La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha rechazado este miércoles retractarse por las declaraciones en las que relacionó el caso de Juana Rivas con el de Anna y Olivia, las dos niñas secuestradas y asesinadas presuntamente por su padre en Tenerife por estar ambos relacionados con la ejecución de la violencia vicaria. 

"Para evitar que los maltratadores sigan asesinando y ejerciendo violencia contra los niños y niñas que son víctimas de violencia de género hay que defender a Juana Rivas", señaló Montero tras el hallazgo del cadáver de Olivia. Por estas palabras, el exmarido de Rivas, Francesco Arcuri, demandó a la ministra.

Arcuri considera a Montero responsable de un delito de injurias y la reclama 80.000 euros por los daños causados. Este miércoles se ha celebrado en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Collado Villalba un acto de conciliación en el que la titular de Igualdad, representada por su letrada y una procuradora, ha reconocido las palabras que profirió y no se ha retractado de las mismas, según ha avanzado Efe.

El abogado de Arcuri, Enrique Zambrano, ha avanzado que redactará en los próximos días una querella que presentará ante el Tribunal Supremo contra la ministra por su condición de aforada. Esta va en la misma línea de la el letrado ya avanzó que interpondría contra el líder de Más País, Iñigo Errejón, por unas supuestas declaraciones "injuriosas o calumniosas" que el político realizó en el Congreso, relacionándole con un posible caso de violencia vicaria.

El indulto a Juana Rivas, en el aire

Después de que la Fiscalía del Supremo se mostrara a favor del indulto parcial a Juana Rivas, el pleno de lo Penal del Tribunal Supremo reunido el pasado día 5 de octubre para decidir sobre esta cuestión levantó la sesión sin acuerdo y  pospuso la decisión a una fecha posterior, pero sin especificar cuándo.

Fuentes consultadas por la Efe, señalaron que existía "división entre los magistrados" del Supremo sobre el indulto y que el magistrado Andrés Palomo, el mismo que redactó la sentencia firme que condenó a Rivas en abril, había puesto sobre la mesa una ponencia que no se llegó a aprobar.

En abril de este año Rivas fue condenada en firme a dos años y medio de prisión, a la retirada de la patria potestad de sus hijos por un plazo de seis años y una indemnización de 12.000 euros para su expareja (cantidad que ya ha pagado). La sentencia, emitida por el Tribunal Supremo, rebajaba a la mitad la pena de prisión pedida por el juzgado de lo penal nº1 de Granada y confirmada por la Audiencia Provincial de la misma ciudad.