El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha remitido la ley de amnistía al Tribunal Constitucional, argumentando que representa el "paradigma de un acto legislativo arbitrario" impulsado por los propios beneficiarios de la amnistía, además de considerar que no es razonable, proporcional ni adecuada.

La sala penal del TSJC, presidida por Jesús María Barrientos, ha tomado esta decisión en tres autos que suspenden la tramitación de la amnistía para el expresidente de la Generalitat, Quim Torra, el exconseller de ERC, Bernat Solé y el exdiputado de la CUP, Pau Juvillà, hasta que el Tribunal Constitucional resuelva la cuestión de inconstitucionalidad planteada.

El TSJC argumenta que la amnistía solo puede interpretarse en términos de "mera aritmética parlamentaria" para facilitar una investidura, y considera que no es adecuada para la normalización institucional, política y social en Catalunya. Señala que esto se evidencia en la persistencia de los mismos actores políticos en acciones orientadas a la segregación unilateral, prohibida por el texto constitucional, y que solo la certeza de la reacción penal puede ser efectiva para contener estas acciones.

En 2019, el TSJC condenó a Quim Torra, quien en ese momento era president, a un año y medio de inhabilitación por negarse a retirar a tiempo un cartel de apoyo a los presos del procés que estaba colgado en el balcón de la Generalitat. Torra fue destituido de su cargo en septiembre de 2020 y fue reemplazado temporalmente por el entonces vicepresident, Pere Aragonès.

Bernat Solé fue condenado en 2021 a un año de inhabilitación por un delito de desobediencia debido a su participación en el referéndum del 1-O, mientras se desempeñaba como alcalde de Agramunt (Lleida). Por su parte, Pau Juvillà también fue condenado por desobediencia al negarse a retirar lazos amarillos de una ventana del Ayuntamiento de Lleida durante la campaña de las elecciones generales de 2019, donde ejercía como concejal.