Ascensión Mendieta falleció el lunes a punto de cumplir 94 años. Las redes se volcaron de mensajes de cariño y respeto nada más hacerse pública la noticia. La lucha de esta mujer por recuperar los restos de su padre, Timoteo, se convirtió en los últimos años en un símbolo de la lucha de las víctimas del franquismo. Ella prometió a su madre que haría todo lo posible por sacar a su padre de la fosa común del cementerio de Guadalajara, donde fue enterrado en 1939 tras ser fusilado por la dictadura franquista, y lo consiguió. Tuvo que remover cielo y tierra, incluso viajar a Argentina con 88 años para convencer a una jueza, pero Ascensión lo consiguió. En 2017 la prueba de ADN confirmó que había encontrado, por fin, los restos de su padre. Ahora, podrá cumplir su deseo de ser enterrada con un "trocito de él". 

Sin embargo, pese a los años transcurridos desde que el caso de Ascensión Mendieta se hizo popular, nada ha cambiado en España. Ha habido promesas, declaraciones de intenciones y proposiciones no de ley, pero nada ha cambiado. Por ejemplo, Timoteo Mendieta, el padre de Ascensión, fue fusilado a finales de 1939 en ejecución de una sentencia dictada por un consejo de guerra. La sentencia mandaba al sindicalista Timoteo, presidente de UGT en Sacedón (Guadalajara) y carnicero de profesión, al paredón de fusilamiento. Su delito, como tantos y tantos otros, fue el de "auxilio a la rebelión", que traducido al lenguaje no franquista significa que se mantuvo leal a la República y no se adhirió al golpe de Estado franquista. 

La sentencia que acabó con la vida de Timoteo Mendieta sigue siendo hoy día completamente legal y firme. Hasta ahora la Ley de Memoria Histórica aprobada por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007 ha servido para reconocer que se trata de sentencias "ilegítimas", pero en el actual ordenamiento jurídico continúan siendo legales y firmes. De hecho, durante la tramitación de aquella ley, colectivos memorialistas y grupos parlamentarios como IU o ERC pidieron que el Congreso también reconociera la "nulidad" de estas sentencias, pero el PSOE rechazó la propuesta porque, según afirmaban, provocaba "inseguridad jurídica". 

"Declarar una sentencia como ilegítima pero no declarar su nulidad fue una medida meramente estética sin efecto alguno para las familias de las víctimas. La sentencia que condenó a Timoteo sigue siendo firme. Ningún tribunal español la ha anulado y, por lo tanto, continúa contaminando de injusticia a todo el ordenamiento jurídico español", explica a Público Ana Messuti, la abogada que llevó el caso de Ascensión Mendieta en los tribunales de Argentina y de España.  

En los últimos años, el PSOE ha cambiado de postura y se ha comprometido a reformar la Ley de Memoria Histórica para, entre otras cosas, introducir la "nulidad" de las sentencias de los órganos represores del franquismo. Además, en septiembre de 2017, los socialistas llevaron al Congreso una Proposición No de Ley, sin efecto jurídico ni vinculante, para declarar la nulidad de la sentencia que condenó a muerte al presidente de la Generalitat Lluís Companys, fusilado en octubre de 1940 por el franquismo. Asimismo, el Pleno del Congreso aprobó en noviembre de 2017 una iniciativa legislativa para declarar nulos los juicios políticos del franquismo. Sin embargo, el Congreso fue disuelto y no se aprobó la nulidad. 

Sin embargo, a día de hoy, ninguna de estas iniciativas se ha materializado. 

Emocionada y a paso lento, Ascensión Mendieta entra en el cementerio para dar entierro a su padre.- REUTERS

Sin fondos ni plan para exhumaciones

El caso de Ascensión y Timoteo Mendieta también mostró a la ciudadanía las dificultades que sufren las víctimas del franquismo para conseguir recuperar los restos de sus seres queridos. En este caso, Ascensión consiguió cumplir con la promesa que le hizo a su madre gracias a la implicación de la Justicia de Argentina y a la juez María Servini. También a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y sus voluntarios, que se encargaron de los trabajos técnicos de exhumación con el apoyo económico del sindicato de electricistas Elogit.

