Una vez terminada la sesión plenaria de esta semana y a pocos días de que Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, comparezca en el Congreso ―lo hará el miércoles, día 23― el Gobierno tiene un cierto tiempo de reflexión para calibrar las reacciones a sus anuncios en materia de vivienda de los últimos días y la presión de sus aliados en el Congreso para ir más allá. Todos los grupos de izquierdas de la Cámara han dejado claro que la respuesta del Ejecutivo a las movilizaciones sociales les parece insuficiente y que se está configurando un momento histórico para cambiar el "paradigma" del modelo de vivienda.

El Congreso está partido en dos y las izquierdas reclaman a Sánchez movimientos claros para ubicarse con las movilizaciones del domingo y no con los propietarios. De forma más explícita o más implícita, lo han dicho todos los grupos.

Íñigo Errejón dejó muy claro, este martes, en el Congreso la distancia que separa a los dos socios del Ejecutivo. "El bono al alquiler para los jóvenes es un Bizum directo al bolsillo de los caseros si no se topan los precios", aseveró. Además, dio una especie de aviso al socio mayoritario y calificó del momento que atraviesa la sociedad de "parteaguas". Para Sumar, el 23 de octubre, cuando comparece la ministra, es una fecha marcada en rojo en el calendario. Según ha podido saber este medio, los de Yolanda Díaz no se plantean acciones contra Rodríguez, pero sí insisten en que han dejado de valer las excusas y que no tienen problemas con marcar músculo y mostrarse duros con ella.

Sumar ejerce presión desde dentro y desde fuera. Pide dejar atrás los parches y prohibir la vivienda con fines especulativos, poner límites al precio de los alquileres ―solo así, insisten, tendría sentido un bono para los jóvenes como el anunciado por Sánchez―, regular los alquileres de temporada y blindar la vivienda pública.

Pero ha sido Podemos la voz más drástica con el Ejecutivo. Ione Belarra, su secretaria general, acusó a Sánchez en la sesión de control de acercarse demasiado de la derecha en sus políticas. Fuentes del partido, en conversación con Público, insisten en ello. "Sánchez tiene que dar un giro de 180 grados y dejar de hacer políticas que favorecen a los rentistas", comentan. Establecen, en ese sentido, unas líneas que, desde su punto de vista, deberían de ser obligadas.

Hablan, como en el caso de Sumar, de prohibir la compra de vivienda que no sea para uso propio y, así, "evitar convertirla en un producto de inversión", de una moratoria total a los pisos turísticos, de bajar por ley los precios y de obligar a los propietarios a poner el 50% de su parque en alquiler social. Son medidas muy alejadas de los movimientos que, por ahora, está exhibiendo el Gobierno, pero los morados reivindican un cambio de estrategia.

Hay cuórum en eso entre las izquierdas. La vivienda ha sido un tema importante desde el principio de este segundo Gobierno de coalición progresista, pero las movilizaciones han generado un escenario en el que las izquierdas encuentran una ventana de oportunidad. Con una aritmética parlamentaria con poco margen para legislar, lograr avances significativos en vivienda sería una forma de dar sentido a la legislatura.

Por eso, entre otras cosas, ERC volverá a registrar la ley de alquileres de temporada. Fuentes de los republicanos insisten en que el Gobierno progresista debe ser "valiente" y, como también hace Podemos, pone encima de la mesa la Sareb. "No es comprensible que el Estado sea copropietario de la Sareb y no invierta ni tenga un plan para dar uso público a esos inmuebles", deslizan.

En EH Bildu están en esa línea. Así lo puntualizó Oskar Matute en La noche en 24 horas. "Nosotros hacemos lo posible para que haya un cambio estructural". De todas formas, reconoció que la "capacidad de acción política" que tiene su grupo parlamentario ―y se puede extender perfectamente al resto de las izquierdas― no ha llegado a donde le gustaría. Igual que Sumar, Podemos, ERC o BNG subraya que el camino es la intervención pública estatal, autonómica y local. En ERC, eso sí, exigen proteger las competencias autonómicas.

La realidad es que la ley de vivienda solo se ha aplicado, por el momento, en Catalunya y los datos la avalan. No en vano, el precio medio de los alquileres ha bajado un 5% en el segundo trimestre del año 2024. Sánchez ha puesto en valor su efecto durante la sesión de control de este miércoles, pero ninguna otra comunidad autónoma la ha aplicado. Tampoco las del PSOE. 

El fantasma de la derrota parlamentaria

Pero para sacar adelante medidas de calado en el Congreso son necesarios los votos de Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Junts per Catalunya. Los de Carles Puigdemont ya dejaron claro que no están por la labor de avanzar en regulación con su voto en contra a la ley que impulsaron los Sindicatos de Inquilinas junto con las izquierdas de la Cámara Baja sobre el alquiler de temporada. Les reprocharon que no daba seguridad jurídica a los propietarios, que no servía para solucionar el problema de la vivienda y que invadía competencias.

Está por ver cuáles son los movimientos con respecto al nuevo impulso que le quiere dar ERC a la ley. Por el momento, un eventual apoyo de los posconvergentes parece muy lejano.

Las izquierdas en su conjunto son conscientes que la ley de alquileres de temporada no soluciona el problema en su totalidad, pero, de acuerdo también con los colectivos, consideran muy importante empezar por ahí para aliviar la presión en las zonas más tensionadas. "Si Junts vota en contra, evidenciará una vez más en qué bando está", deja caer una voz de los republicanos.

De todas formas, existe una especie de pánico en el Congreso a la hora de llevar votaciones a pleno por las pocas garantías de que salgan.

El PNV, por su parte, se encuentra en su particular lucha con Sánchez en términos de vivienda. Aitor Esteban le ha pedido cambios en la ley de vivienda para dar más seguridad jurídica a los propietarios. Los de Esteban no se cierran a regulaciones puntuales, pero ven la solución al problema de la vivienda en la construcción.

El PSOE no lo niega. Sánchez se ha comprometido a construir 180.000 durante la legislatura. De hecho, la construcción de vivienda es uno de los puntos que distancia gradualmente las posturas de PSOE, Sumar y, por ejemplo, Podemos. Los de Yolanda Díaz priman las regulación, pero se abren a construir más pisos a largo plazo. En Podemos, en cambio, consideran que con las viviendas que permanecen vacías en España sería suficiente para terminar con el problema.