ZARAGOZA .- Un club privado de Zaragoza acaba de dar un pelotazo de más de nueve millones de euros al asignar el Tribunal Supremo ese precio -722 euros por metro cuadrado- a unos terrenos que el ayuntamiento le expropió creyendo que eran suyos cuando más del 90% de la superficie, según un documento oficial, son suelos ganados al Ebro cuya ocupación fue autorizada en el franquismo con la condición de que mantendrían su carácter público. Los afectados aseguran que son dueños legales del suelo que ocupan y que lo eran del que les fue expropiado.

Este episodio, cuya revisión ha pedido el consistorio al Supremo tras conocer ese documento inédito, ha vuelto a poner sobre la mesa la intensa, y en ocasiones ilegal, presión urbanística a la que ha sido sometida la ribera del Ebro en las últimas ocho décadas. Y cuestiona, al mismo tiempo, el nivel de exigencia documental y de coordinación institucional con el que fueron tramitados los proyectos vinculados a la Expo 2008.

La beneficiada por la sentencia es la Sociedad Deportiva Tiro Pichón, una entidad creada a finales de los años cuarenta por un grupo de zaragozanos afectos al franquismo a la que el consistorio expropió en 2007, dentro del plan de mejora de las riberas de la ciudad en vísperas de la Expo 2008, tres parcelas que sumaban 12.622 metros cuadrados.

Una zona de dominio público ganada al río vertiendo escombros

Sin embargo, los documentos de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente) señalan que la mayor de esas pastillas, de 11.799 metros cuadrados, se corresponde con una zona de ribera ganada al río a finales de 1975 mediante el vertido de escombros y cuya ocupación autorizó al club el Ministerio de Obras Públicas “con la condición terminante” de que, en cualquier caso, mantendría su carácter público y sobre ella no podría asentarse ninguna edificación.

El Jurado de Expropiación de Zaragoza había tasado los terrenos en 111.831 euros, aunque, por ley, tuvo que avalar la oferta de 2,34 millones que había hecho el ayuntamiento; y que el Supremo ha cuadruplicado basándose, precisamente, en el potencial de edificabilidad de las parcelas, cuya existencia queda ahora, cuando menos, en duda.

Los responsables de la sociedad “registraron a su nombre” los terrenos pese a que estos formaban parte del dominio público hidráulico, lo que “ha generado un grave daño a los ciudadanos de Zaragoza y el enriquecimiento injusto” de esa entidad, mantiene el ayuntamiento, que intenta con un recurso de revisión que el Supremo revierta el nuevo golpe que supondría par a sus arcas esa expropiación, ahora en entredicho. Los abogados de la sociedad, según explicó su gerente, Aurelio Colás, todavía no han tenido acceso al certificado de la CHE. Los abogados de la sociedad, según explicó su gerente, Aurelio Colás, todavía no han tenido acceso al certificado de la CHE.

“Escenario de alta probabilidad de inundación”

Los terrenos del pleito, que “se encuentran íntegramente dentro de un escenario de alta probabilidad de inundación”, según la documentación facilitada por la CHE al ayuntamiento, no suponen, ni mucho menos, un caso aislado de invasión del cauce del Ebro.

Según el Plan de Gestión de Riesgos de Inundación de ese organismo, en “los 468 términos municipales que se ven afectados por las inundaciones” en toda la cuenca del Ebro residen 2,55 millones de personas, de las que 66.510 se encuentra en áreas con “alta probabilidad” de sufrir daños de este tipo, aunque la cifra es matizable en función de parámetros como el tipo de vivienda y la existencia de defensas contra las crecidas en las inmediaciones.

En esa misma situación se hallan 81.659 hectáreas de terreno – 2.337 urbanas, 53.786 agrícolas y 10.983 forestales- en las que el agua puede causar pérdidas por valor de 11.953 millones de euros, aunque las pólizas de seguro vigentes cubren menos de 400. Se trata de los terrenos que se verían afectadas por la llamada avenida de retorno de diez años, que es la que, en condiciones normales, el Ebro y sus afluentes pueden estadísticamente registrar en una década.

Inversiones millonarias por la presión urbanística a los ríos

En la zona de riesgo de la avenida con retorno de 500 años –habría dos por milenio- viven, según ese mismo documento, 227.967 personas. Las pérdidas por la inundación alcanzarían los 31.232 millones en esos terrenos, que incluyen 6.568 hectáreas de zonas urbanas y 106.461 dedicadas a usos agrarios y forestales y en las que tanto la CHE como el Gobierno de Aragón ya han vetado algunos desarrollos urbanísticos.

