Unidas Podemos ha pedido la comparecencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, ante la comisión del ramo en el Congreso para que explique sobre la aplicación del Protocolo de Actuación frente al Acoso Sexual y por Razón de Sexo en el Ejército, así como de “su grado de implementación y cumplimiento”, tras el goteo de episodios denunciados por mujeres militares que han sido víctimas de ese hostigamiento y tras los datos difundidos por el Observatorio de la Vida Militar.

La petición de comparecencia, firmada por Alberto Garzón, Roser Maestro y Eva García Sempere, de IU, y por Juan Antonio Delgado, de Podemos, será calificada la semana que viene por la Mesa del Congreso, aunque para ponerle fecha habrá que esperar a la Junta de Portavoces, explicaron fuentes de Izquierda Unida.

La solicitud de comparecencia llega tras haber trascendido en los últimos meses una cascada de casos de acoso sexual y laboral entre los que se encuentran el de la soldado sancionada tras atribuirle varios oficiales un video porno cuya protagonista tiene claras diferencias fisionómicas con ella, la expulsión de una cabo con 17 años de servicios por las secuelas psíquicas que sufría tras haber denunciado violencia machista y acoso laboral o la condena a un teniente por masturbarse delante de una subordinada a la que también proponía mantener relaciones y a la que sus superiores no creyeron.

Son solo tres ejemplos de una realidad que, pese al apagón estadístico y al intento de eliminación por la vía normativa, luego rectificado, existe en las fuerzas armadas españolas en la que también se enmarcan otros episodios como los recientes reveses de la Sala Militar del Tribunal Supremo al juzgado territorial de Tenerife al ordenarle reabrir sendas causas por acoso contra cinco y siete sargentos de acuartelamientos de esa isla.

Para los jueces militares tinerfeños, llamar "jodida, enana", "minion", "gandula" y "lesbiana" a una mujer soldado no son más que “disputas, discrepancias y contiendas” que “forman parte del devenir diario de la vida de todo acuartelamiento”, criterio que, obviamente, no comparte el alto tribunal.

Tres de cada cuatro denuncias acaban en nada

Los datos que maneja el Observatorio de la Vida Militar dan fe del escaso éxito que las denuncias por acoso sexual y laboral tienen en el ejército español, algo a lo que se suma el miedo a presentar denuncias por de las hostigadas por temor a sufrir represalias y ante la certeza de una segunda victimización al verse obligadas a probar la veracidad de su acusación en un ambiente poco proclive a protegerlas.

El Estudio Específico  sobre la Situación de las Medidas de Prevención, Formación y Apoyo a las Víctimas de Acoso Sexual, Laboral y Profesional en las Fuerzas Armadas que este organismo hizo público el año pasado concluye que, como poco, tres de cada cuatro denuncias por hostigamiento acaban en nada.

De las 174 presentadas entre 2004 y 2015, un total de 110 fueron archivadas, siete fueron remitidas a la autoridad disciplinaria, once se enviaron a otros órganos y 46 fueron consideradas de naturaleza penal.

Más de la mitad de esas 46 acabaron sobreseídas (once) o en absoluciones (trece) mientras únicamente la tramitación de 22, una de cada ocho, terminó con sentencias condenatorias por acoso: doce de tipo sexual, una por razón de sexo o género y otras nueve profesional.

“En la mayoría de los casos la víctima es una mujer”“

En nuestro país, y en concreto en las Fuerzas Armadas, en la inmensa mayoría de los casos, la víctima del acoso, en sus distintas acepciones, es una mujer”, recuerda el Observatorio. La proporción de militares masculinos y femeninos es en España de un 88%/12%.

Junto con la solicitud de la comparecencia, las diputadas de IU Maestro y García Sempere han formulado una batería de preguntas parlamentarias, dirigidas también a Robles, en las que se interesan por el conocer criterio del Gobierno sobre los 110 archivos registrados ya en la fase de investigación administrativa, y que suponen casi dos tercios del total sin incluir las absoluciones en la vía militar, y acerca de si el ministerio “ha abierto o tiene pensado abrir expediente informativo sobre la naturaleza” de esas denuncias ante el elevado porcentaje de desestimaciones.

Paralelamente, las diputadas quieren saber “cuál es el grado de cumplimiento de las medidas de prevención, formación y apoyo a las víctimas” de esos modos de acoso en el ejército y si tiene previsto adoptar “algún tipo de medida que [las] garantice y refuerce” a la vista de las cifras.