Esté donde esté, el misterio seguirá acompañando a Juan Carlos I. Ni de rey en activo, ni de emérito, ni tampoco en su nueva calidad de "exiliado": cada vez que ha habido un intento de conocer los costes de los dispositivos de seguridad que han acompañado al padre de Felipe VI, el Estado ha dado un portazo. Ni la Ley de Transparencia ni la potestad de los diputados electos por la ciudadanía ha servido de amparo para que se conozcan estas informaciones. Ahora, con el exjefe de estado en paradero desconocido, vuelve a instalarse el secretismo oficial.

"No tenemos información sobre eso", respondían a Público desde Casa Real pasadas las 20.30 del convulso lunes. Un par de horas antes, la monarquía española difundía la carta de Juan Carlos I a su hijo, en la que anunciaba su viaje a un lugar no especificado. Ante las versiones encontradas sobre su paradero, este periódico solicitó información a La Zarzuela para determinar si, efectivamente, había salido ya del país y, en ese caso, hacia dónde había viajado. Ni una palabra.

Silencio sobre el destino y hermetismo total en torno al coste de esta operación, dirigida a contrarrestar el descrédito creciente que sufre la monarquía a raíz de los escándalos en los que aparece envuelto el emérito. Un emérito que no deja oficialmente de gozar de su título de rey vitalicio y, por tanto, conserva ciertos privilegios. ¿Cuáles? Ahí está, precisamente, el misterio real.

"Cuando hemos conseguido colar alguna pregunta, el Gobierno siempre nos responde que se trata de materia confidencial o secreta", relata a Público el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, quien tanto ahora en el Congreso como antes en el Senado ha formulado diversas preguntas relacionadas con la monarquía. "Los letrados sostienen que sería un control indirecto, y como la Casa Real no está sujeta a control parlamentario, echan las preguntas para atrás", afirma.

"A mí nunca me han contestado, incluso cuando preguntaba por los viajes de Jaime de Marichalar y familia en aviones de Defensa para ir a Canarias o de los Príncipes cuando iban a Mallorca", señala el exsenador del PNV Iñaki Anasagasti, quien también formuló innumerables consultas sobre viajes y gastos monárquicos. 

En esa línea, el autor de "Una monarquía nada ejemplar" cree que tampoco se conocerán detalles sobre este último y enigmático viaje de Juan Carlos I. "Habría que saber si ha tenido que coger un avión y, en ese caso, si era un Falcon o un vuelo privado. Solo ese dato da muchas pistas", subraya. Destaca además que "si ha sido un viaje por tierra, hay que deducir que ha utilizado el parque móvil asignado, lo que es un gasto público". En cualquier caso, Anasagasti está convencido de que nada de esto trascenderá. "Es un tema tabú", añade.

Sin transparencia

Algo parecido ocurre en la administración cuando llegan consultas a través del Portal de Transparencia del Gobierno. Ya fuese en la etapa de Mariano Rajoy –la Ley de Transparencia entró en vigor durante su mandato– o bajo el Gobierno de Pedro Sánchez, las respuestas han sido prácticamente calcadas: rechazo a cualquier solicitud de información bajo el argumento de que supondría un riesgo para la seguridad de la Casa Real.

En febrero de 2015, Patrimonio Nacional se negó a dar información sobre "si se va aumentar o si se ha aumentado el personal de seguridad de S.M. el Rey Juan Carlos". La consulta, formulada vía portal de Transparencia, se refería concretamente a "las obras que se han llevado a cabo en el Palacio Real para albergar el nuevo despacho del Rey Juan Carlos".

En ese contexto, Patrimonio Nacional rechazó dar los datos relativos a su custodia, alegando que "la difusión de información relativa a la estructura, organización, medios y técnicas operativas de los servicios de seguridad podría afectar a la eficacia de los dispositivos de protección y, por tanto, poner en riesgo a las personas protegidas".

Según consta en distintos documentos del Portal de Transparencia recopilados por Público, la Fundación CIVIO también se ha topado con dificultades a la hora de tratar de obtener determinadas informaciones sobre los viajes de Juan Carlos I y Felipe VI.

Esa organización, que trabaja precisamente en el ámbito de la transparencia, había solicitado la "relación completa de los acompañantes de los miembros de la Familia Real en los diferentes actos de sus viajes oficiales" desde el primer año "del que se dispongan datos".

A finales de 2015, CIVIO recibió una respuesta de Exteriores en la que se le indicaba que la documentación de los viajes anteriores a 2010 "no se hallaba disponible" en dicho ministerio, por lo que trasladaba dicha consulta al Archivo General. Unos días después, desde allí les respondieron que "no se permitía el acceso de investigadores a sus fondos".

La fundación observó además que en la respuesta proporcionada sobre los viajes posteriores a 2010, en la cual figuraban las "fechas y destinos de viajes oficiales realizados por SM el Rey así como los miembros que conformaban la delegación oficial", faltaban datos. 

"Dicha información no era completa por cuanto no incluía a otros asistentes a reuniones mantenidas con ocasión de dichos desplazamientos oficiales según figuraba en la información que sobre dichos desplazamientos se había hecho pública por la propia Casa Real", alegó entonces CIVIO. Finalmente, la solicitud cursada por dicha fundación fue desestimada por la administración.

Este mismo año, el Gobierno de Pedro Sánchez volvió a tratar de dejar a la Casa Real al margen de la Ley de Transparencia. Así consta en el expediente de respuesta a una consulta formulada en diciembre pasado "sobre todos y cada uno de los vuelos de la Casa y la Familia Real realizadas con aviones oficiales desde 2015 a 2019".

El 9 de enero de este año, la Secretaría General de Presidencia –competente para responder las solicitudes de acceso a la información que afecten a la monarquía– respondió que "la información sobre los viajes y actividades de los miembros de la Familia Real está disponible en la página web oficial" de la Casa Real, al tiempo que subrayó que "tanto los informes sobre movimientos de aeronaves militares como los planes de protección de autoridades y pasajeros sometidas a la misma, y en concreto, los informes y datos estadísticos sobre movimientos de fuerzas, buques o aeronaves militares" eran materia clasificada.

Datos sobre vuelos

La persona solicitante –cuyos datos no figuran en el documento por cuestiones de privacidad– presentó un recurso, alegando que "la secretaría general de la Presidencia del Gobierno resuelve conceder el acceso a la información solicitada, pero en realidad no aporta lo pedido. Algo totalmente habitual en este órgano y totalmente en disonancia con la Ley de Transparencia". "Sólo facilitan un enlace a la agenda de la casa real, donde aparecen algunos viajes o eventos de los miembros de la Casa de Su Majestad el Rey pero no aparece la información completa solicitada por este solicitante", lamentó.

En este caso, el Consejo de Transparencia acabó dando la razón al solicitante. El 1 de junio pasado, ese órgano emitió una resolución en la que daba detalles sobre este expediente y otorgaba 15 días al Gobierno para que proporcionase información sobre "los viajes oficiales realizados por miembros de la Familia Real desde 2015 a 2019". 

El Ejecutivo debía incluir datos tales como el "origen y destino del vuelo, fecha, avión utilizado, miembros de la Casa y Familia Real que formaban parte de la comitiva del vuelo y qué otros acompañantes formaron parte de esa comitiva, desglosando el nombre de todos y cada uno de ellos y su cargo". No obstante, Transparencia dejó claro que quedarían excluidos "los datos referidos a la tripulación y al personal de seguridad".