La vivienda ha sido uno de los temas estrella en esta legislatura. Mientras que en el año 2020 el Parlament aprobó una ley pionera que regulaba los precios del alquiler, en marzo de 2022, ya bajo el mandato del president Pere Aragonès, el Tribunal Constitucional la tumbó parcialmente estimando el recurso del PP, que argumentaba que invadía competencias del Gobierno español.

No fue hasta mediados de marzo de 2024 cuando se aprobó el nuevo índice estatal de precios del alquiler, y 140 municipios de Catalunya aplicaron la medida que establecía un tope en las mensualidades. Solo unas semanas más tarde, se decidió ampliar el número de localidades, con 131 más, cubriendo una zona total de más de siete millones de catalanes, es decir, el 90% de la población.

Esta medida fue muy aplaudida por los inquilinos, que pudieron respirar aliviados al saber que su mensualidad no subiría aunque el barrio estuviera altamente gentrificado. Ante esta regulación, sin embargo, se extendieron dos modelos de alquiler que los arrendadores utilizaron para maximizar los beneficios: el de temporada y el de habitaciones, también llamado coliving.

Para evitar este "uso fraudulento de la norma", como dijo la consejera de Territori, Ester Capella, el Govern aprobó el 24 de abril por vía de urgencia un decreto ley que regula estos dos modelos, impidiendo, entre otras cosas, que la suma de habitaciones alquiladas de manera individual supere el tope fijado por el índice de precios de la vivienda. En el caso de los alquileres de temporada, los contratos deben definir muy bien la finalidad del piso, que solo podrá ser de uso recreativo, ocio o vacaciones.

Este decreto entró en vigor en un máximo de 48 horas, pero debe ser convalidado en menos de un mes por el Parlament para que siga vigente. La votación se realizará después de las elecciones del 12 de mayo y, por este motivo, el Sindicat de Llogateres exigió a los grupos parlamentarios que se comprometieran por escrito a aprobarlo para evitar los desalojos y las subidas del precio del alquiler.

En un comunicado que emitieron, la organización manifestó que "todo ciudadano tiene derecho a saber, antes de ir a las urnas, qué partidos están a favor de defender el derecho a la vivienda y cuáles prefieren la vía libre al fraude en los alquileres temporales". Finalmente, el pasado 3 de mayo, ERC, CUP y Comuns firmaron el compromiso de llevar adelante la regulación, mientras que el PSC y Junts se abstuvieron de hacerlo.

Las principales propuestas de los partidos en la materia

Según los datos publicados por el Incasòl en relación con el tercer trimestre de 2023, los precios de los alquileres subieron en Catalunya un 5,3% de media, un porcentaje que aumenta si nos fijamos en el área metropolitana (8,2%) y en Barcelona (9,8%). De esta manera, para vivir en la capital el año pasado había que pagar unos 1.171 euros de media, unos 100 euros más que a finales de 2022, mientras que la media de una mensualidad en Catalunya era de 848 euros.

Con esta información sobre la mesa y sabiendo que la vivienda es una de las cuestiones que más preocupan a la ciudadanía, los diversos partidos políticos han incluido sus propuestas en los programas electorales. Repasamos las más destacadas.

Crecimiento del parque público

Si comenzamos por el PSC, lo que más destaca es el aumento del parque público de viviendas con 4.000 viviendas anuales y la incorporación de entre 140.000 y 200.000 viviendas al parque de vivienda protegida en Catalunya en los próximos siete años.

El partido también dice que impulsará un Plan Renove "para mejorar las viviendas de más de 50 años de antigüedad (puertas, baños y ascensores) de personas mayores de 65 años y personas dependientes, para poder adaptar las viviendas a sus circunstancias vitales".

Por otro lado, el PSC también quiere poner en marcha el Servei Català de l'Habitatge (SCH) y crear "un portal público de vivienda con pisos de propiedad privada para promover el alquiler juvenil con rentas inferiores a 30.000 euros" y una "nueva línea de ayudas para sufragar hasta un 20% la compra de vivienda de uso residencial (hasta 12.000 euros) en los municipios de menos de 1.000 habitantes".

En cuanto a ERC, su propuesta destacada es el Pacto Nacional por el Derecho a la Vivienda, que tiene cuatro ejes de trabajo: "Evitar la emergencia residencial inmediata, ampliar el parque público de viviendas, garantizar viviendas dignas, accesibles y saludables y sacar la vivienda de la lógica de mercado".

Entre otras cosas, también incluye en el programa su voluntad de destinar un mínimo de 1.000 millones anuales a la vivienda, desplegar la limitación de los precios del alquiler, aumentar el parque de alquiler asequible de Catalunya en 10.000 nuevas viviendas cada año y "exigir al Estado español la cesión gratuita e inmediata de todos los inmuebles de los que dispone en Catalunya y la defensa de las competencias exclusivas de Catalunya en políticas de vivienda". 

Por su parte, Junts propone "más vivienda pública de alquiler asequible, incrementando hasta 1.500 el número de viviendas protegidas anualmente, y garantizando que en las nuevas promociones de viviendas de protección oficial se reserve un 30% de viviendas para jóvenes menores de 35 años y un 10% para personas mayores de 65 años".

En esta línea, la formación de Puigdemont también quiere reclamar al Estado "la cesión de las 3.000 viviendas que tiene la Sareb" para destinarlas precisamente al primer fin.

Junts también quiere ofrecer "incentivos fiscales a los propietarios de viviendas que las alquilen a colectivos vulnerables" y facilitar "que la Administración pueda ser avaladora de la entrada en la compra de una vivienda para los menores de 35 años".

CUP y Comuns, más regulación

Para Comuns Sumar, la formación liderada por Jéssica Albiach, la vivienda es una cuestión clave, y su propuesta está especialmente centrada en luchar contra la especulación y el encarecimiento de los alquileres por el fenómeno de la gentrificación y el turismo masivo.

Por un lado, quiere promover "un parque de vivienda pública de alquiler asequible que permita fijar la población en el territorio y compense el despoblamiento y ciertos procesos gentrificadores". 

Por otro lado, "regular las viviendas de uso turístico y los alquileres de temporada y elaborar un nuevo Plan Director Urbanístico del Pirineo que garantice la construcción de viviendas de primera residencia y frene la especulación de las segundas residencias".

La CUP no se desmarca demasiado de esta voluntad. De entrada, propone crear un Departament exclusivo de vivienda con un presupuesto del 1,5% del PIB "para garantizar a los municipios unas políticas de vivienda con impacto real" y crear un Observatori Català de l'Habitatge.

Los anticapitalistas se comprometen a impulsar una ley catalana de alquiler, a impulsar una ley que prohíba la concesión de licencias de Viviendas de Uso Turístico y a poner en marcha el Pla Independitza't, que busca fomentar la emancipación de los jóvenes. Para hacerlo, sin embargo, creen que es necesario expropiar los 35.000 pisos en manos de grandes tenedores y movilizar los casi 400.000 pisos vacíos.

Finalmente, el programa electoral del PP solo asegura que proporcionará avales de compra y alquiler de vivienda para los jóvenes.