La Policía Judicial ha corroborado, a través del análisis de los correos electrónicos entre la exvicepresidenta del País Valencià Mónica Oltra y la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, que ella misma dirigía, que no se trató el tema de los abusos a una menor tutelada por parte del exmarido de Oltra hasta que el asunto estuvo judicializado. 

El informe de la Policía, solicitado por el Juzgado de Instrucción 15 de València, al que ha tenido acceso Público, supone un espaldarazo a la versión dada por Mónica Oltra, que dimitió hace justo un año tras ser imputada en la causa que investiga la gestión de su Conselleria de los abusos sexuales por los que fue condenado el exmarido de Oltra a cinco años de prisión. El Supremo aún no se ha pronunciado sobre su recurso de amparo.

La Policía Judicial ha hallado nueve correos, todos ellos a partir del 8 de agosto de 2017, cuando el departamento de Oltra abrió un expediente tras conocerse que se había iniciado una investigación judicial. Oltra declaró que ella se enteró del asunto el 4 de agosto, cuando llegó al domicilio que aún compartía con su expareja una citación judicial para que él fuera a declarar al juzgado.

Es decir, los correos no muestran las presuntas maniobras de Mónica Oltra y de su equipo para tapar el caso, como sostenía la asociación Gobierna-Te, de la cofundadora de Vox Cristina Seguí, personada en la causa.

El juez ha mantenido seis meses secreta esta pieza separada sobre los correos electrónicos para investigar si entre la entonces vicepresidenta valenciana y el departamento que dirigía se había despachado el tema de los abusos a una menor tutelada por parte de la pareja de Oltra antes de que la Justicia abriera el caso. El objetivo era comprobar si Mónica Oltra y su equipo maniobraron para ocultar el asunto. 

La Policía desmiente que se borraran correos

La Policía también descarta que se borraran correos, como sostiene la ultra Cristina Seguí. Según otro informe aportado a la pieza separada, la denuncia de Gobierna-Te se basa en un "malentendido" referido al antiguo dominio @cv.gva.es de la Generalitat, que se inhabilitó pero que no contenía cuentas de correo usadas por los empleados públicos. 

Los investigadores han analizado los correos intercambiados entre el centro donde estaba ingresada la menor y la dirección territorial de Igualdad y Políticas Inclusivas, sin constatar ninguna actuación en ese momento del equipo de la Conselleria que dirigía Mónica Oltra. Además, entre los correos no hay ninguno intercambiado con el gabinete de la vicepresidenta.

El caso arrancó con la querella de Cristina Seguí --luego se adhirió Vox en la causa-- sobre las presuntas maniobras para tapar los abusos a la menor por parte del exmarido de la vicepresidenta del Gobierno Valenciano y portavoz de Compromís. En la causa están investigados Mónica Oltra y una docena de funcionarios. 

El demoledor informe de la fiscal

Mónica Oltra dimitió como vicepresidenta de la Generalitat Valenciana en junio de 2022 tras ser imputada en la causa. La fiscal superior del País Valencià, Teresa Gisbert, apoyó su imputación con un demoledor informe que arrojaba dudas sobre el modo de actuar del departamento que dirigía Oltra. 

La fiscal menciona una "idea directriz" que sería la "orden verbal" dada presuntamente por Oltra a partir del momento en el que el caso se judicializó. "Se deduce, a nivel indiciario, la existencia de una directriz de actuación por parte de todos (autoridades, funcionarios y personas intervinientes) de disminuir la importancia y ocultar los abusos", explica la fiscal. 

Para Teresa Gisbert existe un "fuerte indicio" de que dicha orden verbal fue efectuada por la consellera Oltra en el hecho de que todos los que intervinieron y que también están imputados --13 funcionarios y altos cargos-- "mantuvieron siempre la misma versión exculpatoria de la Consejería de Igualdad".