"Esta historia pasará a la historia de la infamia política, jurídica y mediática de este país", ha asegurado Mónica Oltra este martes al anunciar su dimisión como vicepresidenta de la Generalitat Valenciana y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas tras su reciente imputación por el presunto encubrimiento en el caso de abusos sexuales a una menor tutelada por parte de su exmarido, que resultó condenado a cinco años de prisión.

Oltra defiende su inocencia y atribuye el revés judicial a una campaña de la ultraderecha y a su lawfare o guerra judicial, ya que detrás de la querella que dio lugar a la causa por los presuntos delitos de prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos contra Oltra está la fundadora de Vox en la Comunidad Valenciana Cristina Segui y su asociación, Gobierna-Te. 

Hace dos meses, cuando el juez instructor, Vicente Ríos, envió una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) exponiendo la necesidad de tomar declaración como imputada a Mónica Oltra para poder terminar con la instrucción, la ya exvicepresidenta de la Comunidad Valenciana alegó: "No tengo ninguna razón para dimitir. Siempre he dicho que la decencia y la línea ética no la marcan los tribunales. Aquí no se ha cometido ninguna ilegalidad". 

Pero fue el informe de la fiscal superior de la Comunidad Valenciana, Teresa Gisbert, del pasado 3 de junio, el detonante de la dimisión forzada de Oltra este martes. Un informe demoledor por cuanto la descripción que hace del proceder de los servicios públicos dirigidos por Oltra.

Teresa Gisbert es reconocida por su compromiso contra la violencia machista y la explotación sexual de las mujeres, y así lo manifestó en su discurso de toma de posesión en febrero de 2019. Además fue fiscal coordinadora de la Sección de Menores de la Fiscalía del TSJCV. 

La fiscal considera que Oltra dictó una "orden verbal" para "desvirtuar la credibilidad de la menor", ingresada en un centro de acogida privado pero con concierto con la Generalitat. La joven, nacida en 2002, tenía 14 años cuando comunicó, en febrero de 2017, a una trabajadora social que un educador del turno de noche, Luis Eduardo Ramírez, abusaba de ella. Ese trabajador era el marido de Mónica Oltra en aquel momento, posteriormente se separaron.

La fiscal Gisbert describe en su escrito de más de 60 folios cómo ni desde el centro de acogida y desde la consellería que dirigía Oltra, con competencias en las tutelas de menores  "se puso en conocimiento ni de la Policía, ni de la
Fiscalía de Menores, ni de la Administración de Justicia" los presuntos abusos, luego confirmados por la Justicia. 

Luis Eduardo Ramírez fue apartado unos días pero posteriormente fue reincorporado a su trabajo, mientras la niña era evaluada por una psicóloga de la Sección del Menor de la Consellería de Igualdad, que determinó que no era verosímil su denuncia. 

Señala la fiscal al respecto que en el expediente interno del centro de acogida no constara el nombre completo del marido de Oltra, sólo Luis R. y además dice que "resulta difícilmente creíble que no lo pusieran en su conocimiento [de Mónica Oltra] desde el momento inicial, y tanto más, cuando además su marido fue suspendido temporalmente". 

"Tenemos, pues, una actuación incompatible e incomprensible con la
gravedad de los hechos. La Generalitat Valenciana tiene la tutela de una
menor, se comunica por la misma que está sufriendo unos abusos sexuales, y no durante poco tiempo, por parte de un educador en un Centro de Acogida y no sólo no se denuncian los hechos sino que tampoco se ponen en conocimiento de la Policía, ni de la Fiscalía de Menores ni de la Administración de Justicia", insiste en su escrito la fiscal.

Cuatro meses de silencio

Cuatro meses después, la joven, aprovechando la presencia de dos agentes de policía en el centro, les desveló que un trabajador había abusado de ella. "Un tal Luis, del cual no quiere decir más y del que le cuesta hablar por el temor
que éste le suscita, ya que tiene una familiar que es un cargo importante dentro de una Consellería y que la misma sale por la tele". Los agentes comunicaron los hechos a su superior y la Fiscalía denunció a Luis Eduardo Ramírez. 

Destaca la fiscal que "es a partir de esta fecha cuando la cuestión sale del ámbito
interno de la Consellería de Igualdad de la Generalitat Valenciana. Más de cuatro meses después de la comunicación de los hechos por la menor.
Hasta entonces nada supieron ni la Policía, ni la Fiscalía de Menores, ni la Administración de Justicia".

Una vez que desde el juzgado se dictaron medidas cautelares contra Luis Eduardo Ramírez, la Dirección General de Infancia y Adolescencia ordenó, el 8 de agosto de 2017, la apertura de un expediente informativo "para constatar, en su caso, la veracidad de los hechos y que se informe a esta Dirección General de las actuaciones realizadas". Mónica Oltra asegura que se enteró de los hechos el 4 de agosto de 2017.

Un expediente polémico

"Visto el desarrollo y contenido del expediente, a nivel indiciario, más
bien parece que se incoó con objeto de liberar de responsabilidades
a la Generalitat Valenciana y a las personas y organismos que ejercían o intervenían en la tutela de la menor. Curiosamente, el expediente se concluyó considerando la Instructora que el testimonio de la adolescente no era creíble", consta en el informe de la fiscal. 

Otra de las cuestiones que destaca Gisbert es "el sesgo de dicho expediente: la Instructora hizo constar su sorpresa porque la niña no podía concretar las fechas de los abusos y que, sin embargo, recordase la fecha en que comenzó su
noviazgo, no viéndosela afectada por lo ocurrido, no mostrando sus respuestas sentimientos o emociones, no haciéndose constar en el
informe "la menor referencia a los abusos que relata a niña", habiéndose oído en el expediente a 'D. Luis', no recogiéndose su nombre en el acta, el cual reconoció haber dado masajes a la menor cuando la misma se lo había pedido y para calmar su nerviosismo", se indica en el escrito de la Fiscalía.

Este escrito menciona una "idea directriz" que sería la "orden verbal" dada por Oltra a partir del momento en el que el caso se judicializa. "Se deduce, a nivel indiciario, la existencia de una directriz de actuación por parte de todos (Autoridades, funcionarios y personas intervinientes) de disminuir la importancia y ocultar los abusos", explica la fiscal. 

Para Teresa Gisbert existe un "fuerte indicio" de que dicha orden verbal fue efectuada por la consellera Oltra en el hecho de que todos los que intervinieron y que también están imputados --trece funcionarios y altos cargos-- "mantuvieron siempre la misma versión exculpatoria de la Consejería de Igualdad".

"Es imposible que funcionarios de tan diversa naturaleza y categoría,
desde técnicos en menores a psicólogos, jefes de servicio y directores de centro y territoriales mantuvieran unánimemente la misma versión de los hechos, lo que constituye un fuerte indicio del sentido de dicha orden verbal que evidencia su carácter de arbitraria e injusta, carente de toda justificación y apoyo en
Derecho". 

En su escrito, la fiscal Teresa Gisbert, pide que se realicen "cuantas diligencias sean precisas para completar la investigación de los hechos y la determinación del grado de participación de la persona aforada". 

Dos semanas después de que Gisbert rubricara su informe, el TSJCV aceptó imputar a Mónica Oltra, que deberá comparecer como investigada el próximo 6 de julio.