Los 34 excargos de la Generalitat de Catalunya tienen hasta este jueves para recurrir la fianza de 5,4 millones de euros que les reclama el Tribunal de Cuentas en concepto de responsabilidad contable por el presunto uso irregular de fondos para las denominadas 'embajadas catalanas' y el Consejo de la Diplomacia Pública de Catalunya, conocido como Diplocat.

Las defensas de los excargos del Govern, incluidos el ex presidente catalán Carles Puigdemont y el ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, tienen un plazo de cinco días hábiles, que empezó a correr desde el pasado miércoles, para presentar recurso contra el requerimiento acordado por el órgano fiscalizador, según lo establecido en la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

La semana pasada, en el marco del acto en el que el órgano fiscalizador comunicó a las defensas y acusaciones la suma a reclamar, el exconseller de Presidencia de Catalunya y letrado de varios excargos Francesc Homs mostró públicamente su oposición a la decisión del tribunal al asegurar que era "un despropósito" que "no tiene fundamentación jurídica razonable" y "busca perseguir una ideología".

Fuentes cercanas a la causa explican que si las defensas presentan recursos, estos darán paso a que la instructora abra trámite para estudiar las alegaciones y poder así dar respuesta. Según precisan no hay un plazo fijo determinado para la resolución.

Las mismas fuentes subrayan que la presentación de recurso no paraliza el plazo de 15 días hábiles, que también empezó a correr el pasado miércoles, que tienen los excargos para depositar la fianza requerida, impuesta para que puedan hacer frente a las responsabilidades contables a las que pudieran ser finalmente condenados. Tal y como establece la normativa del órgano fiscalizador, si las defensas no abonan la caución correspondiente, se procederá al embargo de bienes.

Iniciativa de la Generalitat

En el marco del plazo para presentar la fianza, la Generalitat de Catalunya ha aprobado un decreto ley para crear un Fondo Complementario de Riesgos con 10 millones de euros que será gestionado por el Institut Català de Finances (ICF).

La intención, según reconocieron públicamente altos cargos del Govern, es que la Administración catalana actúe como contraaval del aval que presente una entidad financiera para cubrir las reclamaciones judiciales o administrativas a cargos de la Administración catalana, como es el caso de la caución que reclama el Tribunal de Cuentas.

Fuentes del órgano fiscalizador insisten en que corresponderá a la instructora decidir si prospera o no la estrategia de la Generalitat, que figura como perjudicada en el acta de liquidación provisional aunque desde el Govern no coincidan con ello.

Plazo para demandas

Una vez que se hayan abonado las fianzas y resuelto los recursos se dará traslado de la pieza y demás actuaciones al representante de la entidad del sector público perjudicada, en este caso la Generalitat, y las demás acusaciones, Sociedad Civil Catalana y la Asociación de Abogados Catalanes, para que dentro del plazo común de 20 días presenten demanda.

Si no se llega a presentar, se conferirá traslado al Ministerio Fiscal, por el mismo plazo, para que la formule si así lo considera oportuno; en caso de que tampoco presentase escrito, el órgano de la jurisdicción contable a cargo del litigio, ordenará de oficio el archivo de los autos.

Una vez finalizada esta instrucción, continuará el procedimiento en el Departamento Segundo de Enjuiciamiento, en manos de la juez Margarita Mariscal de Gante ,quien fuera ministra de Justicia del primer Gobierno de José María Aznar, al que por turno le correspondió este asunto.

5,4 millones entre 34

Según el acta de liquidación provisional, se les reclama a 34 ex cargos, incluidos el ex presidente catalán huido Carles Puigdemont y el ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, cantidades individuales por conceptos concretos que aprobaron cuando estaban en sus respectivos cargos.

La mayor suma se le atribuye al ex secretario del Diplocat Albert Royo, a quien se le responsabiliza de 3,6 millones; le siguen la ex interventora de la Generalitat Mireia Vidal, por 3,1 millones; el ex conseller de Presidencia Francesc Homs, por 2,9 millones; el ex presidente Artur Mas por 2,8 millones; y el ex conseller de Economía Andreu Mas-Colell por 2,7 millones.

En el caso de Raül Romeva, uno de los nueve indultados por el Gobierno, la cifra alcanza los 2,1 millones de euros; Junqueras, también beneficiado por la medida de gracia, figura con una responsabilidad contable de 1,9 millones, al igual que Puigdemont.

Aunque se les reclama a cada uno cantidades individuales por conceptos concretos que aprobaron cuando estaban en sus respectivos cargos, todos ellos deberán responder al total de forma solidaria hasta los 5,4 millones del total.

"Esta actuación permite ganar tiempo"

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reivindicado este miércoles la "legalidad" del fondo creado para ayudar a los ex altos cargos del Govern a quienes el Tribunal de Cuentas reclama fianzas millonarias. "Cualquier servidor público tiene derecho a ser defendido por su administración", ha sostenido el 'president' durante su comparecencia de este miércoles en el Parlament sobre "la desjudicialización del conflicto político entre Catalunya y España", comentaba Aragonès según fuentes de RTVE.

"Se ha hecho una solución que es de emergencia pero que es de cobertura general para evitar que las personas perseguidas tengan que responder con patrimonio particular unas fianzas que son indecentes. Esta actuación permite ganar tiempo para hallar una respuesta adecuada y para que se frene la causa del Tribunal de Cuentas", agregaba el presidente de la Generalitat.