El varapalo del Tribunal Constitucional al Gobierno a raíz de su amnistía fiscal inconstitucional a golpe de decreto ley es sólo la última de las polémicas que afectan al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. PSOE y Podemos ya han exigido su dimisión, el partido de Pedro Sánchez plantea votar su reprobación en el Congreso de los Diputados este mismo mes, e incluso Ciudadanos pide al Gobierno "responsabilidades políticas", aunque sin poner en cuestión la continuidad del ministro.

Por no reconocer, Montoro ni siquiera aceptaba llamar a la amnistía fiscal por su nombre -"Es una regularización de rentas y de activos. No hay ninguna amnistía fiscal", afirmaba-, en la misma jornada en que el ministro de Economía, Luis de Guindos, sí se refería a esta medida con la denominación que le corresponde -abril de 2012-.

Tras los dimitidos José Manuel Soria y José Ignacio Wert -titulares de Industria y Educación, respectivamente-, Montoro está en el ránking de los ministros que han protagonizado más broncas y polémicas. La de la amnistía a las que se acogieron cerca de 32.000 evasores fiscales -entre ellos Luis Bárcenas, Rodrigo Rato, Francisco Granados o Jordi Pujol, aunque sólo se conocen 62- es la guinda del pastel Montoro, que en dos semanas podría convertirse en el segundo ministro en activo de Rajoy en ser reprobado por el Congreso.

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro /EUROPA PRESS

Su ofensiva contra el Ayuntamiento de Madrid: Esta semana se conocía que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo que el Consistorio que dirige Manuela Carmena presentó el 29 de mayo contra Hacienda, después de que el Ministerio rechazara su Plan Económico-Financiero, y en respuesta los Acuerdos de No Disponibilidad que le requiere el departamento de Montoro. Previsiblemente, el Tribunal se pronunciará pronto sobre las medidas cautelares solicitadas por el Gobierno de Ahora Madrid, que ha denunciando que la actuación de Montoro le coloca en situación de "indefensión".

Aguirre pidió su cabeza por la filtración de su declaración de la renta. La tres veces dimitida Esperanza Aguirre, exportavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, ha repetido con insistencia que el titular de Hacienda debería asumir responsabilidades por la filtración de la declaración de la renta de la exlideresa escasos días antes de las elecciones del 24 de mayo de 2015, cuando Manuela Carmena accedió al Gobierno.

El pasado año, en una entrevista con El Español, la exlideresa pedía a Montoro que dimitiera, como ella había hecho un par de meses antes (segunda renuncia), cuando dejó su cargo como presidenta del PP de Madrid. “Montoro tiene que dimitir por las filtraciones igual que yo dimití por la corrupción. No soy corrupta, pero fui responsable in vigilando de lo que sucedía en el PP de Madrid". El ministro de Hacienda también se granjeó la ira del expresidente del Gobierno, José María Aznar, cuando salió a la luz que la Agencia Tributaria le había realizado una comprobación fiscal. Aznar prometió que denunciaría ante la Fiscalía General del Estado la publicación de sus datos fiscales.

La rebelión de las autonomías por el objetivo de déficit. La mayoría de gobiernos autonómicos, de distintos colores políticos, se rebelaron el 14 de abril de 2016 contra la intención del Ejecutivo central de que presentaran planes de ajuste con una contención de gasto acorde con las expectativas de la Administración Rajoy. Tras mantener una tensa reunión con estos gobiernos, Montoro anunció la apertura de reuniones bilaterales para ayudar a las comunidades a "interpretar" las medidas que les habían sido impuestas. En agosto de ese mismo año, Madrid, Catalunya, el País Valencià, Baleares y Castilla-La Mancha elevaron el tono con Hacienda y le exigieron información sobre el techo de gasto, para poder cuadrar sus previsiones de cara al próximo año, cansadas de esperar las cifras del Ejecutivo, que no llegaban.

Sólo ha cumplido con el déficit una vez en cinco años. En 2016 el Gobierno de Rajoy cumplió por primera vez en cinco años -y por primera vez desde el arranque de la crisis- el objetivo de déficit impuesto por Bruselas. En abril de este año, y después de que lo avanzaran tanto el presidente del Gobierno como el ministro de Economía, Montoro afirmó que el déficit estaría cerca del 4,3%, sin contar con las ayudas a la banca, con las que subía hasta el límite, 4,6%.

La resaca de sus alusiones a la "borrachera del gasto público" en la crisis. El pasado 3 de mayo, en su defensa del proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado, en el Congreso, Montoro cosechó varias críticas por parte de la oposición con su frase estrella del día:"Venimos de una crisis por una borrachera de gasto público y algunos ya quieren irse de copas". PSOE y Unidos Podemos fueron especialmente duros: "Para borrachera, la que se ha pegado el PP con la corrupción", respondió la portavoz parlamentaria de Unidos Podemos, Irene Montero. El portavoz de Economía del PSOE, Pedro Saura, afirmó que "cuando el PP habla, se retrata", y equiparó a Montoro con el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, que hace un par de meses cosechó un aluvión de críticas al asegurar, en alusión a los países europeos del Sur, España incluida: "No puedo gastarme todo mi dinero en licor y mujeres y a continuación pedir ayuda".

Su guerra contra los actores: "No pagan impuestos en España". En 2013, y tras la subida del IVA a la Cultura, Montoro logró enfadar a los actores españoles, al acusarles de no pagar impuestos. "Nosotros no hemos tenido aquí nuestro [Gérard] Depardieu, no ha hecho falta porque algunos de nuestros famosos actores no pagan impuestos en España". Lejos de enmendar el error, en una entrevista afirmó que los problemas del cine español no estaban tan relacionados con los impuestos, como con "la calidad de las películas". "Si atendemos al número de espectadores y lo que se ha recaudado en taquilla con las películas españolas, vemos que hay caídas bastante significativas desde el año 2008. Por lo tanto, los problemas del cine no tienen que ver solo con el número y la cantidad de las subvenciones"

Una contrarreforma fiscal electoralista que benefició a ricos y grandes empresas. En junio de 2014, año y medio antes de las elecciones, y después de haber subido impuestos a su llegada al Gobierno, Montoro anunció una reforma fiscal que revertía parte de los efectos de la norma anterior. Entre ellas incluyó una rebaja del IRPF en dos tramos, en 2015 y 2016 -el año de las elecciones-. Los más ricos pasaron de tener un tipo del 52% a otro del 45%, y quienes tenían rentas de menos de 12.450 euros pasaron del 24,75% al 19%. No se eliminaron bonificaciones, y los ciudadanos con bases imponibles superiores a los 175.000 euros se situaron entre los más favorecidos.