La práctica totalidad de los exdirigentes de las antiguas cajas de ahorros que han sido condenados en los tribunales por su gestión al frente de estas entidades han evitado la cárcel, y los poquísimos que llegaron a pisarla estuvieron poco tiempo entre rejas.

Con alguna sonada excepción, como el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, o los exdirectivos de las cajas gallegas, los administradores de las cajas de ahorros han sufrido más la pena de banquillo que el efectivo ingreso en prisión.

Transcurrida una década desde el inicio de la crisis, y tras una cascada de procesos judiciales, el balance es nítido, y a día de hoy no hay ni uno preso. Más difícil parece que pueda evitar ir a la cárcel el expresidente de Caja Madrid y Bankia Rodrigo Rato, al que el Tribunal Supremo ha confirmado esta semana la pena de cuatro años y medio por apropiación indebida por el uso de tarjetas "black".

Pese a que puede recurrir ante el Tribunal Constitucional, el trámite no evitará que se haga efectiva, ya que al tratarse de una condena de cuatro años y medio por un único delito no hay opción de suspenderla; de este modo, una vez notificada, el Supremo devolverá las actuaciones a la Audiencia Nacional, que emitirá la ejecutoria para el ingreso en la cárcel que él elija.

Rato no sería ni mucho menos el primer responsable de un banco que entra en la cárcel por la gestión de una entidad financiera investigada tras el estallido de la crisis en 2007 y la posterior reestructuración del sector, un periodo en el que se han sucedido las intervenciones de cajas y los procesos judiciales.

Esa distinción recae en su predecesor al frente de Caja Madrid, Miguel Blesa, que en mayo de 2013 pasó menos de un día en la prisión madrileña de Soto del Real por la supuesta comisión de varios delitos en la compra en 2008 de City National Bank de Florida. Tras abonar la fianza, apenas un mes después volvió a la cárcel en base a nuevas pruebas, aunque cinco días más tarde otro tribunal anuló dicha investigación.

Los que han sufrido la pena de banquillo

Hubo que esperar hasta enero de 2017 para que cinco exdirectivos de Novacaixagalicia Banco, condenados a dos años de cárcel por las prejubilaciones de 14 millones de euros que se concedieron a sí mismos antes de abandonar la entidad bancaria, fueran efectivamente a la cárcel.

Pero uno de ellos, el expresidente Julio Fernández Gayoso, fue puesto en libertad en razón de su avanzada edad -85 años- en tanto que el resto de exdirectivos logró un año después beneficiarse del régimen de prisión atenuada con salidas diarias para realizar labores de trabajo social.

Tampoco los cuatro exdirectivos de Caixa Penedès acusados de engordar sus pensiones millonarias de forma irregular ingresaron en prisión tras haber sido condenados a penas de entre 1 y 2 años de cárcel, ya que reconocieron los hechos y devolvieron los 28,6 millones que cobraron por ellas.

No ha pisado la cárcel la antigua cúpula de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), directivos a los que la Audiencia Nacional condenó a hasta cuatro años de prisión por "distorsionar" los estados contables entre 2010 y su intervención en 2011, ya que la sentencia se encuentra recurrida en el Supremo.

Ni el expresidente de Caja Castilla la Mancha, Juan Pedro Hernández Moltó, y el ex director general de la entidad Ildefonso Ortega, condenados a dos años de cárcel y una multa de 29.970 euros a cada uno por falsear las cuentas de la caja.

El penúltimo episodio ha comenzado esta semana, con el inicio del juicio contra la antigua cúpula de CatalunyaCaixa, entre los que se encuentran su expresidente y exvicepresidente del Gobierno Narcís Serra, que se enfrenta a una petición de 4 años de cárcel.