La aprobación de la ley de Memoria Democrática en el seno del Gobierno se vuelve a retrasar. El motivo: el cambio de carteras en el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, que hasta el pasado sábado lo ostentaba la que también era vicepresidenta primera, Carmen Calvo, en el marco de la remodelación del Ejecutivo acometida por Pedro Sánchez.

La previsión era aprobar este martes el proyecto de ley para remitirlo ya al Congreso, pero el nuevo ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, que ha prometido este lunes su cargo, ha decidido retrasar la aprobación de la norma para "leerla y prepararla", según explican a este medio fuentes del entorno del que hasta ahora había sido secretario de Presidencia.

No obstante, la medida estrella del departamento recibirá previsiblemente el visto bueno (en segunda vuelta) por parte del Gobierno antes de las vacaciones de verano, tal como han confirmado estas fuentes, siendo el 3 de agosto el último Consejo de Ministros antes del parón estival.

Una nueva demora

La ley tendrá que volver a esperar en la recámara. Toda vez que tenga luz verde, su tramitación en las Cortes no se prevé fácil ni breve ya que, hasta la fecha, el borrador no cuenta con el apoyo de las asociaciones memorialistas ni de los grupos que necesita el Gobierno para sacarla adelante en el Congreso, como ERC y EH Bildu. Podemos también la ve "insuficiente" y confía en que se pueda mejorar durante su trámite parlamentario.

El proyecto de la nueva ley de Memoria pilotado por Carmen Calvo y el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, ha sufrido una gran demora con respecto al plan inicialmente establecido. De esta forma, pandemia mediante, el Consejo de Ministros aprobó en septiembre de 2020 el anteproyecto de la ley, una norma que tiene como premisa revertir el olvido y el silenciamiento de las víctimas del golpe de Estado, la Guerra de España y la dictadura franquista.

La norma obliga al Estado a asumir la búsqueda de las personas desaparecidas durante la guerra y la dictadura, crea un Banco Nacional de ADN de Víctimas, crea la Fiscalía de Sala para la investigación de los delitos cometidos durante aquellas décadas, y contempla la figura del enaltecimiento del franquismo y la prohibición de las entidades que lo ensalcen, como la Fundación Francisco Franco.

Sobre esto último, tal como señaló Calvo la semana pasada durante su participación en Los Desayunos de Europa Press, el Gobierno incorporará modificaciones en el proyecto de ley para sortear las críticas plasmadas en el informe consultivo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Y es que, en junio de este año, el pleno de este órgano rechazó medidas como el cierre de organizaciones profranquistas o la prohibición de actos públicos que hagan apología del franquismo bajo el argumento de que están amparadas por la libertad de expresión, siempre que no humillen a las víctimas.

"Lo que dice el informe, que agradecemos mucho, es que hay que hacerlo por otra vía, pues lo hacemos por otra vía y ya está", aclaró Calvo en unas declaraciones recogidas por Europa Press. En esta línea, añadió que el texto rechazará el enaltecimiento de "cualquier totalitarismo", lo que en España se debe traducir en el enaltecimiento de la dictadura franquista.

ERC y EH Bildu descartan apoyarla "tal como está"

Pese a la nueva demora en su aprobación, desde el departamento que dirige Bolaños se descartan grandes modificaciones con respecto al texto "muy avanzado" que iba a ser avalado este martes. De este modo, al menos ERC y EH Bildu, socios parlamentarios del Gobierno y necesarios para la aprobación de la ley, descartan apoyarla "tal como está".

En este sentido, ambos grupos consideran que la nueva ley de Memoria sigue negando la Justicia para "todas las víctimas" debido a la aplicación de la Ley de Amnistía y la prescripción penal para los crímenes del franquismo. Asimismo, la redacción actual de la norma "se queda corta, ya que su búsqueda de la verdad sigue siendo parcial, interesada, excluyente y no inclusiva, debido a la Ley de Secretos Oficiales franquista".

Además, en la línea de lo que sostienen las entidades memorialistas, EH Bildu alega que la reparación contemplada en el borrador es de carácter "simbólico-administrativo", y no da una "satisfacción integral" a las víctimas del terrorismo de Estado. El Grupo Republicano añade que tampoco "repara figuras" como la del anarquista Salvador Puig Antich, uno de los últimos ejecutados por el régimen franquista. 

Por otra parte, para Podemos, aunque la norma sea un "avance" en el reconocimiento a las víctimas del franquismo, sigue siendo "insuficiente", ya que, en palabras de la portavoz de la formación morada, Isa Serra, "no se recogen todas las demandas de las organizaciones". Por ello, confían en que la ley se mejore durante su andadura en el Parlamento.