El grupo parlamentario de Unidas Podemos por Andalucía estudia llevar a la Fiscalía contratos que considera fueron concedidos de manera "irregular" por el Gobierno andaluz para iluminar algunos puntos de Sevilla durante la Eurocopa. La Junta ha negado a Público que se haya producido ilegalidad alguna. 

El pasado 8 de junio, la Consejería de Educación adjudicó a la compañía Acciona Producciones y Diseño SAU por 14.950 euros sin IVA un contrato para un espectáculo de iluminación urbano del puente de la Barqueta.

Un día después, la Consejería de la Presidencia, por exactamente el mismo importe, 14.950 euros, dio otro contrato a la misma empresa para un servicio de instalación de equipamiento con proyección de vídeo e iluminación.

Y el día 10 de junio, también por el mismo importe y a la misma empresa, la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio en Sevilla, adjudicó la iluminación aérea del Puente del Alamillo.

Según el parlamentario Ismael Sánchez, "el asunto es raro". Para él, se trata de "un contrato que ha sido partido para burlar los procedimientos legales y poder ser adjudicado de forma directa, es decir, mismo concepto, misma empresa y sólo un día de diferencia".

"Hemos podido constatar que el Gobierno andaluz dividió un contrato de iluminación para la Eurocopa en dos para poder saltarse el procedimiento legal y adjudicarlo a una empresa a dedo. Desde Unidas Podemos por Andalucía vamos a llevar el caso ante la Fiscalía", considera el coordinador de IU, Toni Valero.

Esta práctica, el troceamiento de contratos menores –los que se dan por menos de 15.000 euros en suministros y servicios y 40.000 euros en obras– lo que evita a las administraciones es ir a un concurso y poder adjudicar "a dedo", es muy común en todo el sector público y, según interpreta Unidas Podemos, en lo que afecta a este caso, está prohibida por la ley.

El artículo 118 de la Ley de Contratos del Sector Público establece que "en el expediente [de adjudicación] se justificará que no se está alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación, y que el contratista no ha suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente superen [los 15.000 euros en suministros y servicios y 40.000 euros en obras]".

Prosigue el artículo: "El órgano de contratación [en este caso, las Consejería de Educación y Presidencia] comprobará el cumplimiento de dicha regla". En este tipo de contratos, además, la tramitación del expediente exige un informe que motive la necesidad del contrato. "Asimismo se requerirá la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente".

Esto es lo que ha pedido ahora Unidas Podemos: toda la documentación, los expedientes completos, que no están colgados en el portal de transparencia. También ha solicitado la comparecencia de los consejeros Javier Imbroda y Elías Bendodo en el Parlamento para que expliquen las razones de esta forma de contratación.

Unidad funcional

Esa redacción del artículo 118 ha generado mucha confusión en las administraciones públicas, según ha constatado la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, el organismo del Estado encargado de velar por la correcta aplicación de la legislación y, en particular, promover la concurrencia y combatir las ilegalidades en relación con la contratación pública.

Esta oficina ha publicado en el BOE una instrucción "obligatoria para todos los órganos de contratación del sector público del Estado y deberá ser tenida en cuenta para la tramitación del expediente" en la que se interpreta la ley y en la que no se considera que todo troceamiento que supere los 15.000 euros supone una irregularidad, sino que hay que ver cada caso.

En esa instrucción, se recoge, de una forma un tanto enrevesada, lo siguiente: "Debe justificarse la ausencia de fraccionamiento del objeto de contrato. En este sentido, el criterio relativo a la unidad funcional para distinguir si existe fraccionamiento en un contrato menor estriba en si se pueden separar las prestaciones que integran el citado contrato; y en el caso de que se separen, si las prestaciones cumplen una función económica o técnica por sí solas. Así, la justificación debe versar sobre la indispensable e intrínseca vinculación entre las prestaciones en cuestión para la consecución de un fin, esto es, la satisfacción de la necesidad que motiva la celebración del contrato".

A preguntas de Público, el Gobierno andaluz respondió en esta línea, la de la unidad funcional, a las acusaciones de Unidas Podemos: "En el caso de celebración de un contrato menor a nivel de los diferentes órganos de contratación, pertenezcan a la misma o a diferentes consejerías, no es determinante para determinar que se ha hecho un uso irregular del mismo, siempre que cuenten con disponibilidad presupuestaria que gestionan de modo exclusivo y con total independencia del resto de órganos de contratación".

"Lo que no sería admisible –prosigue el Gobierno– es que un mismo órgano de contratación, celebrara al menos dos contratos menores con la misma o distintas empresas, cuando el objeto y causa del contrato respondieran a una misma unidad funcional, entendida ésta como la existencia de una interdependencia entre las diferentes prestaciones de dichos contratos, en el sentido de entender que la celebración de uno de ellos depende directamente de la celebración de los demás, y que por tanto, unos y otros han de celebrarse conjuntamente para conseguir satisfacer la necesidad planteada con su celebración". 

"Resulta evidente –cierra el Ejecutivo su argumentación con un ejemplo–, que la Giralda, que no ha sido iluminada, no afecta en nada a la iluminación de, por ejemplo, La Torre del Oro. De la misma forma, si la Torre del Oro finalmente no contara con iluminación, tampoco afectaría a la iluminación del Palacio de San Telmo, que igualmente seguiría contando con la misma".

​El consejero Javier Imbroda presentó a mediados de junio el espectáculo de iluminación en un acto celebrado en la sede del Parlamento de Andalucía. "En total", según recoge un comunicado del día 12 de junio del Gobierno andaluz, "nueve puntos de la capital hispalense contarán con una iluminación especial que podrá verse los días 11, 12, 13, 14, 18, 19, 22 y 23 de junio".

La celebración de la Eurocopa en Sevilla es un asunto estratégico para el Gobierno tras la crisis causada por la covid y se ha organizado en apenas dos meses, después de que en el mes de mayo se cayera Bilbao como sede. "En total, tras las estimaciones realizadas por la UEFA, los cuatro partidos que va a acoger Sevilla van a generar un retorno económico de unos 215 millones de euros", calcula el Ejecutivo andaluz.