La invasión de los cauces y de otras zonas del dominio público hidráulico por obras y construcciones obliga a la CHE a personarse cada año en más de un centenar de expedientes de comunidades autónomas, ayuntamientos, entidades urbanísticas registros de la propiedad, gerencias del Catastro y juzgados. Concretamente, fueron 443 entre 2013 y 2015, con una ligera tendencia a la baja con el desplome de la actividad inmobliaria.

Con todo, la presión urbanística y productiva que soportan el Ebro y sus afluentes es enorme. Otro de los documentos de ese Plan de Gestión de Riesgos de Inundación recoge varias de las millonarias inversiones necesarias para paliar sus efectos.

Entre ellas destacan una partida de nueve millones para acondicionar la confluencia del Arga y el Aragón, donde “la elevada presión humana” agrava el de por sí alto riesgo de inundación en una zona de riqueza ambiental; casi cinco para mitigar los efectos de la invasión del tramo desecado de 6,6 kilómetros del Guadalope en Caspe y más de tres para paliar “el continuo aumento de la presión urbanística sobre las llanuras de inundación” del Zadorra en Vitoria, que provoca “inundaciones recurrentes” al haber reducido su capacidad para desaguar las crecidas.

Una cesión temporal que iba a dar un equipamiento a la ciudad

En el caso de la Sociedad de Tiro Pichón de Zaragoza, la ocupación de zonas inundables tuvo la bendición, aunque limitada, de la administración franquista.

El club fue impulsado, según indica la documentación reunida por la asociación de vecinos Ebro del barrio de La Almozara, en 1947 por Miguel Mantecón, hermano del general y exgobernador republicano de Aragón, para organizar tiradas de ese deporte “de alta posición social”, parte de cuya recaudación sería destinada a entidades benéficas de la ciudad. Hoy sigue siendo frecuentada por miembros de las clases más altas de la sociedad local.

Pidió, con ese fin, una finca municipal de dos hectáreas junto al Ebro y situada al lado del cuartel de Pontoneros que el ayuntamiento cedió con dos condiciones: “todo lo plantado, construido o edificado (…) quedará a beneficio de la corporación” y la cesión se extendería durante 30 años con un canon anual de un duro. Eran similares a las que en aquella época permitieron a otros clubes, como el de actividades acuáticas Helios, ocupar su céntrica ubicación frente al Pilar.

Al año siguiente, la “media docena de entusiastas zaragozanos” que actuaban como promotores pedía la “benévola comprensión” del ayuntamiento “para llevar a feliz término nuestros proyectos”: proponían comprar esas dos hectáreas y otras dos “de terreno que precisamos” a precio de inventario -79.225 pesetas- para avalar con ellas un crédito de más de medio millón de la época, a lo que el consistorio se negó. Hacerlo, señalaban los técnicos, suponía saltarse la ley, que obligaba a sacar a subasta los suelos en caso de decidir enajenarlos.

La confusa redacción de los expedientes municipales

Once años después, en 1959, su entonces presidente, Pablo Pineda, afirmaba que la sociedad había adquirido “los terrenos que actualmente ocupa” mediante una permuta realizada en 1944, aunque en esa fecha todavía no había sido creada. Lo hacía al proponer por carta al alcalde la venta de un terreno colindante de 1.212 metros. Sin embargo, desistió tras exigir el consistorio que presentara las escrituras de propiedad de esas cuatro hectáreas.

Cinco años después, en 1964, el ayuntamiento añadía más confusión a la situación de las 4,4 hectáreas que entonces ocupaba el club, ya que en un mismo expediente aseguraba que le habían sido cedidas en 1949, que le fueron vendidas –aunque sin especificar en qué fecha- y que el consistorio había dejado de poseerlas “por venta (o cesión)”.

“Para nosotros está todo muy claro”, explica Aurelio Colás, gerente de la sociedad Tiro Pichón desde hace doce años. Se refiere a las escrituras, fechadas a finales de los años 70, que atribuyen al club la propiedad de los 53.000 metros cuadrados sobre los que se asientan sus instalaciones, reducidas a algo menos de 41.000 con la expropiación.