La exhumación de la mina Terría en el término municipal de Valencia de Alcántara (Cáceres) ha descubierto los restos de, al menos, 48 personas que entre los meses de agosto y diciembre de 1936 fueron sacadas de sus casas o de la cárcel y trasladadas al paraje de dicha mina para ser ejecutadas.

Se trata de vecinos de distintas poblaciones como Valencia de Alcántara, Cedillo, Membrío o Herrera de Alcántara que, 82 años después de que fueran ejecutados, podrán ser identificados y entregados a sus familiares gracias al proyecto promovido por el Ayuntamiento de Valencia de Alcántara y la Diputación de Cáceres.

La presidenta de la Diputación de Cáceres, Rosario Cordero, y el alcalde de Valencia de Alcántara, Alberto Piris, han dado a conocer este lunes los resultados de este proyecto en un acto en el que también han estado presentes la Universidad de Extremadura (UEx), con Julián Chaves, figura clave en las investigaciones sobre las víctimas de la Guerra Civil y del Franquismo.

También ha participado la Agrupación de Familiares con la presencia de Conchita Viera, hija del que fuera alcalde republicano Amado Viera Amores, y que ha luchado durante las últimas décadas para que la búsqueda, tanto de su padre como del resto de víctimas sepultadas en la mina, no cayera en el olvido.

Igualmente se ha podido escuchar la voz de Toñi Perera, nieta del también ejecutado Pedro Perera, presidente de la Casa del Pueblo de Valencia de Alcántara, y la directora del proyecto Laura Muñoz Encinar, que ha explicado los pormenores técnicos de un proyecto que puede ser considerado como "el más difícil y complejo abordado hasta la fecha en España".

Cordero ha dicho que la recuperación y dignificación de las víctimas del Franquismo "es una obligación humanitaria" que las administraciones deben llevar a cabo para "promover la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las personas que padecieron persecución o violencia, por razones políticas, durante la Guerra Civil y la dictadura".

Así, para este proyecto la diputación cacereña ha aportado 40.000 euros con los que se han financiado los gastos de las excavaciones, exhumación y reinhumación de los restos.

El alcalde de Valencia de Alcántara, Alberto Piris, ha destacado la importancia de este proyecto no solo para las familias de la localidad, sino de toda la comarca porque en un principio se pensaba que podrían encontrarse los cuerpos de 14 personas, y finalmente han aparecido, al menos, los restos de 48.

"Con este proyecto estamos recuperando una parte muy importante de la historia de toda una comarca que durante años ha permanecido enterrada en el silencio y, además, nos ha permitido arrojar luz sobre nuestro pasado traumático más reciente", ha dicho el regidor.

Asimismo, Laura Muñoz, directora del proyecto, ha explicado que el equipo de investigación realizó en primer lugar un trabajo de documentación y recogida de datos, entre ellos las identidades de los represaliados durante la Guerra Civil y el Franquismo que pudieran estar enterrados en dicha mina. El listado de víctimas estaba compuesto por vecinos de Valencia de Alcántara, junto a represaliados de otros municipios de la Mancomunidad de Sierra de San Pedro como Cedillo, Membrío o Herrera de Alcántara.

"Durante esta etapa de la investigación -ha añadido-, documentamos también las condiciones en las que se produjeron las detenciones. Al mismo tiempo, solicitamos la ayuda y colaboración de los familiares para que nos proporcionasen datos relativos a los desaparecidos, tanto de carácter antropológico: estatura, edad, peso, patologías, etc, así como otros datos de interés que pudieran ser de ayuda en la identificación para las víctimas tales como vestimenta u objetos personales".

Las tareas de campo se iniciaron a finales del mes de noviembre de 2017 y la primera fase de intervención se desarrolló entre los días 27 de noviembre y 17 de diciembre de 2017, que estuvo centrada en la instalación y acondicionamiento del área de intervención, apertura, valoración técnica del pozo y desescombro.

"El mayor problema que nos encontramos en la mina Terría ha sido el agua ya que este proyecto es el primero que se ha realizado en un pozo con agua, presentándose como un enorme reto hasta el momento nunca abordado por ningún equipo técnico en todo el Estado", ha dicho la directora.

Evidencia de muerte violenta

Los primeros restos humanos que confirmaban la presencia de los cuerpos en el interior del pozo aparecieron a 25 metros de profundidad donde la superficie del pozo se reducía significativamente y media 2,5 metros de largo por 1,5 metros de ancho y pertenecen a un número mínimo de 48 individuos de distintas edades, desde individuos juveniles hasta personas de edades avanzadas.

"Además, los restos muestran claras evidencias de muerte violenta, como son orificios e impactos de bala, tanto en los cráneos como en otras partes anatómicas", ha explicado la directora del proyecto.

Una vez finalizado el trabajo de campo los restos han sido trasladados a la Universidad de Extremadura (UEx), donde serán analizados en los próximos meses en un laboratorio acondicionado para tal efecto. A partir de ahora, y previsiblemente a lo largo de un año, el trabajo estará centrado en el análisis y estudio de los restos obtenidos de la excavación.

"Nos queda mucho trabajo por hacer, tanto en el análisis de los restos como respecto a las posibles identificaciones. No obstante, podemos afirmar que hemos dado respuesta a una de las principales demandas de los familiares de víctimas de represión en la provincia de Cáceres", concluye Laura Muñoz.

Agradecimientos de los familiares

El acto ha concluido con las intervenciones de dos familiares de algunos de los fusilados, como la hija del ex alcalde republicano de Valencia de Alcántara, Conchita Viera, quien agradeció a todas las instituciones, agentes sociales, asociaciones y empresarios que han colaborado en esta exhumación.

"Agradezco a los que habéis hecho posible que, tras ochenta y dos años, se haya podido realizar la prospección de la mina donde mi padre y otros muchos fueron arrojados, sin símbolos externos, sin cruces y silenciados, pero ellos, en medio del agua y del lodo formaron su propia cruz", ha dicho.

También Toñi Perera recordó a su abuelo, al que se lo llevaron un 24 de agosto de 1936 y fusilaron el 26 de agosto. "Durante mucho tiempo mi padre y mi abuela lo buscaron sin descanso. Con este acto ahora solo se pretende tratar de devolver a la memoria colectiva que aquellos que fueron asesinados solo lo fueron por soñar con un mundo más justo, pero su dignidad nunca la perdieron y su recuerdo nunca se borrará de nuestra memoria", ha concluido.