Mientras Europa asiste a una de sus peores tragedias en el Mediterráneo, la solución migratoria que se continúa imponiendo en Bruselas pasa por consumar la UE fortaleza.

Los líderes europeos se han apresurado en los últimos días a cerrar acuerdos con países como Egipto o Túnez, en plena deriva democrática. La receta comunitaria para evitar tragedias como la acontecida frente a las costas griegas recientemente se concentra en sellar acuerdos con países terceros, acelerar los retornos, centrar el discurso en los traficantes de personas y omitir la creación de vías de llegada seguras.

La semana pasada, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y Mark Rutte, primer ministro neerlandés, acompañaban a Giorgia Meloni, premier italiana, en un viaje que tenía como objetivo seducir al país magrebí para frenar la salida de migrantes. Estos días ha hecho lo propio Josep Borrell, Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores, en la que ha sido la segunda visita durante este mandato a la capital egipcia.

La obsesión europea en estos momentos es firmar acuerdos con países de origen y tránsito que eviten que refugiados y migrantes alcancen las costas europeas. Una fórmula que inauguró Turquía y que se replicó poco después con Libia.

La Italia de la líder ultranacionalista Meloni es la que marca en estos momentos el paso de la política migratoria europea. Durante el Consejo de Interior celebrado a comienzos de este mes, consiguió imponer sus condiciones de acelerar los retornos en frontera y de expandir los acuerdos con países de África y Oriente Próximo.

Tres días después, la comitiva europea aterrizaba en Túnez, que es en estos momentos la principal puerta de salida migratoria hacia costas transalpinas. El número de llegadas a Italia se ha multiplicado por dos este año con respecto a 2022, sumando más de 55.000. Y con ello lo han hecho también el discurso y las políticas xenófobas.

Desde Túnez, Von der Leyen anunció un macropaquete financiero de hasta mil millones de euros para garantizar su estabilidad financiera. 150 millones serán desembolsados de forma inmediata.

Adicionalmente, la UE destinará una partida de 105 millones de euros para que las fuerzas de seguridad tunecinas refuercen el control de fronteras. De fondo colean los temores de que el país colapse financieramente empujando a miles de migrantes a intentar alcanzar el Viejo Continente.

El acuerdo se ha fraguado con el presidente Kais Said, cuya deriva dictatorial ha plantado la cornada definitiva al que había sido el único caso de éxito de las primaveras árabes. El profesor, que gobierna desde 2021 a través de decreto tras suspender al Parlamento, está consolidando su régimen autoritario a base de encarcelar a todo aquel que critica al Gobierno. En fechas recientes ha cargado duramente contra los inmigrantes subsaharianos, a los que ha acusado de criminales y de alterar la demografía de su país.

Pánico y parálisis

Movida por el pánico y la parálisis, la UE ha primado la estabilidad de los países por encima del respeto de sus líderes a los derechos humanos. Lo hizo pactando con Erdogan, con un Estado fallido como Libia, con Túnez y también se deja querer por Egipto. Este lunes, Borrell se ha reunido con el dictador Abdelfatah al Sisi.

"Charla profunda y extensa con el presidente Al Sisi sobre Sudán, seguridad del agua, Israel y Palestina, Libia y el impacto de la guerra de Rusia en Ucrania sobre la seguridad energética y alimentaria global", ha resumido el español, que ha pedido intensificar la cooperación y la relación con el país. No ha habido mención a los derechos humanos en el segundo país del mundo con más condenas a muerte y miles de detenciones masivas y arbitrarias.

Desde El Cairo, el Alto Representante ha anunciado una ayuda inmediata de 20 millones de euros para la gestión migratoria. Y otros 80 millones para impulsar la vigilancia en sus fronteras y para que sus guardacostas intercepten a las barcazas de migrantes antes de que alcancen aguas internacionales. Egipto ha acogido a más de 200.000 refugiados sudaneses en los últimos meses.

