La Marea Blanca se ha echado este domingo de nuevo a las calles de la capital en su 92 edición para exigir una Sanidad Pública de calidad y denunciar el anteproyecto de Ley de Medidas Urgentes para el impulso de la actividad económica y la modernización de la administración regional, conocida como Ley Ómnibus.

Bajo el lema "Mientras liquida Nuestra Salud, Ayuso arrolla con su Ley Ómnibus", la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (MEDSAP)-Marea Blanca ha convocado este acto de protesta que ha partido desde el Ministerio de Sanidad, en el Paseo del Prado, y transcurrirá hasta la Puerta del Sol.

Los manifestantes han exigido como en anteriores convocatorias una Sanidad Pública universal y han reivindicado la mejora de la Atención Primaria y la reapertura de la urgencias (SUAP). "Quienes la están desmantelando lo que es de todos nos tendrá siempre enfrente, luchando", han advertido los colectivos presentes en la marcha.

Con este acto, quieren trasladar su oposición a esta ley que supone la modificación de 33 leyes y cinco decretos vigentes en la Comunidad de Madrid sobre materias como urbanismo, medio ambiente, carreteras, sanidad o transportes e incluye además 15 nuevas disposiciones que afectan a ámbitos como Hacienda pública, ordenación del juego, entidades locales, servicios sociales o la Administración digital, entre otros.

Críticas a la ley

Uno de los puntos más polémicos que contempla esta ley es la creación de una Agencia de Contratación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, centrada en la contratación de suministros, bienes y servicios que sean declarados de gestión centralizada en este campo, y lo hace, según la Marea Blanca, "impidiendo el control" y "vulnerando el ejercicio democrático".

"Su idea es, fundar una doble estructura orgánica con un gasto público innecesario en más cargos directivos; construir un montaje a su medida para manejarlo con la libertad que vocean, que resulta ser una dictadura comprometida para sus negocios. Será un foco abierto a la corrupción que financiarán con fondos públicos en un ente sometido al derecho privado", ha puesto de manifiesto en un comunicado.

En esta línea, ha subrayado que se trata de un órgano que "dispondrá de un patrimonio propio sin ningún control", que estará "apartada de las garantías que ofrece el procedimiento administrativo" y en la que habrá una "merma de la transparencia en la gestión y deterioro de la calidad del servicio público".

Sobre este punto, ha subrayado la necesidad de que se gestione de forma "directa" y no "bajo el método de empresa camuflada". En esta línea, ha destacado que este órgano podrá contratar de forma centralizada todo en materia sanitaria y, además, esta responsabilidad caerá en "dos únicas manos".

"Presidente y Vicepresidente de la Agencia serán quiénes den al botón rojo desde el vértice de esa pirámide dorada que han probado sucesivamente con la pandemia, construida con el uso permanente de su dedo y no de los métodos legales", han explicado.

Además, ha puesto el acento en que será un órgano con dirección nombrada por el gobierno, sin que los representantes en la Asamblea de Madrid puedan fiscalizarlo, y tampoco la población. "Será una ley con licencia para más destrucción llena de medidas liberticidas; una ley al revés, de falsa bandera, que aprobarán a pesar de ir en contra del interés general, de los derechos sociales y humanos y contra el ecosistema".

Igualmente, se ha denunciado que la norma fue presentada en plenas fiestas navideñas y sin tiempo para presentar alegaciones. El Gobierno regional la publicó el 23 de diciembre en el portal de transparencia el anuncio de trámite de audiencia e información públicas, estableciendo el reducido plazo de siete días hábiles, entre Nochebuena y Nochevieja, para la presentación de alegaciones.