Desde el estallido del caso Pegasus, la tensión entre el Gobierno y sus socios, lejos de diluirse, ha ido creciendo a lo largo de los días por las escasas explicaciones y diferentes versiones planteadas por parte del Ejecutivo. Y todo ello a pesar de que este escándalo político con consecuencias incalculables afecta al propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la ministra de Defensa, Margarita Robles.

ERC, EH Bildu, PDeCAT, Junts y la CUP, los partidos afectados por este escándalo con dirigentes y diputados espiados entre sus filas, y también (en su mayoría) aliados parlamentarios, así como Unidas Podemos, PNV, Más País y Compromís han pedido de forma reiterada que se depuren responsabilidades (en forma de dimisiones) y una comisión de investigación pública en el Congreso.

Esa petición fue rechazada este martes por el rechazo de PSOE, PP, Vox y Cs. Y es que, los socialistas insisten en otras vías para esclarecer los hechos presuntamente delictivos al tratarse de material clasificado con arreglo a la ley franquista de secretos oficiales. Una de esas vías es la conocida como comisión de secretos oficiales, que este jueves echa a andar en esta legislatura (lleva sin reunirse desde el 3 de marzo de 2019) con la comparecencia de la directora del Centro Nacional de Seguridad (CNI), Paz Esteban.

El objetivo de su presencia es explicar las conclusiones del ejercicio del control interno abierto en el seno del servicio de inteligencia a raíz del espionaje a dirigentes y activistas relacionados con el independentismo a través del sistema israelí Pegasus. Si bien, el carácter reservado de la comisión, en la que sus sesiones "serán secretas y sus miembros vendrán obligados a no divulgar las informaciones obtenidas" hace que los portavoces de los grupos afectados por este escándalo y de los socios parlamentarios aguarden la cita "sin esperanzas de salir satisfechos".

Este es el sentir que trasladan desde Unidas Podemos, ERC, PNV, EH Bildu, Junts y la CUP antes de la comparecencia de Esteban, cuya continuidad al frente del CNI está en el aire. Los portavoces de estos partidos estarán presentes en la comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados al ser elegidos el pasado jueves, justo dos días después de que la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, propusiera rebajar las mayorías para desatascar la constitución de este órgano parlamentario.

"Tengo la limitación de explicar cosas que mañana explicará la directora del CNI", ha emplazado este miércoles la ministra de Defensa durante su comparecencia en la comisión del ramo en la que, a pesar de no versar sobre esta cuestión, se ha visto obligada a responder a las críticas de estos grupos por su gestión, aunque ha pasado de puntillas sin ofrecer nuevas explicaciones.

Tras hacer un alegato en favor de los servidores públicos, la ministra ha salido en defensa de Paz Esteban, quien "está teniendo que aguantar estoicamente imputaciones". Asimismo, ha avanzado que este jueves presentará "toda la documentación posible", con lo que confía tranquilizar a estas fuerzas políticas y rebajar las tensiones. Una defensa que se contrapone con lo mostrado esta misma semana por Moncloa, desde donde evitaron descartar una posible dimisión de la directora del CNI. 

Pero la ministra no ha convencido a sus portavoces ni estos grupos esperan sacar nada en claro tras la comparecencia de la directora del CNI en la comisión de secretos, un lugar en el que "solo se cuentan chascarrillos", como calificó el líder de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, tras la experiencia de su antecesor, Joan Tardà, en dicho órgano parlamentario. "En la comisión de secretos me dijo Tardá que el director del CNI se dedicó la última vez a rajar de Corinna", ha confesado en los últimos días el diputado republicano.

Para los representantes de estas fuerzas políticas, la solución ofrecida por el Gobierno para esclarecer los hechos, más allá de lo que se dirima en esta comisión, es "insuficiente" porque al tratarse de material clasificado, la ciudadanía "seguirá a ciegas". "Y las explicaciones, la gente merece que sean públicas", remachan desde ERC. Por tanto esta formación como el resto de partidos afectados por el escándalo piden una comisión pública con "luz y taquígrafos", una solución que el Ejecutivo rechaza con la esperanza de que la Justicia sea quien investigue lo sucedido, como ha trasladado la ministra de Defensa este mismo miércoles.

Moncloa presume de transparencia

Desde el Palacio de la Moncloa, según las fuentes consultadas por Público, destacan que la comparecencia de Robles fue "muy clara" y que se han dado las explicaciones necesarias. La actitud de la ministra de Defensa durante la pasada semana provocó cierto revuelo interno en el PSOE, especialmente por la contraposición con la actitud dialogante del ministro de Presidencia, Félix Bolaños. 

Sobre la comisión de secretos, en el Gobierno consideran que supondrá subir "un peldaño más en la escalera de transparencia" que dice mantener el Ejecutivo de Sánchez. En Moncloa son conscientes de las limitaciones que tiene esta comisión por la propia naturaleza secreta de la misma, pero confían en que las explicaciones de la directora del CNI sirvan para "aclarar algo más las cosas".

El Ejecutivo ha hecho gala de "ir paso a paso" en el asunto del espionaje. A la comparecencia de Esteban suman también la investigación interna puesta en marcha dentro de los servicios de inteligencia, así como el proceso iniciado por el Defensor del Pueblo y la propia denuncia judicial presentada ante la Audiencia Nacional.

Por otra parte, desde el Gobierno siguen llamando a la cautela en relacionar el espionaje con países concretos como Marruecos. "Nosotros en aras a la prudencia tenemos que ser muy prudentes antes de hacer una consideración. Yo entiendo la preocupación y espero que se comprenda que no podamos hacer esas consideraciones sobre futuribles, sobre hechos que no están contrastados", respondió este miércoles la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, en una entrevista con Onda Cero. 

Moncloa está también trasladando el mensaje de que el espionaje a los móviles de Sánchez y Robles no se conoció hasta el pasado fin de semana. Según la denuncia que consta en los tribunales, el líder del Ejecutivo fue espiado el 19 y 31 de mayo. Por esas fechas, como han publicado varios medios de comunicación, la exministra de Exteriores, Arancha González Laya, fue espiada en medio de una crisis sin precedentes con el país marroquí y la acogida en España del secretario general del Frente Polisario, Brahim Ghali. El Gobierno, según las fuentes consultadas, mantiene que ese hecho no les consta.