En Podemos tienen claro que el último retraso en la aprobación de la ley de Vivienda se debe exclusivamente a la decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de rechazar el informe sobre la norma y cambiar al ponente, pero apuntan que ya estaría aprobada si el PSOE no le hubiera puesto freno anteriormente.

Así lo ha dejado caer este lunes la portavoz de la formación morada (y responsable de Podemos en materia de Vivienda), Alejandra Jacinto, que ha recordado que tras la publicación de la norma en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el PSOE tardó un mes en remitirla al CGPJ.

"Es evidente que la ley tendría que haber estado encima de la mesa hace mucho tiempo y no pasa desapercibido que se publicó el 27 de octubre y no fue hasta diciembre cuando el PSOE la remitió al CGPJ; habría que preguntarle a la ministra (de Transportes) a qué se debe ese retraso", ha dicho la portavoz al ser preguntada por este nuevo retraso.

Desde Unidas Podemos siempre han acusado a su socio de Gobierno de frenar esta normativa que, como ha recordado Jacinto, incumplió todas las previsiones y plazos en la negociación que mantuvieron durante todo un año las dos formaciones que sostienen al Ejecutivo.

"Todos los plazos comprometidos para esta ley ya se han superado ampliamente, y estamos inmersos en una emergencia habitacional, por lo que (la norma) es urgente", ha defendido la portavoz. Jacinto también ha avanzado que su formación está dispuesta a negociar y a aceptar enmiendas al proyecto de ley en el trámite parlamentario (que no se iniciará hasta febrero, ya que el CGPJ no emitirá un nuevo informe hasta el 27 de enero).

En este sentido, ha mencionado expresamente a las formaciones del denominado bloque de la investidura y a los movimientos sociales por el derecho a la vivienda como los actores con los que negociar para una eventual modificación de la ley.

"La ley es respetuosa con las competencias de las CCAA"

"Desde Unidas Podemos somos conscientes de que hay un margen de mejora en el texto legal, teniendo en cuenta que sienta ya las bases para que el derecho a la vivienda sea un derecho humano. Somos conscientes de que el bloque de la investidura y los movimientos sociales quieren mejorarlo, se puede mejorar y hacerlo más ágil", ha asegurado.

A juicio de Podemos, la decisión del CGPJ no tiene que ver con que la norma pueda invadir de facto competencias autonómicas (la declaración de zona tensionada que activa la regulación de los alquileres es competencia exclusiva de las autonomías), sino con un "intento deliberado" de que "los grandes fondos de inversión conserven sus privilegios".

La portavoz de Podemos ha explicado que la valoración del órgano de gobierno de los jueces (cuyo informe es preceptivo, pero no vinculante) debería limitarse a las modificaciones que la norma hace en la Ley de Enjuiciamiento Civil (en concreto en los procedimientos judiciales de desahucio), y no entrar a valorar los ámbitos competenciales de la misma. "La ley es sumamente respetuosa con las competencias de las comunidades autónomas y ayuntamientos", ha concluido.