Todas las orejas estaban pegadas a los altavoces de los teléfonos móviles en la Plaza de las Cortes de Madrid. Dentro del Congreso de los Diputados se estaban realizando las votaciones del pleno, entre ellas, la de la ratificación del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el trabajo decente las trabajadoras y trabajadores domésticos. Afuera, decenas de empleadas del hogar esperaban el resultado con los delantales puestos y las escobillas de váter listas para ser alzadas a modo de celebración. Y se han alzado después de conocerse el consenso total de los grupos parlamentarios, 341 votos a favor, cero en contra y una abstención.

Llevaban once años esperando este paso tantas veces prometido por los distintos gobiernos pero nunca dado hasta ahora. Era uno de los puntos del acuerdo de Gobierno de coalición y con él se inicia el proceso para equiparar sus derechos laborales a los del resto de trabajadores del país. O como ellas han resumido en un grito unánime, "se acabó la esclavitud" que supone el régimen especial de la Seguridad Social para este sector, que les deja sin derecho a paro, con pensiones muy reducidas, sin ley de prevención de riesgos laborales y con una modalidad de despido arbitrario y sin apenas indemnización denominado desistimiento.

Hasta Madrid han venido representantes de colectivos de empleadas del hogar de Galicia, Zaragoza, Cáceres, Granada o Sevilla; todas mujeres, ya que conforman la práctica totalidad de un sector en el que las personas extranjeras son abrumadora mayoría. Algunas han seguido la sesión como invitadas desde la tribuna del Congreso, otras han acudido a la concentración convocada por la Asamblea Feminista por un Empleo de Hogar con Derecho, pero todas llevan más de una década empujando para acabar con una discriminación histórica que ya ha sido también condenada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

"Ha sido un pequeño avance y al mismo tiempo una gran victoria. Esta ha sido nuestra bandera de lucha, de la que hicimos una herramienta para presionar al Estado y lograr la prestación por desempleo y otros derechos negados", explicaba Carolina Elías, portavoz de Servicio Doméstico Activo (SEDOAC), una de las organizaciones que ha trabajado para que esta reivindicación se llevara al Congreso. "Pero ahora hay que dar muchos más pasos para que esos derechos de materialicen", advierte.

"La emoción es indescriptible. Es historia, después de tantos años de lucha por fin lo hemos conseguido. Es un premio a todo nuestro esfuerzo", explicaba a Público Janina Flores, peruana de 42 años. Lleva dos décadas en España y el trabajo doméstico ha sido siempre su oficio, aunque gran parte del tiempo lo ha pasado sin contrato y en situación irregular, como más de 150.000 empleadas, según calcula la última encuesta de Población Activa. Sabe que esta votación es solo el inicio, "ahora tiene que empezar la maquinaria para cambiar la ley y darnos los mismos derechos que al resto", resume. "Nuestra vida va a cambiar mucho", confía.

España tiene doce meses de plazo para implementar los cambios normativos que adecúen su legislación, y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya ha asegurado en distintas ocasiones que el texto está muy avanzado y que es cuestión de días o semanas que se presente. Irá más allá de lo que dicta el convenio de la OIT, será una ampliación de derechos "en sentido extenso", ha afirmado. Por eso ha sido la primera diputada que ha salido del Congreso para celebrar la ratificación junto a las trabajadoras, entre aplausos, abrazos y muchas lágrimas de emoción por parte del colectivo.

"Yo acabé en un CIE por hacer mi tgrabajo"

Delia Servín asegura que para ella es "especialmente emotivo". Paraguaya, de 55 años, pasó 11 de ellos trabajando como interna en casa de una familia madrileña sin contrato y en situación irregular. "Yo acabé en un CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros) por hacer mi trabajo", resume. Intentaba salir a la calle lo mínimo precisamente para evitar esta situación, porque no tenía papeles. Pero un día, en un control policial en el metro le pidieron la documentación que nunca tuvo, fue detenida e internada para su deportación. "Fue un 23 de diciembre, iba a comprar la comida para la cena de navidad de la familia para la que trabajaba", recuerda entre lágrimas la mujer, que logró evitar su expulsión del país tras cinco años de pelea legal. "Seguí trabajando en esa casa durante esos cinco años, sin salir a la calle, ni siquiera al parque, totalmente esclavizada por miedo", sostiene.

"Vinimos a trabajar, a cuidar a las personas que más quieren las familias, a sus niños y sus mayores. Y en un día de descanso te detienen y te llevan a una cárcel racista", sentencia. Sabe que el convenio de la OIT no va a cambiar esto, aunque confía en que pronto se modifique la Ley de Extranjería que obliga a los migrantes a pasar al menos tres años en la irregularidad para poder solicitar el permiso de residencia.

"No estamos todas, faltan las internas"

La alegría era total en una concentración que no ha dejado de recordar a las trabajadoras que no han podido acudir a celebrarlo. "No estamos todas, faltan las internas", han coreado en repetidas ocasiones para tratar de visibilizar a este colectivo que vive de puertas adentro, en las casas de las familias que son al mismo tiempo su centro de trabajo y donde se dan más casos de abusos laborales.

"Este convenio ha llegado demasiado tarde para muchas compañeras que se han ido a sus países con una mano delante y la otra detrás", comentaba una de las portavoces que ha cogido el micrófono. "Muy tarde para las que han muerto aquí y no han podido ver este avance de derechos. No nos olvidemos de ellas, porque esta lucha servirá para las compañeras que vengan", añadía.

Pese a la alegría, todas han advertido de que ahora "no van a dormirse en los laureles", que esta ratificación es "un primer escalón", que hoy termina nada, simplemente empieza todo y que van a tener que seguir presionando para que sus reivindicaciones se conviertan en derechos conquistados.

Entre las medidas que han propuesto al Ministerio de Trabajo, los colectivos piden su incorporación al Régimen General de la Seguridad Social y la eliminación del régimen especial para el empleo doméstico, la supresión del disentimiento (el formato de despido sin alegar las causas y con indemnizaciones de entre siete y doce días por año trabajado), el derecho a paro, cotizar para el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), equiparar las pensiones a las del resto de trabajadores, aplicar en el sector la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el reconocimiento de las enfermedades profesionales asociadas al sector. Al mismo tiempo quieren facilitar inspecciones de trabajo y las denuncias de irregularidades para las trabajadoras internas y más control para garantizar los descansos, salarios e intimidad y medidas que faciliten los trámites para la contratación y de las casi 200.000 trabajadoras sin contrato, con independencia de que estén o no en situación administrativa regular.