El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha avanzado hoy una reforma de la ley de protección a las víctimas del terrorismo de 2011 para, entre otras mejoras, ampliar las ayudas a los hijos de las víctimas que eran menores en el momento en que ocurrió el atentado. Marlaska también ha anunciado toda una batería de medidas que suponen la aplicación del Pacto de Estado contra la violencia de Género, tales como el tratamiento integral y especializado de las víctimas de violencia machista o el avance en la coordinación del seguimiento de las mismas.

En su primera comparecencia en la comisión de Interior del Congreso para presentar las líneas generales de su departamento a los diputados, el ministro ha explicado que existe ya una propuesta para "profundizar" en la mejora de los derechos de las víctimas del terrorismo. 

Después de siete años de vigencia "es el momento adecuado para realizar un balance y evaluar su aplicación", ha dicho el ministro antes de proponer una modificación de la norma "con el consenso de las víctimas" para mejorar sus derechos. Una de estas iniciativas está dirigida a los hijos que eran menores en el momento del atentado a su progenitor y que sufren secuelas psicológicas como consecuencia del asesinato de su padre o madre.

Marlaska también ha anunciado durante su intervención su intención de incluir en los presupuestos generales de 2019 la actualización de las pensiones mínimas de las víctimas que no han cotizado y que se calculan según el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), un baremo que ha estado congelado desde 2010 a 2017.

En su discurso el titular de Interior no ha abordado el acercamiento de los presos de ETA y ha destacado como líneas estratégicas ante el terrorismo de la banda "trabajar por la justicia y contra la impunidad", afrontar el "gran reto" de la "plena" deslegitimación del terrorismo e impulsar la investigación policial sobre los documentos cedidos por Francia en febrero.

"Construir el relato de 50 años de terrorismo etarra y de un terrorismo yihadista en apogeo es una deuda que tienen las instituciones públicas y toda la sociedad con las víctimas", ha concluido.