Internet le gusta muy poco a algunas industrias. La red, que se ha desarrollado como espacio natural de colaboración y transmisión libre de conocimiento, no les permite restringir el acceso a sus contenidos como podían hacer en el mundo analógico. Por ello utilizan las armas a su alcance para torpedearla y cada poco, su connivencia con los poderes políticos les permite impulsar legislaciones restrictivas con la libre circulación de conocimiento en la red.

No obstante, hasta ahora no han tenido demasiada suerte. La ciudadanía ha conseguido impedir que las discográficas, productoras de cine y grandes conglomerados de medios de comunicación coarten Internet. Eso sí, se ha logrado tras importantes movilizaciones. La más reciente se promovió en defensa de la neutralidad de la red en la UE, amenazada por la pretensión de las telecos de crear canales de diferente velocidad para cada contenido: Facebook y Google pagarían e irían muy rápido; tú no, así que tu blog se cargaría a menor velocidad. Las protestas contra el Acuerdo Comercial Antifalsificación (ACTA) a principios de la década sumaron activistas de medio mundo, sin olvidar que el rechazo a la ley Sinde fue uno de los gérmenes del movimiento 15-M.

Tanto ACTA como la ley Sinde estaban promovidas por las industrias de contenidos, que ahora vuelven a la carga con la intención de reformar

El problema es que, de nuevo, la industria ha conseguido que los legisladores, en este caso la Comisión Europea, abran la puerta a la posibilidad de tasar cada enlace a un contenido protegido por derechos de autor. Y teniendo en cuenta que "todo aquello que va contra la libertad de enlazar va contra la esencia de Internet", como explica el abogado especialista en libertad de expresión en la red Carlos Sánchez Almeida, la propuesta de regulación de Bruselas ha encendido todas las alarmas.

Pero, ¿tan malo ha sido ese primer texto presentado por la Comisión Europea? "Acabaría con Internet tal y como lo conocemos", asevera Alfonso Sánchez, miembro del grupo hacktivista Xnet: "Apenas ha habido ninguna intención de adaptarse a los tiempos que corren, a la era digital".

¿Quién está detrás esta vez?

La reforma tiene acento alemán. Por un lado aparece Günther Oettinger, político germano que ocupó la comisaría de Energía de la Comisión Europea con José Manuel Durão Barroso y que en el equipo de Jean Claude Juncker ocupa la cartera de Economía y Sociedad Digital. Es el responsable de hacer la primera propuesta de reforma de la directiva que regula el copyright a nivel europeo.

Diversas fuentes aseguran que en la redacción del texto ha habido una estrecha relación entre el equipo de Oettinger y dos grandes multinacionales editoras alemanas. Una es Axl Springer, de las mayores en Europa, con cabeceras como Bild, la Rolling Stone alemana, múltiples revistas especializadas en informática, motor o videojuegos y más de 15.000 empleados. Casi 10.000 tiene Hubert Burda Media, la otra protagonista de la campaña de presión sobre la Comisión, editora de publicaciones como InStyle o el Playboy alemán.

Además, se sospecha que viejos conocidos de la industria de contenidos como el grupo de Rupert Murdoch (News Corporation) o las industrias de la música y el cine también han empujado al Ejecutivo Comunitario a valorar su derecho a cobrar por los enlaces. 

¿Qué quieren ahora? ¿Por qué se le llama 'tasa Google'?

Los editores quieren monetizar al máximo sus contenidos, aún a riesgo de poner serias trabas al libre acceso a la información de la ciudadanía. Bruselas, frenar el creciente poder de Google. La forma de unir ambos intereses ha sido la reforma de la legislación comunitaria de copyright. "La norma actual es de 2001 y está obsoleta, ofrece muchas formas de interpretar algunas de las excepciones", explica Diego Naranjo, abogado de European Digital Rights (EDRi). 

