La Presidencia de la Comunidad de Madrid, con Esperanza Aguirre a los mandos, sirvió entre 2005 y “hasta por lo menos el año 2010”, para desviar “importantes cantidades” de dinero público para pagar gastos electorales encubiertos del Partido Popular, para “enriquecer ilícitamente” a quienes diseñaron este entramado, y para nutrir “la conocida como ‘caja B' del PPCM".

Así lo recoge el auto del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón dado a conocer este lunes, que confiere a Aguirre y a la también expresidenta de la Comunidad de Madrid del PP, Cristina Cifuentes, el estatus de investigadas. A lo largo de 85 páginas en las que destaca el papel “decisivo y esencial” de Aguirre a la hora de orquestar la red del PP madrileño para financiarse ilegalmente, el magistrado detalla que el dinero desviado de las arcas públicas de las Consejerías, las entidades públicas dependientes y Fundescam, podría haber tenido básicamente tres destinos.

De hecho, y con las cuentas del empresario Daniel Horacio Mercado -también imputado- sirviendo como “como canal de trasvase inicial” para estas transferencias, García Castellón señala que este dinero “nutriría la conocida como ‘caja b’ del PP de la Comunidad de Madrid”.

Esta caja paralela, controlada por el gerente y tesorero madrileño, Beltrán Gutiérrez, también imputado, habría servido al partido de Aguirre para sufragar “gastos de diversa índole [entre ellos "actos privados" del partido] mediante entregas de dinero en efectivo”. 

La sentencia de la Audiencia Nacional que condenó al PP como partícipe a título lucrativo de la trama corrupta Gürtel, dada a conocer en mayo de 2018, ya dio por probada la existencia de la contabilidad opaca del partido a nivel estatal, siempre negada por los conservadores. En lo que respecta a la Comunidad de Madrid, García Castellón apunta que esta caja b “permitió al investigado Beltrán Gutiérrez omitir en la contabilidad oficial del PP" madrileño, y "en la contabilidad electoral de cada campaña investigada, las partidas de los gastos que atendieron” realmente. Esto es: el dinero gastado realmente.

En concreto, el juez considera que el PP de Aguirre “atendió subrepticiamente desde dicha cuenta parte del coste de las campañas a las elecciones autonómicas de los años 2007 y 2011, y a las elecciones generales de 2008”. Los distintos servicios contratados en la antesala de estos comicios se los encargó “a sus proveedores de confianza, con la finalidad de conseguir una gran puesta en escena y mayor divulgación”. Por ejemplo, en las elecciones de 2011 gastó el doble del límite legal permitido.

El auto destaca en varias ocasiones que las campañas del PP “sobrepasaban, por su fastuosidad, el límite de gasto legal previsto en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG)”. El hecho de manejar este dinero en efectivo “permitió al investigado Beltrán Gutiérrez omitir ese gasto y ocultarlo a la Cámara de Cuentas y al Tribunal de Cuentas”.

Según el juez, la estrategia del PP “de forma continuada se repitió en las tres campañas electorales”, “con el ánimo de ocultar”, para burlar la ley, la naturaleza del gasto, “que era electoral”. Las cuentas utilizadas para sufragar gastos de estas citas electorales fueron tres: la cuenta del partido, desde la que “pagó encubiertamente gastos electorales” -falseando las fechas de distintas facturas, o abonándolas después de que transcurrieran los plazos legales-; la cuenta de Fundescam y la propia “caja b”. Gutiérrez, insiste el juez, “no reflejaba” estos pagos en la contabilidad electoral, “sustrayendo dichas partidas a la fiscalización de la Cámara y el Tribunal de Cuentas de Madrid”.

En esta línea, el tesorero habría llegado a omitir “intencionadamente” en sus balances contables “partidas de gastos que llegaron a superar en más del 50% el límite de gasto permitido”. “En paralelo a la contabilidad que presentó en cada campaña ante la Cámara de Cuentas y el Tribunal de Cuentas, llevaba también una contabilidad b, donde sí que reflejaba los verdaderos gastos de las campañas, el origen de los fondos aplicados y la forma en que el PPCM afrontaba el pago de los mismos”.

Sin ir más lejos, el límite legal para la campaña autonómica de 2011 estaba en 3.229.342 euros, pero la documentación opaca de Gutiérrez recoge que el PP habría gastado en realidad casi el doble: 6.200.000 euros. Para su fiscalización, el tesorero conservador presentó un balance que apenas sumaba 2.986.624 euros gastados.

En este sentido, el auto incide en la labor de "supervisora última" de Aguirre, en su "papel decisivo". "La investigación arroja indicios racionales de que sería quien ideó la búsqueda de recursos que financiaran las campañas que ella misma seleccionaba". "La normativa reguladora de las elecciones era conocida por las personas integraron comités campaña”, afea el juez a los dirigentes del PP que adoptaron esta línea de actuación.

Por otro lado, además de "nutrir" la caja b, el dinero público desviado serviría también para pagar “encubiertamente” los servicios del empresario Mercado, que fueron omitidos de la contabilidad electoral presentada por el PP en 2007. “Indiciariamente”, apunta el auto, también “enriquecería ilícitamente a alguna de las personas que se situaron detrás de las adjudicaciones amañadas desde los distintos entes o Consejerías", abunda la resolución judicial.

El "afán de enriquecimiento" del "recaudador" Granados

A su vez, en lo que respecta concretamente a la campaña para las autonómicas de 2007, el auto defiende que la investigación “arroja indicios” de “la existencia de una caja b”, “que se nutría con ingresos de dinero en efectivo de procedencia desconocida”, vulnerando así lo dispuesto en la LOREG y en la Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos.

Para “nutrir” esta caja, y según el "argot" empleado en el PP, era necesaria la labor de los "recaudadores”, entre los que destacan Granados e Ignacio González, expresidente de la Comunidad y delfín de Aguirre. El juez sostiene que ambos recibieron “entregas de dinero en efectivo”, y destaca “el afán de enriquecimiento de Granados”.

En esta línea, afirma que “no hizo llegar todo el dinero recaudado de empresarios contratistas de la CAM al investigado Beltrán Gutiérrez para su depósito en la caja b del partido, ya que concertó con los investigados Ignacio Palacios y Javier López Madrid” desviar “parte de dicho efectivo en pro de todos ellos”. Así, habría hecho llegar “a las arcas del PPCM una cantidad menor” de la recaudada, “como reflejan las propias anotaciones” de su agenda.

Para muestra, recoge los pagos de donantes por un total de 1.910.000 euros a Granados, que finalmente sólo habría hecho llegar a Gutiérrez 1.460.000 euros. Los 450.000 restantes los habría repartido con el empresario López Madrid y con el también investigado Palacios. La prueba del "afán de enriquecimiento" del "recaudador", según el juez.