El espejo de la tragedia en Grecia

El naufragio de una embarcación frente a las costas griegas que trasladaba a al menos personas 750 ha sido catalogado por las autoridades helenas como una de las peores tragedias en la ruta del Mediterráneo Central. Se cree que podría haber más de 600 fallecidos.

Esta vía, que conecta principalmente Libia o Túnez con Grecia o Italia, es la más mortífera del mundo. Según la Organización Internacional para las Migraciones, desde 2014 sus aguas se han tragado a más de 20.000 personas. Y podrían ser muchas más.

Tras la tragedia, la Comisión Europea se ha limitado a señalar que confía en que las autoridades griegas realicen una investigación transparente sobre lo ocurrido. Las islas helenas acumulan en los últimos años cuantiosas denuncias y acusaciones por devoluciones en caliente ilegales.

Los mensajes que han salido de la capital comunitaria irradian un cambio de postura con respecto a los últimos años. Hace una década, solo la extrema derecha propagaba el discurso que ponía todo el foco de la inmigración sobre los traficantes de personas y el "efecto llamada" de las ONG de rescate. Pero está cada vez más extendido, normalizado y aceptado en Bruselas y en la mayoría de capitales.

"La tragedia enfatiza la necesidad de que los Estados miembros, las agencias europeas y los países terceros trabajen juntos para luchar contra los traficantes de personas que ponen demasiadas vidas en riesgo", ha señalado este lunes Annita Hipper, portavoz de la Comisión Europea. "Muy entristecida por las víctimas y preocupada por los desaparecidos", reaccionó en Twitter la presidenta Ursula von der Leyen.

"Tenemos una responsabilidad moral colectiva en desmantelar las redes criminales […]. Los Estados miembros y los países terceros tienen que redoblar los esfuerzos en la lucha contra estos perversos traficantes", afirmó Ylva Johansson, comisaria de Interior. Es decir, la reacción ha ido poco más allá de unos mensajes por Twitter. No fue así siempre. Durante la Comisión anterior, que abanderó Jean-Claude Juncker, el tema migratorio fue uno de los más relevantes y presentes de la agenda europea.

En 2016 nacieron –ya heridas de muerte– las cuotas de reparto obligatorias. El luxemburgués llegó a asegurar que no dormía tranquilo después de las imágenes que mostraban compraventa de migrantes en centros de Libia. En 2018 hubo un Consejo de Migración extraordinario por la crisis del Ocean Viking.

Italia tuvo en vilo a sus socios europeos en un Consejo en el que amagó durante 14 horas con vetar las conclusiones ante una Angela Merkel que advirtió al resto: "La migración puede decidir el destino de la UE".

Tras la tragedia de Lampedusa, los presidentes de las instituciones europeas se trasladaron a las islas. Pero la respuesta al último naufragio devuelve una fotografía de cierto costumbrismo y silencio.

La ley de la selva y los valores europeos

La visceralidad que suscita el debate en torno a los refugiados no ha cambiado. Tampoco las divisiones entre los Estados miembros. Pero sí lo ha hecho la tendencia a normalizar las tragedias en el Mediterráneo y la política de puertas cerradas. Italia penaliza a ONG de búsqueda y rescate. Grecia realiza devoluciones en caliente restringiendo el derecho a pedir asilo.

Hungría afirma que el filántropo George Soros es el responsable del reciente acuerdo de reparto de refugiados europeo. Y la UE replica el mensaje de que los únicos responsables de la ley de la selva que impera en el Mediterráneo y de sus mortíferas consecuencias son únicamente los traficantes de personas. Entretanto, ahoga un poco sus valores y principios fundamentales sellando acuerdos de dudoso calado moral con regímenes autoritarios.

"Todavía hay 600 personas desaparecidas o muertas, y esto es una consecuencia directa de las violentas políticas migratorias de la UE. Estas personas nos están contando historias terribles, no sólo sobre lo ocurrido en el barco, sino también lo que les pasó antes, en Libia. Hemos oído historias sobre tortura y violencia. Desafortunadamente esto no es nuevo para nosotros", ha denunciado Elise Loyens, coordinadora médica de Médicos Sin Fronteras para Grecia y Bulgaria.