El exjuez Salvador Alba, que cumple en la actualidad condena por prevaricación por maniobrar contra la magistrada Victoria Rosell, exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género, y que ha sido expulsado de la carrera judicial, continúa desde la cárcel su particular venganza contra Rosell y su entorno.

Una jueza de Madrid, María Ángeles Velázquez, titular del Juzgado de Instrucción 27 de Madrid, ha decretado la apertura del juicio oral contra el periodista Carlos Sosa, pareja de Victoria Rosell y director del digital Canarias Ahora, vinculado a elDiario.es, por la querella presentada en junio de 2022 por Alba y su pareja. Ambos acusan a Sosa de los delitos de odio, acoso y revelación de secretos; y le impone una fianza de 422.500 euros, la misma cantidad que solicitaba el exjuez Alba en su escrito de acusación, en el que pide 23 años para el periodista. 

Salvador Alba fundamenta su querella en que el director de Canarias Ahora lleva años acosándole y difamándole, según fuentes conocedoras de la querella, refiriéndose a las noticias que publicó Sosa sobre el procedimiento penal que acabó con la condena de seis años al exjuez por prevaricar. Asegura que las noticias publicadas atentaron contra su intimidad, al revelar datos médicos y otros íntimos que llegaron a afectar a su hija.

El Ministerio Fiscal no ve delitos en el proceder informativo del periodista y niega que los datos publicados puedan afectar a la intimidad de Alba y de su familia. Para la Fiscalía, Sosa ejerció el "ejercicio legítimo de su derecho fundamental a la libertad de información",  ya que se difundieron noticias "de relevancia pública" con datos que "atañen exclusivamente a los hechos noticiables". 

Las asociaciones de prensa apoyan a Sosa

La Asociación de Periodistas de Investigación (API) y la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) manifiestan su "rechazo absoluto" a la decisión del Juzgado de Instrucción número 27 de Madrid de abrir juicio oral e imponer una fianza de más de 422.000 euros al periodista Carlos Sosa, socio de la API y de la Asociación
de la Prensa de Las Palmas, que también ha manifestado su repulsa. 

La API y la FAPE  advierten del riesgo que supone la resolución judicial para la libertad de información, ante "la falta de ponderación entre el
derecho a informar libremente y el amparo a una acusación por delitos de revelación de secretos, odio y acoso, así como que una jueza pueda imponer una fianza tan elevada, en contra del criterio de la Fiscalía".

Esto supone una manera de "asfixiar económicamente a un medio y a un periodista que han desarrollado de forma legítima y veraz su labor
periodística, tal y como marca la Constitución Española". 

El juicio de Carlos Sosa, pendiente de fecha, evidencia que el llamado caso Alba, sobre los delitos cometidos por Salvador Alba en el ejercicio de su labor jurisdiccional contra Victoria Rosell, no ha acabado, pese a llevar el exjuez en la cárcel desde el 18 de octubre de 2022, tras un largo periodo de dilaciones al invocar el condenado motivos de salud. 

Cronología de un acoso judicial

En 2015, la jueza Victoria Rosell se tomó una excedencia para ocupar un puesto representativo en Podemos. En este momento el juez Salvador Alba la sustituyó en el Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas por petición propia y tomó las riendas de una causa llevada por Rosell contra el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, en la que se investigaban delitos contra la Hacienda Pública como administrador de Seguridad Integral Canaria (SIC) en los ejercicios de 2008 y 2009. 

El PP, encabezado en aquel momento en Canarias por el exministro de Industria José Manuel Soria, apenas superó a Podemos por 9.000 votos en las elecciones de 2015. Fue una campaña tensa en la que Rosell acusó públicamente a Soria de "estar detrás" de una denuncia anónima que hizo que la Fiscalía la investigara por, supuestamente, ralentizar una investigación contra Miguel Ángel Ramírez, que a su vez había comprado una emisora de radio a la empresa de Carlos Sosa, pareja de Rosell. 

La sombra del exministro Soria

José Manuel Soria se querelló entonces contra Rosell por injurias y calumnias, pero el caso se archivó. Las actuaciones de la Fiscalía también cayeron en saco roto después de varios recursos de Rosell en los que se le dio la razón. 

En febrero de 2016, Soria presentó otra querella contra Rosell por delitos más graves, como prevaricación, cohecho y retraso malicioso en la Administración de Justicia también por el mismo caso, el que investigaba al empresario Miguel Ángel Ramírez. Fue admitida a trámite y derivada al Tribunal Supremo, ya que Rosell era diputada. En 2016, siguiendo el código ético de Podemos, decidió no concurrir a la nueva cita electoral y diferentes medios comenzaban a hacerse eco de sus supuestas irregularidades. 

La reunión ilegal

En marzo de 2016, Alba citó a Ramírez a una reunión en su despacho. En ella trataron sobre la posibilidad de vincular al propio Ramírez con Carlos Sosa, periodista y pareja de Rosell, para dar por acreditada su parcialidad como jueza. El trato al que ambos llegaron fue que Ramírez proporcionaría información falsa sobre Carlos Sosa y a cambio el juez Alba acabaría archivando la investigación en su contra.

Pero Ramírez había grabado esa conversación privada y la grabación serviría tiempo después para la condena de Salvador Alba.

En abril de 2016, Victoria Rosell dimitió de su puesto en la Diputación Permanente del Congreso tras la disolución de las Cortes. Tampoco repitió como cabeza de lista de Podemos por Gran Canaria. La falsa corrupción de Rosell había copado las portadas de grandes medios, en especial en El Mundo, que nunca dio la misma visibilidad a las informaciones sobre el montaje realizado por el juez Alba. 

Un juez condenado

En mayo de 2016, el juez Alba dejó el juzgado desde el que había urdido  la trama contra Rosell. La plaza recayó en la magistrada Carla Vallejo. El objetivo de Alba ya se había cumplido: Rosell estaba fuera de juego. 

Pocos días después de la salida de Alba del Juzgado de Instrucción Número 8, Miguel Ángel Ramírez entregó a la nueva titular, Carla Vallejo, la grabación de la reunión entre él y el juez Alba. Ese mismo día, el audio se publicó en varios medios. La jueza apreció indicios de delito y elevó el caso al TSJ de Canarias, que abrió diligencias contra Salvador Alba. 

El 10 de septiembre de 2019, el TSJC condenó a Salvador Alba por prevaricación, cohecho y falsedad a seis años y medio de prisión y 18 años de inhabilitación. El Supremo confirmó en 2021 la sentencia, que lo expulsaba de la carrera judicial. El Ministerio de Justicia reclamó al condenado los 80.000 euros que había cobrado desde que fue suspendido como juez.