Si el Gobierno acabó el pasado año con discrepancias sobre los desahucios, el salario mínimo interprofesional o las pensiones, empieza este año con nuevas diferencias en torno a cómo afrontar el encarecimiento de la luz o por la investigación parlamentaria en torno al rey emérito.

Ambos temas han vuelto a poner de manifiesto planteamientos radicalmente diferentes entre ambas formaciones, como demuestra el hecho de que Unidas Podemos pida una empresa pública de energía, algo que el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, rechazó categóricamente; o los reiterados intentos parlamentarios de la formación morada para investigar los escándalos del rey emérito, cuando la ministra de Defensa, Margarita Robles, dejó muy claro que para los socialistas el Congreso no debe abrir una investigación sobre el monarca.

El encarecimiento en el recibo de la luz forzó varios movimientos en Unidas Podemos y desde el pasado martes los de Pablo Iglesias empezaron a marcar su posición en este asunto, aunque no han querido abrir un conflicto con este asunto, al menos de momento. Uno de los primeros en hacerlo fue el ministro de Consumo, Alberto Garzón, que a través de un mensaje en sus redes sociales trató de explicar, en la misma línea que el resto del Gobierno, a qué se debía esa subida y denunció que la estructura y el diseño del mercado energético tendía al encarecimiento del recibo de la luz y afectaba a los consumidores más vulnerables.

Garzón recordó que el Ejecutivo había logrado reducir en un 40% el precio de la energía en el mercado mayorista y aseguró que se estaba trabajando "en lograr reformas para bajar el precio de la electricidad y corregir problemas estructurales que arrastramos desde hace décadas y que se agudizan por la crisis ecológica provocada por el actual modelo de producción y consumo".

En este mismo mensaje, el titular de Consumo defendió la recuperación de una empresa pública de energía que "no controlaría el mercado ni es la panacea, pero mejoraría el margen de acción pública y se conseguiría cambiar la estructura de mercado. Es también un instrumento útil que ayudaría a bajar los precios".

Este miércoles Unidas Podemos elevó la presión sobre la parte socialista del Gobierno y exigió que se impulse "ya" la reforma del mercado eléctrico pactada en el acuerdo de coalición para que los denominados "beneficios caídos del cielo" de las grandes energéticas (fruto del sistema marginalista que cobra toda la energía ofertada al precio más caro de la cartera, aunque los costes de producción sean distintos en cada caso), se destinen a reducir el precio de la factura de la luz.

"Las empresas que explotan estas centrales reciben importantes beneficios caídos del cielo, dado que ya se les reconocieron en su día unos Costes de Transición a la Competencia que les permitieron recuperar sus inversiones iniciales. Ahora es necesario destinar esos beneficios caídos del cielo a reducir directamente el coste del suministro eléctrico", defendieron desde Unidas Podemos.

Inmediatamente después, desde el PSOE se salió respondiendo que ya se habían hecho reformas desde el Gobierno para abaratar dichos precios y garantizando nuevas reformas, matizando que siempre con "el máximo respeto a la legalidad europea".

El PSOE, que quiso responder en tono positivo, puso en valor que ya se han producido cambios regulatorios muy importantes impulsados por el Gobierno de coalición, recordaron que el precio de la luz bajó en 2019 y reiteraron el compromiso de cumplir íntegramente los acuerdos pactados en esta materia para la formación del Gobierno.

También la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, quiso limar asperezas y, aunque reconoció que hay tres o cuatro opciones distintas respecto a cómo abordar el diferencial de costes en cada una de las tecnologías, se buscará una salida consensuada en el primer semestre de 2021.

De nuevo, el rey

Y, de nuevo, el tema del rey emérito volvió a enfrentar a los socios del Gobierno. Los sucesivos vetos del PSOE a las comisiones de investigación sobre las finanzas del rey emérito en el Congreso siempre han sido criticados por Unidas Podemos. El primer secretario de la Mesa de la Cámara Baja, Gerardo Pisarello, ha rechazado los informes de los letrados que establecían la existencia de una "inviolabilidad permanente" para Juan Carlos I y ha alertado en varias ocasiones de que la impunidad de la monarquía y la ausencia de responsabilidades remaban en contra de la propia Corona.

Tras el aval de los letrados en el Congreso anunciado este martes, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, advirtió de que ya no habría "excusa", y permitir o no que se investigue las finanzas del rey emérito en la Cámara Baja pasaba a ser una decisión "puramente política".

La ministra de Defensa, Margarita Robles, salió en defensa del rechazo del PSOE, PP y Vox a la comisión de investigación y advirtió de que no es bueno "cuestionar las instituciones en una democracia sólida y seria".

La secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, salió al paso de estas declaraciones a través de un mensaje en sus redes sociales: "Que el Congreso investigue, como han reconocido sus letrados que puede hacer, las actividades presuntamente ilegales de Juan Carlos, es precisamente defender las instituciones". Belarra calificó de "decepcionante" proteger "los privilegios y alinearse con la derecha y los ultras", en referencia al veto a la comisión sobre las finanzas del emérito en la Mesa del Congreso gracias a los votos de los de Sánchez, los de Casado y los de Abascal.

Al PSOE se le ha acabado el escudo del informe de los letrados, pero fuentes socialistas aseguraron que eso no va cambiar su posición de fondo, que pasa por no permitir una comisión de investigación en el Congreso sobre la figura del rey emérito y dejar el caso en manos de la Justicia.

Pese al ruido de las declaraciones de unos y otros, en el fondo de ambas polémicas se vislumbra otro talante para dirimir las discrepancias con respecto a otras ocasiones, donde los enfrentamientos han sido más directos.