El Ministerio de Trabajo, las patronales y los sindicatos se han sentado este viernes de nuevo en la mesa de diálogo social que aborda la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Aunque desde el Ejecutivo se ha destacado que "hay propuestas firmes encima de la mesa", las organizaciones sindicales denuncian que, tras nueve meses de conversaciones, "no se ha avanzado nada".

Por este motivo, desde los sindicatos piden al Gobierno que regule ya el nuevo registro horario, sin esperar a aprobar la reducción de la jornada, con el objetivo de acabar con el fraude de las horas extraordinarias en las empresas.

El Ministerio de Trabajo ha propuesto, en el marco de la negociación sobre la jornada, la creación de un registro que sea "interoperable" por la Inspección de Trabajo; es decir, que la Inspección pueda acceder directamente al registro de los trabajadores sin necesidad de que la empresa pueda mediar en el mismo.

Además, los de Yolanda Díaz también han anunciado su intención de endurecer las sanciones para aquellas empresas que incumplan la jornada de sus empleados, sobre todo si estas jornadas pueden provocar problemas de salud a los trabajadores.

En este sentido, desde UGT denuncian que "no es admisible que cada semana haya seis millones de horas extraordinarias de las cuales la mitad no se abonan, no se cotizan y no contribuyen a las cotizaciones  públicas. Eso es un hurto a las retribuciones de las personas trabajadoras", ha dicho Fernando Luján, vicesecretario general del sindicato.

Seis millones de horas extra que no se abonan ni cotizan

Por este motivo, ha pedido que el Gobierno "asuma su responsabilidad": "Los convenios colectivos recogen jornadas laborales y exigimos que estas jornadas laborales se cumplan, y lo que exceda estas jornadas laborales se abone, se registre. Y que se sancione fuertemente si no se cumple".

Trabajo ha anunciado la creación de un grupo de expertos para que sienten las bases de un reglamento que oriente el diseño de ese nuevo registro horario accesible para la Inspección de Trabajo. A juicio de las organizaciones sindicales, este grupo "llega tarde": "Debe implantarse ya un registro que impida este abuso; 3.250 millones de euros (que no se abonan pese a estar generados en horas extraordinarias) es suficiente dinero para que esto no se aplace a cuando se regule la jornada a las 37,5 horas".