Los nietos de los represaliados por el bando golpista y después por el franquismo ya han cumplido los 50 y los 60 años. En el colectivo de familias que llevan desde 2007 reclamando la exhumación de sus seres queridos del Valle de los Caídos o Cuelgamuros, como vuelve a llamarse ahora, ya hay biznietos que han relevado a sus padres y que pelean junto a algún hijo centenario de fusilados para que Patrimonio Nacional rescate de una vez por todas a sus seres queridos de la monstruosidad del mausoleo franquista. 

El Tribunal Supremo ha tumbado esta semana el último escollo para que se pueda exhumar a los hermanos Lapeña al rechazar dos recursos de entidades franquistas. La exhumación de los Lapeña  fue reconocida en una sentencia pionera en mayo de 2016, cuando un juez de San Lorenzo de El Escorial autorizó la exhumación de Manuel y Antonio Ramiro Lapeña, asesinados en Calatayud (Zaragoza) en agosto y octubre de 1936 y trasladados al Valle de los Caídos en 1959 sin permiso de sus familias. 

El laberinto burocrático que ha seguido a la histórica sentencia y que ha provocado que aún no se haya procedido a las exhumaciones ha desalentado a las familias. 117 de ellas tienen reconocido por Patrimonio Nacional el derecho a la exhumación de sus seres queridos, pero en estos siete años han muerto muchos de los hijos que se criaron sin sus padres debido a la represión franquista y a los que negaron el derecho a llevarles flores a una tumba digna.

La Asociación de Familiares pro Exhumación de los Republicanos del Valle ha perdido a seis de estos hijos, ya nonagenarios. Y hace unos meses murió el impulsor del proyecto, Miguel Ángel Capapé, yerno de Manuel Lapeña, hijo y sobrino de los hermanos Lapeña, que a su vez falleció a los 97 años en septiembre de 2021. 

Puri Lapeña, una nieta que sigue esperando justicia

Puri Lapeña, pareja de Capapé e hija de Manuel, está en horas bajas pese a la buena noticia que llega del Supremo. "Es una vergüenza porque llevamos siete años esperando, con la luz verde reconocida. Yo ya sabía que los franquistas no lo iban a poner fácil, siempre están poniendo trabas para alargar el momento de sacar a los nuestros del Valle. Ha muerto mi padre; mi madre, cuyo padre también fue asesinado y jamás apareció; ha muerto mi marido sin ver cumplida la sentencia que nos daba la razón. Los nietos somos ya mayores, yo tengo 65 años. Aún no me fío, las buenas noticias hay que cogerlas con cautela en este país", cuenta Puri Lapeña a Público.

Joan Pinyol: "Abuelo, te sacaré de allí"

De niño, el escritor Joan Pinyol llevaba flores a una fosa vacía del Cementerio de Lleida creyendo que allí estaban los restos de su abuelo. Muchos años después, en 2008, se enteró de que en 1965, por orden de las autoridades franquistas, los restos de su abuelo y de otros 500 represaliados de Lleida habían sido llevados a Cuelgamuros. 

El abuelo, Juan Colom Solé, de 40 años, padre de tres hijos, fue "obligado a participar en la guerra", reclutado por el gobierno de la República en marzo de 1939 para combatir hasta el final contra los sublevados. Colom fue hecho prisionero y trasladado a un campo de concentración en Lleida, donde murió de tifus por las pésimas condiciones de vida. 

La madre de Joan tiene 92 años, es hija de Juan Colom Solé. "Está muy esperanzada, vive con esa ilusión de tener a su padre en una sepultura digna, cerca de ella. La pena es que su hermana, mi tía, murió hace dos años. Todo lo que pudimos hacer nosotros por reivindicar las exhumaciones ya lo hemos hecho, ahora le toca al Estado", dice Joan Pinyol, que en 2019 publicó un libro sobre la memoria republicana en Cuelgamuros, Abuelo, te sacaré de allí.

Paco Cansado:  "Mi padre tiene 92, mi tío, 100"

Paco Cansado Blesa, de 61 años, lucha para la exhumación de su abuelo y de su tío abuelo, los hermanos Cansado Lamata, que formaban parte de los 'doce de Ateca', en referencia a los once concejales del ayuntamiento de aquella localidad zaragozana "más el hermano de mi abuelo, que por preguntar por él a los falangistas lo cogieron a él también y los fusilaron a todos juntos", explica Paco a este diario.  

