Tres sobrinas de Rita Barberá, antigua alcaldesa de València, han asegurado durante el juicio por el caso Azud, que parte de su patrimonio viene de un premio de la lotería ganado por su padre, el abogado José María Corbín. Esta macrocausa investiga a políticos de la esfera del Partido Popular y el Partido Socialista del País Valenciá y sus vinculaciones con empresas de la construcción.

La empresa familiar Corbín Abogados se repartió en un 16% a cada una de las hijas del letrado, después de que le diagnosticaran un cáncer de pulmón en 2009. Las investigadas han señalado que la compañía nunca repartió dividendos. Además, dos de ellas han admitido haber trabajado en el despacho pero nunca para clientes vinculados con la trama de corrupción. 

En 2005, el padre de familia ganó la lotería de Navidad que, luego, invirtió el premio, 360.000 euros, en Bankia. Este desembolso, en primera instancia, fue ruinosa, al coincidir con la crisis del 2008. Posteriormente, Corbín pudo recuperar la ganancia, lo que le permitió darle 50.000 euros a cada una de sus hijas. 

De esta manera, las sobrinas de  Barberá han querido desvincular su patrimonio de la trama delictiva liderada su padre. El abogado está casado con María Asunción Barberá Nolla, hermana y jefa de gabinete de la alcaldesa valenciana. Esta circunstancia fue lo que le permitió facilitar los intereses económicos que el Grupo Axis, del empresario Jaime María Febrer, tenía con el Ayuntamiento de València.

Se cree que Corbín entró en contacto con este empresario a través del vicealcalde valenciano, Alfonso Grau Alonso, otro de los investigados. El letrado y su compañía obtuvieron 602.156 euros por facturaciones ficticias en concepto de asesoría jurídica. Esto, en realidad, escondía gestiones ilícitas para "engrasar" adjudicaciones, además de otras cantidades en efectivo, según se destaca en el sumario. 

Las pesquisas por el caso Azud se remonta una denuncia anónima ante la Agencia Tributaria, en la que se remarcaba las relaciones entre este abogado y varios grupos empresariales. La acusación destacó el descenso de los ingresos de Corbín, después de que Barberá perdiese el puesto en la casa consistorial.

Al margen de la resolución final del juzgado, Hacienda considera se habrían producido dos delitos contra la Hacienda Pública por parte de Corbín por la defraudación del IRPF de los años 2007 y 2008 por un importe total de 281.000 euros.