"Se esperaba una gran reforma de la directiva que creara un marco adecuado de desarrollo, dentro del nuevo Mercado Único Digital europeo... Pero fue una gran decepción. Básicamente es un regalo para un pequeño grupo de lobistas del copyright", denuncia Naranjo, que afirma que "lo que proponen es similar al canon AEDE que se puso en marcha en España, pero peor. El canon llegaría a todos los pequeños estratos de información. Incluso en Twitter, si tú pegas un enlace y sale un pequeño recurso de un artículo, tal y como está redactada la propuesta daría derecho a remuneración. Es una forma de romper la forma en que se transmite información hoy en día".

"Están convirtiendo a los editores de prensa en titulares de derechos, se les reconoce la posibilidad de reclamar los derechos de reproducción y comunicación al público de esas publicaciones", expone Sánchez Almeida: "Lo que está claro es que va dirigido contra los grandes buscadores, Google a la cabeza, para que tengan que pagar una cantidad a los proveedores de prensa".

¿Y esto qué tiene que ver contigo?

En teoría, Google es el más perjudicado por la nueva propuesta de regulación, pero solo en teoría. "Lo que se quiere hacer es exigir a todas las plataformas donde los usuarios suban contenidos a que desarrollen filtros que tiren los contenidos inapropiados, pero también infracciones de copyright. Google y Youtube han invertido un montón de millones en estos bots que bloquean contenidos, pero una start-up no puede invertir esa cantidad de dinero. Lo que hace esto es dificultar la entrada al mercado de nuevas start-ups, dañan la competencia", afirma en este aso Alfonso Sánchez. 

Para el miembro de Xnet, ese filtro es una de las mayores amenazas de la nueva norma propuesta por Bruselas: "Todos estos algoritmos suelen ser opacos, ¿quién decide si un vídeo es o no pertinente? A lo mejor es un vídeo que contiene actos vandálicos que conviene que la ciudadanía conozca, pero que retiran porque se supone que está haciendo apología de la violencia. Es una herramienta de censura muy importante".

¿Censura?

"El filtro de subida de contenidos es muy peligroso, tenemos información bastante fidedigna de que hay Estados que lo han visto como una herramienta muy apetitosa. La excusa para instaurarlo es el copyright, pero ya lo tienes para lo que tú quieras", confirma Diego Naranjo desde Bruselas. 

Contenidos periodísticos como las filtraciones sobre información gubernamental, como las concernientes a acuerdos intergubernamentales como el TiSA o el TTIP, las revelaciones de Edward Snowden o incluso conversaciones privadas como las conspiraciones del ministro del Interior Jorge Fernández Díaz podrían estar en peligro si se otorga a los Estados el poder de reclamar derechos de autor sobre ellos. "La propiedad intelectual va a ser siempre usada como mecanismo de censura. Si se quiere evitar que algo se filtre, la forma más práctica de reivindicarlo es decir que ese contenido está protegido por derechos de autor", dice el abogado Sánchez Almeida. 

¿Hay tiempo de reacción?

Sí. La flema de la burocracia comunitaria juega en contra de los intereses de las industrias de contenidos. Éstas quieren apretar el acelerador y sacar adelante la directiva antes de que Oettinger deje su puesto en Economía y Sociedad Digital al fin de la presente legislatura europea en 2019, pero la propuesta de regulación de la Comisión Europea es solo el principio del proceso.

A partir de ahora se abre la negociación con la Eurocámara y el Consejo Europeo, antes de que el texto llegue a votación. El Parlamento puede proponer enmiendas al texto de la Comisión, y los eurodiputados se sentirán espoleados a ello si perciben una presión ciudadana como la que tumbó otras legislaciones similares. "Hay gente que lo está llamando el nuevo ACTA, y desde luego si la propuesta sigue así cuando pase por el Parlamento habrá que llamar a hacer el mismo tipo de movilización que acabó con ACTA", avisa Naranjo, de EDRi.

"Lo que está en tensión es, por un lado, el derecho a la cultura, el derecho a la máxima difusión de información, el derecho al uso de la cultura en el ámbito de la enseñanza, todo frente a los titulares de derechos de autor. Entre lo que reivindican quienes se consideran los autores de estas obras y el derecho de toda la sociedad a tener acceso a esa información sin pagar tasas", sentencia Carlos Sánchez Almeida.