BARCELONA.- Una de las consecuencias más evidentes de la larga crisis económica es el incremento de las desigualdades, con una concentración de la riqueza en grupos muy reducidos de personas mientras cada vez hay más que se encuentran en situación de total vulnerabilidad y abocadas a la pobreza. Para darle la vuelta a la situación, la solución no es la lenta creación de un empleo cada vez más precario y mal pagado, sino poner en marcha medidas mucho más radicales que garanticen un nivel mínimo de bienestar en todo la ciudadanía y que, en algunos casos, contribuyan a avanzar hacia un horizonte fuera del capitalismo. En definitiva, apostar por políticas diametralmente opuestas a las que siguen Artur Mas en Catalunya y Mariano Rajoy en el conjunto del Estado español.

Con este diagnóstico de fondo, Procés Constituent ha celebrado este sábado una jornada en Barcelona para debatir alrededor de tres grandes mecanismos que, siempre según la opinión de los ponentes, servirían para eliminar la actual pobreza estadística y que son perfectamente viables desde un punto de vista financiero si existe la voluntad política de aplicarlas. La renta básica, el trabajo garantizado y la renda garantizada de ciudadanía son las tres propuestas que se han puesto encima de la mesa y que, en palabras del sociólogo Albert Sales -moderador del debate-, son “contradictorias con la que hay ahora”. Para Sales, “actualmente hay una política muy clara de gestión de la pobreza, basada en la fragmentación y en un asistencialismo que permite mantener la tensión social suficientemente calmada para garantizar que nos sometamos a la ética del trabajo”.

En el inicio de la jornada, organizada por la sectorial de Pobreza y Exclusión Social de Procés Constituent —el movimiento liderado por la monja Teresa Forcades—, el economista Arcadi Oliveres ha querido poner en contexto que el combate contra la pobreza no deja de ser una cuestión de voluntad. “La ONU pidió 50.000 millones a los países ricos para acabar con el hambre, pero no los pudo reunir, mientras que estos mismos países destinaron 4,6 billones de dólares a rescatar a la banca. Es decir, que con el dinero gastado en salvar a los bancos se habría podido acabar con la pobreza en todo el mundo 92 veces”. Oliveres también se ha mostrado partidario de repartir el trabajo, a partir de la reducción de la jornada laboral.

Una medida en tramitación parlamentaria
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La medida seguramente menos ambiciosa pero más posibilista a nivel de implantación y la única con un cierto recorrido legislativo es la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), en tramitación en el Parlament de Catalunya como propuesta de ley después de conseguir más de 120.000 firmas a través de una iniciativa legislativa popular (ILP). Diosdado Toledano, uno de los impulsores de la ILP de la RGC, ha lamentado las “trabas burocráticas con la que nos hemos encontrado y que sólo tienen el objetivo de retrasar una propuesta de ley teóricamente tramitada por la vía de urgencia”.

El origen de la ILP fue la decisión del primer gobierno de Artur Mas de modificar en 2011 los criterios para cobrar la Renda Mínima de Inserción (RMI), una prestación de 426 euros mensuales que recibían unas 30.000 personas, con el objetivo declarado de acabar con el supuesto fraude que había en su cobro y que, posteriormente, nunca se pudo demostrar. A la hora de la verdad, la reforma supuso una reducción de los beneficiarios de la RMI y, por lo tanto, un menor coste para Generalitat. “La RGC es un derecho básico de las personas, un avance social que aunque sea insuficiente debe permitir cubrir unos mínimos vitales dignamente y supondría garantizar unos ingresos mínimos de 664 euros a todas las personas mayores de 18 años”, ha expuesto Toledano.

David Casassas: “El miedo que tienen no es que no trabajemos, sino que no trabajemos para ellos”

Según la propuesta de la ILP, la recibirían todas aquellas personas que no tengan ningún tipo de ingreso o que perciban prestaciones inferiores a los mencionados 664 euros -hasta llegar a esta cantidad-, por lo que se considera “suplementaria” y sería “incondicional”, o sea que no dependería de las “disponibilidades presupuestarias ni de la obligación de participar en acciones de inserción social y laboral”. El coste de su implementación seria de 2.100 millones de euros al año, una cifra que ha provocado el rechazo de CiU a aceptar la medida con el argumento de las actuales limitaciones presupuestarias. En este sentido, Toledano ha querido subrayar que su implantación implicaría la desaparición de las actuales prestaciones inferiores -y que según él tienen un coste de unos “700 o 800 millones anuales”- y se podría financiar además con cambios fiscales a nivel autonómico, como la “recuperación total del impuesto de patrimonio”.

Una prestación para todos
La Renta Básica supone ir un paso más lejos que la RGC, ya que se trata de una “prestación monetaria pagada por poderes públicos de acuerdo con tres principios: universalidad, incondicionalidad y individualmente”. Según ha destacado David Casassas, miembro de la Red Renta Básica, “la recibe todo el mundo, pero no todo el mundo sale beneficiado ya que con su implantación se daría una transferencia de rentas de quién más tiene hacia el resto”. Según los cálculos de sus promotores, la Renta Básica sería de una media de 622 euros mensuales por persona, cifra que se elevaría hasta los 664 en Catalunya. La principal diferencia con la RGC es que en este caso seria complementaria con el cobro de otras prestaciones y que la gente con trabajo -de hecho todas las personas- también la recibirían.

