Madrid
Actualizado:El coordinador general de IU y portavoz de Hacienda de Unidos Podemos, Alberto Garzón, ve "incomprensible" que el Tribunal Constitucional haya anulado la 'amnistía fiscal' que, a su juicio, el Gobierno de Mariano Rajoy hizo "para beneficio de sus amiguetes", pero que "no pase nada".
En una serie de 'tuits', que recoge Europa Press, Garzón celebra que el Alto Tribunal haya declarado por unanimidad la inconstitucionalidad de la 'amnistía fiscal' aprobada por el Gobierno en 2012, una ley que, en palabras del diputado de Unidos Podemos, fue "un regalo a delincuentes".
Sin embargo, ha lamentado que la decisión del Constitucional "no tenga efecto" sobre "el negocio redondo" que hicieron los "delincuentes" que se acogieron a la amnistía, entre ellos los Pujol, el extesorero del PP Luis Bárcenas, el exsecretario general del PP en Madrid Francisco Granados o el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato.
"El Gobierno puede hacer una ley anticonstitucional para beneficio de amiguetes que no pasa nada. A los 5 años un titular feo y listo", reza uno de los comentarios que Garzón ha 'colgado' en su perfil de Twitter, en los que también ironiza con "la gran rapidez" del TC en dictaminar alto "tan evidente".
Moraleja: Gobierno puede hacer ley anticonstitucional para beneficio de amiguetes que no pasa nada. A los 5 años un titular “feo“ y listo.
— Alberto Garzón (@agarzon) 8 de junio de 2017
El PSOE exige responsabilidades políticas a Montoro
El PSOE considera que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, debe asumir "responsabilidades políticas" después de que el Tribunal Constitucional haya declarado nula la 'amnistía fiscal' aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012.
Así lo avanzan desde el Grupo Socialista, cuyo recurso ha sido estimado por el Alto Tribunal, que ha adoptado su decisión por unanimidad, aunque ésta no tendrá efecto sobre los expedientes de aquellos contribuyentes que ya han regularizado su situación con Hacienda.
En su recurso los socialistas argumentaban que esta normativa favorecía a los defraudadores al permitirles regularizar su situación fiscal con un pago del 10 por ciento del valor de los bienes aflorados (para rentas superiores a 100.000 euros), mientras que los contribuyentes cumplidores pagan el 43 por ciento.
Tras conocer la decisión del Constitucional, los socialistas han pedido la comparecencia en el Congreso el titular de Hacienda y ya adelantan que cuando ésta se produzca le exigirán que asuma responsabilidades políticas por su actuación.
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