El juzgado de instrucción nº1 de Guadalajara rechazó a principios de 2015 el exhorto de la Justicia de Argentina que pedía que se exhumaran los restos de Timoteo Mendieta, presidente de UGT en Sacedón en 1936. Sin embargo, la insistencia de Ascensión y de su equipo jurídico abrió las puertas. "Fue un momento muy duro. Nos paseamos por muchos juzgados de Guadalajara buscando explicar la urgencia del caso. Finalmente, lo consiguió. Creo que fue la misma fortaleza de Ascensión la que convenció a los jueces", prosigue Messuti. 

Pero los problemas continuaban. Con los permisos en la mano para exhumar, hacía falta el dinero necesario para ejecutar la exhumación científica de los cuerpos. Y en aquel momento, como en la actualidad, el Gobierno de España no tenía fondos para financiar las exhumaciones de las víctimas del franquismo. Así que la ARMH tuvo que recurrir al sindicato noruego Elogit para sufragar cerca del 50% de los cerca de 100.000 euros que costó la exhumación.

“El Estado español debe cumplir con sus deberes. Este trabajo es urgente porque hay familiares a quienes les queda poco tiempo de vida y que siguen buscando a sus seres queridos. Para mí esto es una verdadera vergüenza. No sólo para el gobierno español, también para nosotros, porque los republicanos españoles lucharon por la democracia de toda Europa, defendían la democracia, estamos en deuda con ellos”, señaló a Público Henning Solhaug, representante del sindicato de electricistas noruego Elogit en una entrevista reciente. 

A todos estos problemas hubo que añadir que el Ayuntamiento de Guadalajara pasó a la ARMH una factura de algo más de 1.000 euros por los trabajos que realizó en el cementerio municipal. En concreto, el Consistorio emitió una factura que cobraba una tasa de 73,48 euros por cuerpo exhumado, así como otro impuesto de 63,69 euros por la inhumación de cada represaliado, por lo que la factura final, teniendo en cuenta el número de cuerpos exhumados de la fosa común donde estaba Timoteo Mendieta, ascendió a 1.396,12 euros. 

La familia de Ascensión Mendieta, de hecho, acudió a los tribunales para que el Estado se hiciera cargo de los cerca de 100.000 euros que costó la exhumación, pero el Supremo rechazó esta posibilidad. La Sala Tercera desestimó las peticiones de la familia al concluir, básicamente, que las familias de los represaliados no tienen capacidad para reclamar esas ayudas ya que la ley da esa potestad a las asociaciones memorialistas. 

"Ascensión Mendieta ha representado el abandono de las víctimas de la dictadura, porque ningún gobierno ya en democracia la ayudó a encontrar a su padre, y la dignidad de una mujer que lucho durante muchas décadas y recorrió miles de kilómetros para ser sacar a su padre de una fosa común y darle una sepultura digna en el cementerio civil de Madrid. Ha demostrado una enorme estatura civil, muy por encima de todos los gobiernos a los que tuvo que escuchar que en la Transición se habían reparado los daños de la dictadura, gobiernos que ignoraron sus derechos y su lucha y que la obligaron a cumplir 88 años a bordo de un avión que la llevaba a Argentina, donde obtuvo la ayuda que le negaron todos los poderes de su país", concluye Emilio Silva, presidente de la ARMH. 

En la actualidad, pese a los anuncios formulados por el PSOE, España continúa sin fondos para sufragar las exhumaciones de las víctimas del franquismo ya que no han sido aprobados nuevos presupuestos y el Gobierno tampoco ha dispuesto de ninguna partida especial. Asimismo, el Ejecutivo tampoco ha asumido su responsabilidad de hacerse cargo de las exhumaciones, según marca el derecho internacional. Es más, la propuesta del PSOE de realizar un Plan especial de exhumaciones no aparecía en las medidas que los socialistas ofrecieron a Podemos para apoyar su gobierno en solitario. 

Ascensión Mendieta, hija de Timoteo Mendieta, durante los trabajos para exhumar los restos de su padre en el cementerio de Guadalajara