La propuesta de descentralización del presidente valenciano Ximo Puig, con el traslado de importantes instituciones estatales a diferentes ciudades –el Senado a Barcelona, el Tribunal Constitucional a Cádiz, Puertos del Estado a València o el Tribunal de Cuentas a Aragón– podría calificarse fácilmente como una "maragallada", término acuñado para definir las propuestas extemporáneas y a menudo irrealizables del expresidente de Catalunya, Pasqual Maragall. Y, de hecho, el mismo Maragall ya propuso trasladar el Senado a Barcelona en un lejano 1992. Una "maragallada" pues, en sentido incluso literal. Una propuesta que también sacó del baúl de los recuerdos Pedro Sánchez, allá por el año 2015, en su primera etapa como líder del PSOE.

"Maragall tenía ideas que parecían muy locas, pero esto, en cierta forma, marcaba su genialidad. Removía las aguas estancadas y pasaban cosas. También parecía una 'maragallada' proponer Barcelona como sede de unos Juegos Olímpicos", recuerda un veterano cargo socialista.

En este sentido, que 30 años después Puig salga con la misma propuesta de mover el Senado puede tener dos lecturas: el presidente valenciano agita debates que no van a ningún sitio o que en España hay una herida –la de la descentralización- que sigue sin cerrarse. En las tres últimas décadas no parece que se haya avanzado demasiado en este sentido, incluso se diría que se ha retrocedido. Los datos de ejecución de las inversiones estatales publicados esta semana, donde la inversión real en Madrid triplica la que se ha realizado en el País Valencià, apuntan en esta dirección.

"La idea no está nada mal, aunque parezca una ocurrencia y que no ha sido demasiado meditada, sirve para marcar agenda y si además citas Cádiz, Barcelona, Aragón… consigue que las ciudades agraciadas piensen 'pues mira, no estaría mal', y aunque sea con follón, inicias un debate", señala el profesor de comunicación política en la Universitat de València, Guillermo López. Aunque para este profesor el rechazo casi inmediato del PSOE y una cierta retirada del mismo Puig le restan margen de maniobra: "A Puig le importa demasiado caerle bien a los medios de Madrid, y aunque con propuestas como esta consigue situarse y hacerse visible, también resulta obvio que no puede hacer agenda a la contra y que hablen bien de él".

"La descentralización de parte de las instituciones solucionaría problemas como la despoblación de ciertas zonas y la hiperconcentración en Madrid –defienden desde el entorno del PSPV- y es casi tan importante como resolver el tema de la financiación". Aunque también asumen que "no será tarea fácil ni se puede conseguir a corte plazo".

La primera y última experiencia de descentralización de una administración fue en 2010, cuando durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el entonces ministro de Industria, el catalán José Montilla, optó por trasladar la sede de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT). Entonces el escándalo fue mayúsculo, con protestas de los funcionarios –incluida la dimisión del director-, oposición feroz del gobierno regional madrileño de Esperanza Aguirre y boicot judicial.

El proceso se alargó casi seis años para que, solo un par años después, fuera revertido sin ningún tipo de ruido cuando Rajoy integró la CMT en la nueva Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) con sede en… Madrid.

"Hay una corriente política empeñada en la reforma de España que nunca funciona –alerta el periodista Antoni Rubio, autor de Valencianisme Líquid, un ensayo reciente sobre la evolución del valencianismo político- y aunque la propuesta me parece cosmética y nada federalista, en una situación normal podría funcionar. Pero es como las quejas por la preeminencia de Madrid en los presupuestos, que después no encuentran una expresión política que encauce este rechazo".

¿Esta expresión política podría ser un PSOE que marcara distancias con un PP excesivamente centrado en Madrid por el peso de Ayuso? "No lo creo –defiende Rubio- porque aunque Puig sea el principal barón socialista con talante federalista, es obvio que el partido en su conjunto no tiene el tema resuelto. Basta con ver la iniciativa de Emiliano García-Page atacando el requisito lingüístico para funcionarios en las autonomías con otra lengua oficial".

Para López, el PSOE debería tomarse en serio la descentralización para marcar distancias con el PP: "Cualquier otra cosa es un suicidio electoral, porque si al final resulta ser un PP con sonrisa, decepciona a su electorado y ya sabemos que la gente prefiere votar el original a la copia". Aun así, este profesor ve difícil el cambio, ya que "si ni el PSOE  con aliados que van del federalismo al independentismo es incapaz de mostrar una apertura mínima, muy mal se les tendría que poner electoralmente para que den el paso".