@danialri

BILBAO.- Los 109 escoltas que aún quedan en Euskadi ya pueden dormir tranquilos. Luego de 26 días de negociaciones, el sindicato CCOO ha conseguido que la empresa Ombuds Seguridad (adjudicataria de la mayoría de los contratos del ministerio del Interior para la protección de políticos y empresarios amenazados por ETA) abandone su plan de despidos colectivos. En lugar de perder su trabajo, los empleados formarán parte de un “proceso de reconversión del sector”, mediante el cual se reciclarán como vigilantes de seguridad.

“Estoy pletórico, y los trabajadores también”. Así se expresaba el responsable de Seguridad Privada de CCOO Euskadi, Arturo Salinas, quien ha estado al frente de las conversaciones junto a los sindicatos UGT y FASE. “Estábamos en el periodo de consultas de un mes que marca la ley para estos casos, y solamente nos quedaban cuatro días para tratar de llegar a un acuerdo. Ya no había mucho margen de maniobra, pero finalmente hemos logrado nuestro objetivo: no se despedirá a ningún escolta”, remarcó.

Paradójicamente, este conflicto laboral forma parte del nuevo escenario político que se vive en Euskadi. Cinco años después del cese definitivo de la violencia decretado por ETA, todo indica que la figura del escolta pasará a formar parte del pasado. De hecho, Ombuds Seguridad pretendía deshacerse de sus últimos 109 empleados (en 2011 eran cerca de 3.000) bajo el argumento de que el Ministerio de Interior retirará prácticamente todos los servicios de protección personal a lo largo del próximo año.

Según explicó Salinas, cerca del 90% de los escoltas que aún está en activo presta funciones para cargos públicos del PP, mientras que el restante 10% tiene asignadas tareas de protección de empresarios vascos que en algún momento fueron amenazados por ETA. “Estimamos que la retirada del servicio será paulatina, de manera que a finales de 2017 sólo habrá escoltas para cinco o seis políticos muy importantes” del PP vasco, señaló el sindicalista.

A las cárceles

Cerrado el capítulo del ERE de extinción, ahora se abre la fase de negociaciones sobre la reconversión del sector. A partir del día 13, los representantes de la plantilla y los empresarios buscarán los mecanismos apropiados para que los 109 empleados pasen a cumplir tareas de vigilantes de seguridad, para lo que recibirán la formación necesaria.

Además, se deberá garantizar que el cambio de puesto de trabajo no acarreará ningún tipo de caída salarial. “Ombuds Seguridad tiene a día de hoy el servicio de vigilancia de muchas cárceles, por lo que seguramente muchos escoltas pasarán a esa área”, adelantó Salinas. De esa manera, la época de políticos con guardaespaldas quedará definitivamente cerrada.