoger a unas 40 personas.

Pese a todo, la responsable provincial de CCOO considera que la situación del campo onubense "está ahora mejor que hace dos años" y que ha habido una mayor intervención de oficio de la Inspección de Trabajo para acabar con las irregularidades laborales en el sector. Y para que siga mejorando la situación, este sindicato va a hacer este año una dd específica con las miles de trabajadoras contratadas en origen, la mayoría marroquíes, con el fin de explicarles cuáles son sus derechos laborales y salariales y los pasos que tienen que dar, por ejemplo, si están de baja a causa de un accidente o una enfermedad.