Las aguas no han vuelto a su cauce tras la decisión del Gobierno de hacer sus nombramientos para el Tribunal Constitucional (TC) en solitario, sin esperar a que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) designe a sus dos candidatos. La decisión del Ejecutivo se ha hecho esperar ante el incumplimiento tácito por parte del sector conservador y mayoritario del CGPJ del mandato constitucional que obliga a la renovación del tribunal de garantías. Pero ahora se puede abrir un nuevo frente, esta vez en el propio Constitucional. 

La ley establece que la renovación del TC, que cuenta con doce miembros, se hará por tercios, es decir, por bloques de cuatro magistrados. El tercio que lleva casi seis meses con el mandato caducado es el que corresponde nombrar al Gobierno y al CGPJ, con dos magistrados cada uno.

El sector conservador del CGPJ primero abocó al incumplimiento de la ley, sobrepasando el plazo de tres meses para que el Consejo designara a sus dos  candidatos, y tras el 13 de septiembre, cuando un tercio del TC ya estaba en funciones, se ha dedicado a boicotear un acuerdo con los progresistas para la elección de esos dos magistrados. Ante esta actitud, la potestad que le atribuye la Constitución al Ejecutivo de hacer esos nombramientos para el TC no puede depender de que el CGPJ quiera o no cumplir con su obligación, según exponen fuentes jurídicas a este diario. 

Sin embargo, dentro del TC existe también otra corriente, mayoritaria entre el sector conservador, que incide en que sólo es posible renovar en bloque de cuatro magistrados, como indica la Constitución. Entre los que creen que los nombramientos de Juan Carlos Campo, exministro de Justicia, y de la catedrática Laura Díez por parte del Gobierno constituyen un escollo difícil de salvar se encuentra el presidente del tribunal de garantías, Pedro González-Trevijano, uno de los magistrados con el mandato caducado.

González-Trevijano y otro magistrado conservador, Antonio Narváez, fueron nombrados por el Gobierno de Rajoy en 2013 y ahora deberán salir y ser sustituidos por Campo y Díez. El sector conservador del TC goza de una mayoría en estos momentos de seis votos a cinco. La llegada de los dos nuevos magistrados del Gobierno revertirá el equilibrio en el tribunal de garantías, con una mayoría progresista que no se veía desde 2013, a falta de los dos magistrados del Consejo.

¿Tienen legitimidad esos dos magistrados conservadores para oponerse a los nombramientos del Gobierno? Esta es una cuestión fundamental. Algunas fuentes jurídicas consultadas consideran que no y que si finalmente lo hacen crearían una crisis institucional sin precedentes. Otras fuentes opinan que siendo González-Trevijano el presidente --no es el presidente en funciones-- podría imponer su criterio para forzar que el pleno no acabe dando el plácet a los candidatos del Ejecutivo. 

Este martes el TC recibirá la comunicación oficial del Gobierno con el nombramiento de Juan Carlos Campo y Laura Díez. Será entonces cuando se conocerá la decisión de la presidencia del Constitucional de convocar al pleno para que examine la idoneidad de los dos candidatos, es decir, si cumplen los requisitos legales para ser magistrado del Constitucional --ser español y magistrados, fiscales, profesores universitarios, funcionarios públicos o abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional.

Este trámite formal, sin embargo, podría retrasarse si se impone el criterio de los conservadores de bloquear los nombramientos del Ejecutivo hasta que el CGPJ nombre a sus dos candidatos, según apuntan fuentes jurídicas a este diario. 

Hay precedentes de nombramientos en solitario

Pero no es la primera vez que el CGPJ y el Ejecutivo nombran por separado a los cuatro magistrados correspondientes a su tercio. Hay precedentes, empezando por los orígenes del Constitucional y del propio Consejo. El 14 de febrero de 1980 arrancó el tribunal de garantías con sólo diez magistrados porque los dos que correspondían al CGPJ no pudieron nombrarse ya que aún no existía el órgano de gobierno de los jueces. Entonces el Ejecutivo designó a sus dos magistrados sin problema. Meses después, en octubre de 1980, nacía el CGPJ y poco después hacía sus nombramientos para el TC. 

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha invocado este lunes una sentencia del propio Tribunal Constitucional que justificaría que el Gobierno nombre a sus dos candidatos sin tener que esperar por el CGPJ. "Ya hay una sentencia del Constitucional, que es de 15 de noviembre de 2016, donde se dice que cuando un órgano que tenga obligación de nombrar magistrados del Constitucional no lo haga en tiempo y forma eso no puede retrasar a otro órgano, en este caso, el Gobierno", ha explicado Bolaños, que ha destacado la "idoneidad" de ambos candidatos, Campo y Díez. 

En aquella ocasión, el TC resolvía un recurso del PSOE sobre la renovación del CGPJ y decía para el caso en el que Congreso y Senado no procedan simultáneamente a la renovación, un caso "que habría de ser rigurosamente excepcional", la cámara que esté en condiciones de nombrar a sus vocales lo hará sin esperar a la otra cámara.