Hace ya meses que el ministerio de Hacienda y el Ayuntamiento de Madrid mantienen una guerra presupuestaria: el primero acusa al segundo de gastarse más de lo que puede y éste último considera que el ministro Montoro asfixia a los gobiernos locales y bloquea su autonomía financiera al fijarles un tope de deuda y una inasumible regla de gasto que determina el límite de lo que pueden gastar al año.  

Hacienda calcula que el equipo de Gobierno municipal encabezado por Ahora Madrid se gastó el año pasado 233 millones más de lo que podía. Ese incumplimiento de la regla de gasto obliga al consistorio encabezado por Manuela Carmena a inmovilizar 238 millones, orden que el Ayuntamiento madrileño ya ha recurrido en los tribunales.

Ese recurso en los tribunales ha sido la penúltima escaramuza de esta guerra en la que nadie cede un ápice. La última tiene un cariz más burocrático: el Ayuntamiento de Madrid asegura que Hacienda incumple la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y de Sostenibilidad Financiera de 2012 al no haber proporcionado todavía los datos de 2016 relativos al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, de deuda y de la regla de gasto de las diferentes administraciones públicas (central, autonómica y local).

Según marca la ley en su artículo 17.3, "antes del 15 de abril de cada año, el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas elevará al Gobierno un primer informe" con esos datos. Estamos casi a mediados de mayo y ese informe brilla por su ausencia. De hecho, en la página web del ministerio no aparece. El ministerio de Hacienda no explicó a que se debía ese retraso cuando fue contactado por 'Público'. 

No proporcionar esos datos tiene unos efectos limitados, es verdad. Es más que nada una cuestión de inventario, pero al ayuntamiento de Madrid le sirve como baza política en esta guerra. "Hacienda ya nos ha comunicado en cuánto incumplimos la regla de gasto en 2016, pero nos interesa conocer el informe porque queremos comparar la situación de la ciudad de Madrid con la de otros ayuntamientos y con la del propio Gobierno", explica una fuente del Consistorio madrileño. 

Desde el Ayuntamiento de Madrid señalan que es la primera vez que el ministerio de Hacienda incumple el plazo que marca la ley. Es probable que sea un retraso más burocrático que intencionado, pero la cuestión es que se está privando a todas las administraciones, incluido el Ayuntamiento de Madrid, de la posibilidad de compararse con otras, de contextualizar y, claro, de dejar a algunos en evidencia, porque en 2015 fue el Gobierno del PP quien más incumplió la regla de gasto que impone a los demás. 

En 2015 —último dato conocido—, el Gobierno del PP incumplió la regla de gasto en 4.970 millones de euros, las comunidades autónomas en 5.192 millones y los Ayuntamientos en 465 millones. El Ayuntamiento de Madrid gastó sólo 16 millones de eurose más de lo permitido—el 0,17% del total— mientras que la Comunidad de Madrid sobrepasó el límite en 547 millones. En el Ayuntamiento de Madrid creen que en 2016 las cifras volverán a demostrar que las administraciones gobernadas por el PP son las que más la polémica regla de gasto. 

"Pero hay otros incumplimientos además de la regla de gasto: déficit, deuda y plazo de pago a proveedores. La ciudad de Madrid no ha incumplido ninguna de esas normas, pero sí lo ha hecho la Administración central, todas las Comunidades autónomas excepto tres y 763 ayuntamientos", recuerda la misma fuente del Ayuntamiento. En el equipo económico de Carmona consideran que el Gobierno de Rajoy les aplica una doble vara de medir.

El caso es que el Ayuntamiento de Madrid no se cansa de repetir que cumple dos de las tres obligaciones que fija la ley de estabilidad presupuestaria: no superar el tope de déficit público ni el de deuda; sólo incumple una regla de gasto cuya interpretación consideran "desfasada". 

En el Ayuntamiento denuncian que el ministerio de Hacienda quiere controlar sus cuentas pese a haber reducido la deuda casi un 40% en dos años y pese a haber logrado superávit. Pero el ministerio de Hacienda insiste e invoca la ley de 2012 que él mismo impulsó (la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, conocida como Ley Montoro) para que el superávit se destine a amortizar deuda o a "gastos financieramente sostenibles" y no a gasto social como pretende el equipo económico de Manuela Carmena. La guerra sigue abierta.