La Asociación Española de Víctimas de Testigos de Jehová solicitará una reunión con el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, para pedir que el Gobierno investigue e intervenga ante los "daños" causados por la organización, que han sido reconocidos por una reciente sentencia.

El Juzgado de 1ª Instancia número 6 de Torrejón de Ardoz ha dado la razón a la asociación, formada por más de 200 personas, al reconocerlas como "víctimas" de los daños que han denunciado públicamente desde finales de 2019.

Perjuicios como el ostracismo al que condenan a las personas que deciden abandonar la religión, incluso por parte de los familiares más cercanos, un férreo control de la vida de los fieles o el encubrimiento de delitos como abusos sexuales infantiles cometido en el seno de la organización.

Tras conocer esta sentencia, la asociación ha informado este lunes en una rueda de prensa que solicitará reunirse con el ministro Bolaños para pedirle que revise el estatus de "notorio arraigo" que les fue concedido en 2006 y les permite ciertos beneficios como la exención del IBI.

Acudirán también al Defensor del Pueblo, lanzarán una campaña para recopilar más testimonios y se unirán a la entrega de 300.000 firmas recogidas por RedUNE para reclamar una ley contra la "persuasión coercitiva".

Demandas cruzadas

El letrado de la asociación, Carlos Bardavío, ha apuntado que la reciente sentencia abre la vía a que particulares puedan tomar acciones legales contra la organización religiosa para reclamar indemnizaciones por los daños causados y ha animado a todas las víctimas a denunciar.

Los Testigos de Jehová han interpuesto cuatro demandas en total contra la asociación o alguno de sus miembros y hace un mes y medio otro juez falló sobre otra de ellas, en un sentido diferente.

Estimó parcialmente la demanda contra el secretario de la Asociación Española de Victimas de los Testigos de Jehová, Enrique Carmona, y le condenó a 5.000 euros por referirse a la organización como una "secta peligrosa".

Las dos resoluciones han sido recurridas, por lo que será la Audiencia Provincial de Madrid la próxima en pronunciarse sobre esta cuestión: "La lógica triunfará", ha vaticinado el letrado.

Durante su comparecencia ante los medios, Bardavío ha asegurado que la Fiscalía General del Estado y los partidos políticos tienen la "obligación jurídica" de investigar e intervenir lo que está pasando dentro de la religión y ha puesto como ejemplo la alta tasa de suicidios entre los fieles y exadeptos o las mujeres que sufren violencia de género y son disuadidas de denunciar.

El presidente de la asociación, Israel Flórez, ha puesto como ejemplo su historia y ha relatado haber perdido a su hermana y a su hijo por esta religión y el contacto con familiares tan cercanos como su padre cuando abandonó la confesión y denunció, entre otras cosas, los abusos sexuales que sufrió cuando era niño.