"Mi abuelo era concejal y trabajador del campo. Cuando el golpe del 18 de julio cogieron a toda la corporación y se los llevaron a la Cárcel de Calatayud, al fuerte, como lo llamaban. Los fusilaron y los metieron en una fosa común en el municipio de Morata de Jalón. De allí se los llevaron sin avisar en 1959 para el Valle. Sabemos que están todos juntos en la misma caja", dice Paco Cansado. 

Cansado es uno de los activistas más emblemáticos. "Esperemos que Patrimonio Nacional nos avise cuando comiencen las exhumaciones. Entiendo que cuando abran las cajas nos tendrán que avisar para ir. Ojalá no tarden porque mi padre tiene 92 años y mi tío, 100. Yo creo que siguen vivo para ver cómo llevamos a su padre a Ateca y le enterramos dignamente", indica Paco, que considera que los 'doce de Ateca' deben seguir juntos y ser enterrados colectivamente en su pueblo natal. 

Rosa Gil: el abuelo reclutado por los sublevados

El caso de Rosa Gil no desentona de los anteriores, aunque su abuelo fuera reclutado por el bando golpista y pereciera bajo fuego republicano. Su familia exige la exhumación del abuelo, Pedro Gil Calonge, "por habérselo llevado sin permiso de la familia al Valle de los Caídos". 

"Tuvo la suerte de que cuando fue herido lo llevaron al Hospital Militar de Zaragoza, donde murió, y al llevar documentación, fue enterrado e inscrito en el Cementerio de Torrero (Zaragoza)". Allí pensaba Rosa y su padre que yacía el abuelo hasta que en una visita al cementerio comprobaron que en el registro constaba las iniciales VC [por Valle de los Caídos] y les explicaron que en 1961 lo trasladaron a Cuelgamuros. 

"Nos quedamos helados. Recuerdo que mi padre exclamó: "¿Quién era Franco para sacar a mi padre de aquí?" El padre de Rosa falleció hace poco, el pasado 30 de febrero. "Su ilusión, y así se va a hacer, es llevar a mi abuelo a Tajahuerce (Soria), su pueblo, y lo enterraremos junto a él", cuenta esta mujer, que pide "humanidad" para con las víctimas que yacen en Cuelgamuros en referencia a que se acaben por fin las trabas a las exhumaciones. 

La Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, de la órbita franquista, ha anunciado que recurrirá al Tribunal Constitucional para frenar las exhumaciones. El dictador llenó el mausoleo con los restos de más de 33.000 personas de ambos bandos de la guerra civil, la mayoría corresponden al bando franquista. Unas 12.500 personas, republicanas, no están identificadas y su traslado a las criptas del Valle no contó con la autorización de sus familias. 

Silvia Navarro: "Es un fracaso de la democracia"

Silvia Navarro es la presidenta de la Asociación de Familiares pro Exhumación de los Republicanos del Valle. "Comencé en esta búsqueda junto a mi madre, que quería saber qué fue de su tío, José Antonio Marco Viedma, industrial de Calatayud al que un grupo de falangistas sacó de su casa una noche y al que no vieron más". 

Silvia explica que el tío era soltero, masón, y dirigía el negocio familiar. En agosto de 1936 las fuerzas sublevadas lo habían secuestrado dos veces y reclamado 25.000 pesetas, la mitad de lo que estaba valorada la fábrica, y joyas de la familia. Y un mes después llegó el secuestro definitivo que le llevó al paredón. "La familia averigua que lo asesinaron en las tapias del cementerio de Calatayud junto con 15 personas más y que lo entierran en las llamadas 'fosillas', donde llegó a haber unas 200 personas", dice Silvia Navarro. 

El periplo de José Antonio Marco hasta el mausoleo franquista es idéntico al del resto de víctimas, es decir, sin pedir permiso a las familias. "Fue la segunda desaparición de nuestros seres queridos: primero, enterrarles sin nombre en fosas comunes y luego llevarlos a escondidas al Valle", dice Silvia, que advierte de que "ya vamos quedando solo los nietos, incluso hay dos biznietas en nuestra asociación. El tiempo corre. Es muy injusto y un fracaso de la democracia que los hijos de los represaliados mueran sin poder rescatar a sus padres de la que fue la tumba de Franco".