La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo celebra este martes el juicio contra el diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez, ex secretario de Organización del partido 'morado', por un presunto delito de atentado contra agente de la autoridad y otro leve de lesiones. En concreto, se le acusa de propinar una patada a un agente durante una manifestación, en 2014, en La Laguna (Tenerife) contra la ley de Educación del Partido Popular. 

La Fiscalía pide para el diputado canario una pena de seis meses de prisión, inhabilitación para el sufragio pasivo por el tiempo de condena, una multa de 180 euros y una indemnización de 250 euros para el policía al que supuestamente agredió. Por su parte, Rodríguez niega los hechos, se declara inocente y está dispuesto a llegar hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ante una hipotética condena "basada única y exclusivamente en el falso testimonio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", según fuentes cercanas al diputado de Unidas Podemos. 

Los hechos se remontan a enero de 2014, hace siete años y nueve meses. Rodríguez, que se convertiría en diputado de Podemos dos años después, participó en una manifestación contra las políticas de austeridad del Gobierno de Mariano Rajoy y con motivo de la visita del ministro de Educación, José Ignacio Wert, a Tenerife para inaugurar la remodelación de la Catedral de La Laguna. Las movilizaciones por toda España contra la política educativa del PP fueron una constante.  La conocida como Ley Wert planteaba recortes para la educación pública en detrimento de la concertada y un tijeretazo a las becas. La Universidad de La Laguna, como otras muchas, perdió numerosos estudiantes por no poder pagar las tasas. En aquella coyuntura de malestar social y estudiantil se desarrolló pacíficamente la manifestación en La Laguna contra el ministro de Educación, para la que el Gobierno envió 300 antidisturbios a la ciudad. 

La manifestación, legalmente convocada, partió de la Plaza del Ayuntamiento y discurrió por las calles del centro histórico de la ciudad. A la altura de la Catedral --aproximadamente a la mitad del recorrido de la manifestación-- se produjeron encontronazos entre manifestantes y la Policía ante el vallado de seguridad, que desembocaron en cargas policiales y en la detención de cuatro personas. La Fiscalía sitúa en ese escenario a Rodríguez, a quien acusa de ser el responsable de la patada que recibió un agente, lo que le provocó una contusión en la rodilla izquierda.

Sin embargo, Rodríguez niega estos hechos, alegando en su declaración en la fase de instrucción que se encontraba a cientos de metros de la zona de los altercados.

La acusación no ha aportado más prueba de la supuesta patada que el testimonio del policía y sus partes médicos. El Supremo admitió todas las pruebas propuestas por la Fiscalía, entre ellas la testifical de dos policías que participaron en la protesta. En cambio, rechazó las presentadas por la defensa al considerar que no tienen relación con los hechos. Rodríguez pedía la testifical de dos sanitarias y la reproducción de vídeos de la protesta, donde no se ve al dirigente de Podemos en la zona del vallado, sino más atrás.

Finalizada la manifestación en cuestión, Rodríguez se dirigió junto con decenas de personas a la entrada de la comisaría de la Policía Nacional de la ciudad a la espera de que las cuatro personas detenidas fueran puestas en libertad. Entonces volvieron a producirse cargas y una quinta persona fue detenida. 

Al cabo de tres o cuatro meses, Rodríguez se enteró de que figuraba en la causa como un detenido más, aunque ni fue identificado ni tuvo encuentro alguno con la Policía el día de la manifestación. Acudió entonces al juzgado, donde declaró que acudió a la manifestación pero que no participó en ningún incidente con el vallado "ni produjo agresión alguna a ninguna policía, no fue identificado ni detenido ese día". El proceso judicial quedó paralizado durante años, reactivándose siete años después --cuando Alberto Rodríguez era ya un alto cargo de Unidas Podemos-- con una instrucción en el Tribunal Supremo dada la condición de aforado del acusado.

Las especiales circunstancias de este caso --la imputación del diputado de Podemos sin haber sido detenido en el momento de la presunta agresión y la inexistencia de pruebas contra él, salvo el testimonio del policía presuntamente agredido-- han provocado que el proceso sea calificado de "montaje policial" por fuentes cercanas a Rodríguez.  "No solo está en cuestión el derecho a la tutela judicial efectiva, sino que el montaje policial y el posterior proceso judicial ponen en tela de juicio el derecho de reunión y de manifestación en el Estado español", indican fuentes cercanas al diputado canario, que subrayan que no existe ni una sola imagen de entre los numerosos vídeos que se grabaron el día de la manifestación donde se pueda ver a Rodríguez dando esa supuesta patada al agente.

Estas fuentes añaden que "si basta con una simple declaración policial, carente de prueba objetiva alguna para acusar a una persona y someterla a un calvario judicial y mediático durante años, el derecho a reunión y manifestación se encuentra claramente cercenado. El objetivo de criminalizar la protesta social e intentar evitar así cualquier tipo de disidencia política es claro y meridiano en este asunto".