La campaña para las elecciones al Parlament del día 12  ha llegado este viernes al ecuador y, al menos a nivel retórico, ha presentado una novedad importante a nivel de hipotéticos pactos: el cabeza de lista del PSC y favorito en las encuestas, Salvador Illa, ha descartado un acuerdo con Carles Puigdemont, cosa que no había hecho hasta ahora. 

El líder de Junts ya hace días que había vetado una alianza con los socialistas y, de hecho, su apuesta es reeditar un gobierno independentista. Paralelamente, la vivienda y las energías renovables también aparecen en la campaña. En el primer caso, con el compromiso de ERC, CUP y Comuns de aprobar la regulación del alquiler de temporada –validada por el Govern la semana pasada–, pero sin el apoyo de Junts ni del PSC.

Vamos por partes. Con unas encuestas que dibujan un escenario enrevesado y la certeza de que las alianzas serán necesarias para cualquier investidura, no hay día que los hipotéticos pactos no acaparen parte del interés de la campaña. La dinámica se ha mantenido este viernes, el día siguiente a un primer debate televisivo –el de RTVE– donde justamente los pactos protagonizaron algunos de los momentos más significativos.

En una conferencia organizada por la Societat Econòmica Barcelonesa d'Amics del País, el cabeza de lista del PSC ha descartado un pacto con Junts porque tienen "lógicas incompatibles". "Ellos apuestan por el bloqueo, Carles Puigdemont es bloqueo y década perdida, y yo estoy para avanzar", ha subrayado.

Hasta ahora, Illa no había cerrado la puerta a un acuerdo con Puigdemont y ha añadido que tampoco se ve haciendo president a un candidato independentista, pero que a la vez tampoco contempla que el PP lo vote en su hipotética investidura "porque ya se ve qué actitud tiene". Si esto se cumpliera, el abanico de potenciales aliados que ve Illa se reduciría a Comuns y ERC. No sería la primera vez, pero lo que se dice en campaña no tiene mucho que ver con lo que sucede posteriormente.

Quien no excluye un pacto PSC-Junts es la líder de Comuns-Sumar,  Jéssica Albiach, que ha manifestado directamente que después del debate de RTVE tiene "la certeza" de que "Illa está dispuesto a hacer gobierno con Puigdemont".

Albiach mantiene la apuesta por un "gobierno progresista" formado por PSC, ERC y Comuns. Conscientes de que su formación y los socialistas tienen un significativo voto fronterizo y con el temor de que el affaire Sánchez provoque que se decante hacia el partido de Illa, los Comuns están intensificando los últimos días los ataques a un PSC con quien discrepan profundamente en modelo económico y en macroproyectos.

¿Y Puigdemont, qué dice? El expresident y cabeza de lista de Junts ya hace días que descartó un acuerdo con el PSC y manifestó su voluntad de reeditar un Govern independentista. Este viernes ha ido más allá para manifestar que si lidera el ejecutivo los partidos que lo conformen "se tienen que comprometer a un frente común en Madrid".

La réplica la he recibido del president y candidato de ERC, Pere Aragonès, que le ha recordado que en agosto ofreció a Puigdemont coordinar la negociación con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez, y que el líder de Junts "lo declinó".

Aragonès insiste en que él tomó la iniciativa, pero que después del 12M se puede volver a hablar, si Puigdemont lo acepta: "Bienvenida la rectificación".

Vivienda y energías renovable

A medida que avanza la campaña, los diversos partidos también miran de marcar un perfil ideológico con el objetivo de, como mínimo, movilizar a sus electores. Este viernes, por ejemplo, se ha vuelto a visualizar que ERC, la CUP y Comuns conforman las formaciones que se sitúan más a la izquierda del arco parlamentario catalán, puesto que son los únicos que han acudido al llamamiento del Sindicat de Llogateres para comprometerse a tirar adelante con la regulación del alquiler de temporada y de habitaciones.

La normativa la aprobó el Govern la semana pasada, pero necesita el apoyo del Parlament –ahora mismo de la diputación permanente, puesto que la cámara ordinaria está disuelta por la convocatoria electoral– para entrar en vigor. El PSC y Junts, de momento, no lo avalan.

El texto impulsado por el Sindicat dice concretamente que los firmantes se comprometen a aplicar las regulaciones del alquiler de vivienda habitual, también para el alquiler temporal y el de habitaciones, de tal manera que los contratos de estas dos modalidades también se sometan a la regulación de precios.

Además, se especifica la voluntad de evitar los falsos alquileres de temporada. Hace unos días, ERC, CUP y Comuns fueron también los primeros al firmar el pacto antifascista, el compromiso a no pactar con la extrema derecha, sea Vox o Aliança Catalana.

En materia económica, Illa este viernes ha participado en un acto con los principales dirigentes de UGT y CCOO. Se ha limitado a insistir en que si gobierna negociará con los sindicatos para mejorar los servicios públicos y que también quiere contar con ellos para conseguir una mejora de la financiación.

Puigdemont, a su vez, ha reiterado que quiere bajar impuestos, algunos de marcado carácter redistributivo, como el de sucesiones, y ha propuesto crear dos macroconselleries económicas dentro del Govern: una de Economía, Hacienda, Fiscalidad e infraestructuras; y otra de Empresa, Investigación, Trabajo y Universidades "para hacer un cambio de modelo económico".

Finalmente, la CUP también ha llamado la atención con una propuesta diferente sobre energías renovables. En concreto, los anticapitalistas plantean colocar 3,5 millones de placas fotovoltaicas en la AP-7 para avanzar hacia la transición energética. "Este es el macroproyecto que sí que necesita el país", ha defendido su cabeza de lista por Tarragona, Sergi Saladié.

La formación ha hecho un estudio de la propuesta y asegura que representaría multiplicar casi por cuatro la potencia fotovoltaica instalada en Catalunya a finales de 2021 y supondría el equivalente a dos centrales nucleares. En concreto, permitiría producir electricidad equivalente al 4,4% de la demanda eléctrica anual de Catalunya y al 20% del conjunto del centenar de municipios por donde transcurre la autopista. "Son cifras nada despreciables", ha defendido.

Las placas se instalarían en los "espacios colaterales" de la autopista, como los taludes o las estaciones de servicio. La formación ha remarcado que todo ello lo tendría que desplegar la energética pública del Govern y podría ser una realidad "en un máximo de dos años".