El presidente de la Generalitat, Quim Torra, afirmó al declarar como investigado ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por presunta desobediencia a la Junta Electoral Central (JEC) por no retirar los lazos amarillos de edificios públicos en periodo electoral: "Sí, desobedecí, porque yo me debo a un mandato superior de la ciudadanía de defensa de los derechos humanos".  

Así se desprende del audio de la declaración de Torra el 15 de mayo, al que ha tenido acceso TV3, en el que también Torra explica que no dictó la orden de retirar los símbolos porque consideró: "era una orden manifiestamente ilegal dictada por un órgano que no era competente en absoluto, no era una autoridad competente superior a mí".   

Tras esta declaración, el TSJC ha procesado al presidente de la Generalitat por presunta desobediencia a la orden de la JEC de retirar estos símbolos de los edificios públicos durante la campaña electoral, después de abrir un procedimiento a raíz de una querella de la Fiscalía Superior de Catalunya.

"Todas las decisiones que se tomaron en ese momento fueron mías. La última responsabilidad de todo lo que pasó fue mía. El hecho de mantener pancartas en defensa de libertad de expresión y de los derechos humanos fue mía", dijo Torra.
Al ser preguntado por el cambio de pancarta -de un lazo amarillo a uno blanco tachado en rojo-, dijo al juez: "No tuvo ninguna relevancia, seguimos enviando el mismo mensaje".

Para Torra, no atendió a la orden de la JEC porque consideró que "implicaba, si se tuviera que cumplir, unas competencias de las que no disponía en absoluto como presidente de la Generalitat", y porque él se debe a la defensa de los derechos fundamentales de toda la ciudadanía, y por lo tanto su libertad de expresión.
En su declaración, lamentó: "Me pedían que yo dictara una orden para la que no era competente", y resaltó su imposibilidad absoluta de tirar adelante una orden como esa, en sus palabras, porque suponía ambigüedad e indefensión.

Sobre este punto, Torra añadió que esperaba que la Fiscalía, como garante de la legalidad, llegara a la conclusión de que estaban "ante un acto nulo emitido por un tribunal incompetente". También cuestionó que la resolución la dictara la Junta Electoral Central (JEC) cuando el órgano competente era, a su juicio, la Junta Electoral Provincial.