Los Presupuestos Generales de 2023 son para Unidas Podemos la "prueba del algodón" de que el discurso que protagonizó Sánchez en el debate del estado de la nación tiene detrás una voluntad real de apostar por un final de legislatura progresista.

Por eso la negociación que se dará en el seno del Ejecutivo entre el PSOE y el espacio confederal es para los de Yolanda Díaz una oportunidad para luchar contra la inflación y las consecuencias de la guerra de Ucrania a través de políticas sociales que protejan a la ciudadanía.

Esta negociación aún no ha comenzado de manera formal, aunque ambas partes han mantenido conversaciones sobre el techo de gasto que próximamente presentará la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Aunque seguramente se inicie en las próximas semanas y haya contactos en el mes de agosto, será en septiembre cuando el PSOE y Unidas Podemos aborden las cuestiones centrales (y también las que generan una mayor discrepancia en el Gobierno) de los Presupuestos.

En el espacio confederal ya han avanzado algunas de las peticiones que pretenden llevar a la negociación presupuestaria y que serán claves para que las conversaciones fructifiquen en un pacto: impulso de la ley de familias, desbloqueo de la ley de vivienda y de la derogación de la ley mordaza en el Congreso, rechazo al aumento del gasto militar...

Más allá de las medidas concretas que se pongan encima de la mesa, Unidas Podemos quiere que los Presupuestos del próximo año manden un mensaje claro de "fortaleza" que ahuyente cualquier fantasma o debate sobre los recortes y la austeridad.

A juicio del espacio confederal, en los últimos meses han regresado algunos "elementos discursivos que recuerdan a los relatos y mensajes que se mandaban entre 2008 y 2012", relativos a una eventual necesidad de contener el gasto en un contexto de hipotética recesión económica.

"No es momento de recortes, sino de dar estabilidad"

Para UP "en absoluto es el momento de recortes" y de supresión de las políticas expansivas, sobre todo después de que la Unión Europea avalara prorrogar durante un año más la suspensión de las reglas fiscales y permitiera a los distintos países miembros gastar lo que necesitaran para proteger a sus ciudadanías y para acometer las reformas necesarias en el contexto actual.

"No es el momento de los recortes, es el momento de dar estabilidad, de dar confianza y de proteger a los hogares y al empleo. Para poder protegerlos y dar estabilidad y confianza lo que los PGE necesitan es mantener la fortaleza de años anteriores", aseguran desde Unidas Podemos. 

En este contexto, los de Yolanda Díaz buscarán negociar con el PSOE unas cuentas expansivas que sirvan para desplegar medidas de protección frente a la inflación y para acometer refuerzos pendientes de servicios públicos como la Sanidad, muy dañada desde la irrupción de la pandemia del coronavirus.

El elefante en la habitación que acoja la negociación de los Presupuestos será el mismo de los últimos años: la reforma fiscal. En UP valoran de manera positiva el compromiso de Sánchez con la creación de un impuesto a las grandes eléctricas y otro a las entidades financieras, aunque recuerdan que, de momento, es un "compromiso verbal" y que, por lo tanto, se tienen que definir cuanto antes y no alargar los plazos para su puesta en marcha.

Pero el espacio confederal pretende que la reforma fiscal no se quede ahí y por eso llevarán a las negociaciones propuestas para realizar cambios tanto en el Impuesto de Sociedades como en los tributos que gravan la riqueza y el patrimonio.

El objetivo de los de Yolanda Díaz es mejorar la capacidad recaudatoria del Impuesto de Sociedades, un tributo cuyas bases imponibles resultan ineficaces. A pesar de que después de la crisis financiera del 2008 las empresas han recuperado buena parte de sus beneficios, la fiscalidad no ha acompañado este incremento de los ingresos. 

En su propuesta de reforma fiscal, presentada el pasado mes de febrero, Unidas Podemos aspiraba a recaudar hasta 10.000 millones de euros con un impuesto a las grandes fortunas que contaría con un mínimo exento de un millón de euros, además de una exención por vivienda habitual de 400.000 euros; además no sería bonificable por parte de las comunidades autónomas.