El Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite la querella del PP por prevaricación contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por nombrar a su predecesora, la exministra de Justicia Dolores Delgado, como fiscal de Sala, al no apreciar indicios de delito en su propuesta de nombramiento.

El PP denunció que el fiscal general nombró a Delgado, apartándose del criterio del Consejo Fiscal que apoyó al otro candidato, con la finalidad de "pagar una deuda personal de gratitud" y "procurar que la anterior fiscal general del Estado se reincorporara a la carrera fiscal en la más elevada categoría", por lo que su propuesta fue arbitraria e injusta y generaba un descrédito de la institución.

Además, la querella aludía a la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo en la que constató la existencia de desviación de poder del fiscal general en este nombramiento como fiscal togada del Supremo.

Pero el alto tribunal no aprecia "ningún indicio de criminalidad que justifique la apertura de un proceso penal" descartando el delito de prevaricación administrativa porque el fiscal general hizo una propuesta, pero carecía de poder decisorio sobre el nombramiento dado que dicha atribución correspondía al Consejo de Ministros".

Destaca el auto que "no cabe trasladar de forma automática la desviación de poder apreciada en sede contencioso-administrativa al ámbito penal del delito de prevaricación".

Porque para el reproche penal "no es suficiente la mera ilegalidad, la simple contradicción con el Derecho, pues ello supondría anular en la práctica la intervención de control de los Tribunales de orden contencioso administrativo, ampliando desmesuradamente el ámbito de actuación del Derecho Penal, que perdería su carácter de última ratio".

En cuanto al delito de nombramiento ilegal, el tribunal lo descarta ya que "Delgado reunía formalmente los requisitos establecidos en la normativa vigente" para la vacante.