En opinión de Casassas, sus grandes ventajas son la “simplicidad administrativa, sobre todo si se compara con los actuales programas condicionales”, que terminaría con la “estigmatización de los receptores” y que marcaría un “suelo de ingresos”, a diferencia de prestaciones actuales como el paro o la RMI que implican “un techo” a sus beneficiarios. Para Casassas, además, su aplicación implicaría un “aumento del poder de negociación de los trabajadores, porque al tener garantizados unos ingresos se ganaría en capacidad para decir no a lo que se intenta imponer desde el mundo del trabajo remunerado. Sería como una caja de resistencia desagregada”. El economista Eduardo Garzón, encargado de presentar la propuesta de trabajo garantizado, ha discrepado en este punto con el argumento de que “existe el riesgo de que suponga una subvención para los empresarios, que se planteen bajar sueldos porque el cobro de la renta básica ya compensaría al trabajador”.

Lluís Torrens: "La desigualdad se situaría a niveles de los países nórdicos"

Casassas ha insistido en que la “lucha por la incondicionalidad es la gran batalla que tenemos hoy” y ha afirmado que la Renta Básica supondría “una palanca de activación de la actividad humana ahora paralizada por el capitalismo, que nos obliga a llevar a cabo determinadas tareas para subsistir”. Lluís Torrens, también integrante de la Red Renta Básico, ha insistido que con su aplicación “al menos se terminaría la pobreza estadística”. Torrens ha sido el encargado de asegurar que financiar la medida es totalmente viable y que se haría a “través de una reforma del IRPF, con la eliminación de la mayoría de las deducciones y reducciones existentes, ya que muchas son de carácter regresivo y con el ahorro de las prestaciones actuales”.

En este sentido, sus defensores no han negado que para ser realmente efectiva, la renta básica debe ir acompañada de otras medidas que se deberían aplicar a la vez, como la ya mencionada reforma de la fiscalidad, un nuevo reparto del trabajo que implique la reducción de la jornada laboral y, por lo tanto, la creación de empleo y la apuesta por nuevos sectores de trabajo. “Con todo ello, se acabaría con el paro, lo que reducíria las prestaciones a pagar, y se eliminaría la trampa de la pobreza en la que se ven atrapadas muchas personas y que les dificulta dejar de cobrar las actuales prestaciones asistenciales, y la desigualdad se situaría a niveles de los países nórdicos”, ha puntualizado Torrens. Diosdado Toledano ha añadido que la renta básica es una buena medida, pero para que se pueda batallar por ella “primero debemos garantizar que se consigue la RGC en Catalunya”, un objetivo ahora mismo no seguro teniendo en cuenta que el final de la legislatura está muy cercano si se confirma la convocatoria de las elecciones autonómicas para el 27 de septiembre.

“Miedo a que no trabajemos para ellos”

El economista Eduardo Garzón, por su parte, ha defendido también la necesidad de aplicar varias medidas a la vez para garantizar un cambio radical de modelo y acabar con el problema crónico del paro estructural que arrastra España y la convierte en un caso casi inédito en la Europa Occidental. Garzón, miembro del consejo científico de Attac, es uno de los impulsores de la propuesta de trabajo garantizado, que ha definido como el hecho “que el sector público tenga la obligación de garantizar un puesto de trabajo en condiciones dignas y de carácter indefinido a todas aquellas personas que no lo han podido encontrar en el mercado de trabajo. El Estado se convertiría en un empleador de último recurso”.

Eduardo Garzón: "Varios estudios demuestran que su implantación no tendría un coste superior al 3% del PIB"

Para que sea viable se deben de dar dos circunstancias: la disponibilidad de recursos económicos para poder financiar estos nuevos empleos y la necesidad de unos nuevos puestos de trabajo útiles desde un punto de vista económico, social, medioambiental o cultural. En el primer caso, Garzón ha querido subrayar que “varios estudios demuestran que su implantación no tendría un coste superior al 3% del PIB, muy inferior al rescate de la banca, y, además, se si llevan a cabo una serie de reformas fiscales en el Estado se podría recaudar en torno a un 6,3% del PIB más en impuestos. Por lo tanto, en términos financieros se puede garantizar un trabajo”.

En el segundo ámbito, el economista ha expuesto que se trataría de “traspasar un trabajo que ahora se hace en el ámbito privado, como el de cuidados, hacia el ámbito público, porque al fin y al cabo hablamos de una responsabilidad colectiva y, por otro lado, hay una necesidad social para llevar a cabo muchas tareas de conservación del medio ambiente y también trabajos en actividades recreativas y culturales que son socialmente necesarias”. Garzón ha expuesto que la financiación del trabajo garantizado sería estatal, pero que su gestión debería estar “descentralizada en torno al municipio y con una implicación de la sociedad civil, que con sus necesidades ayudaría a definir que puestos de trabajo son necesario”.

Garzón ha admitido que una medida de esta calibre “no se haría de la noche a la mañana” y que debe formar parte de un “paquete de más propuestas”. Los puestos de trabajo de este tipo deben garantizar un sueldo de entrada de 1.000 euros mensuales y en su diseño en el primer año se podrían crear hasta un millón de puestos de trabajo de manera progresiva, “para ver como funciona e ir adaptándolo”. Además, siempre según su visión, generar este millón de puestos de trabajo supondría un “estímulo para la economía” porque dotaría de recursos a personas que ahora no consumen y, por lo tanto, a raíz de ello se generarían nuevos trabajos adicionales.

Renta Garantizada de Ciudadanía, Renta Básica o Trabajo Garantizado, tres propuestas que están en boga de cada vez más colectivos y que Procés Constituent ha puesto a debate este sábado. En definitiva, propuestas para salir de manera estructural de esta gran crisis capitalista y cuya implantación genera pavor a la patronal y a los partidos de derecha, porque como ha resumido David Casassas “el miedo que tienen no es que no trabajemos, sino que no trabajemos para ellos”.