MURCIA.- La consejería de Sanidad ha reducido de 33 a 16 los expedientes informativos iniciados en febrero a gerentes y jefes del Servicio Murciano de Salud (SMS) por incumplir las incompatibilidades trabajando simultáneamente para la sanidad pública e instituciones privadas, iniciados a raíz de una denuncia del Sindicato Profesional de Sanidad (SPS-La Intersindical), según explicó un portavoz del departamento, que no tiene constancia de que ninguno de ellos haya cesado en sus actividades paralelas motivo de la denuncia.

Acogiéndose a la ley de Protección de Datos, la misma fuente se negó a facilitar datos sobre las razones por las que se han descartado 17 de los 33 expedientes “informativos” iniciales ni los nombres de los gerentes de área, jefes de servicio y facultativos que continúan con el expediente abierto. También informó de que no se ha cerrado ningún caso, puesto que los afectados tienen un año de plazo para presentar alegaciones.

El secretario de organización del SPS, Antonio Martínez Alburquerque, dijo a Público que ese margen de tiempo no es ningún caso de doce meses, sino que el plazo general para presentar alegaciones a un expediente informativo es de “diez días”. Los expedientes son en todo caso “informativos” y no “disciplinarios”, como pidió el SMS.

Como informó este diario en su momento, el SPS denunció que al menos 52 empleados públicos incumplían notoriamente la ley 53/84 General de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas; la ley 55/2003 del Estatuto Marco del personal sanitario de los Servicios de Salud; la ley 5/2001 del personal estatutario del Servicio Murciano de Salud (SMS) y el Real Decreto Legislativo 5/2015 que aprobó el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

La denuncia mantenía que entre esos 52 empleados públicos del SMS que incurrían en incompatibilidad había cuatro gerentes de Área sanitaria del SMS (Juan Antonio Marques Espí; José María Cerezo Corbalán; Carlos Arenas Díaz; Mercedes Barba Pérez), que prestaban su actividad en un Máster impartido por la privada Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) y/o en centros privados.

Coincidentemente, la autorización a la privada UCAM para impartir Medicina ha causado mucha polémica en Murcia, agravada recientemente por el hecho de que esa institución católica se niega a firmar el convenio de prácticas de sus alumnos en hospitales públicos, cosa que la pública Universidad de Murcia (UMU) sí ha hecho.

El escrito del SPS relacionaba también dos jefes de servicio de Unidades Administrativas y de Gestión del SMS que tenían actividad paralela en la empresa privada (Pablo Vigueras Paredes y Juana Aguilar Mediavilla) y otros 27 jefes de Servicio y de Sección Facultativos de hospitales públicos de la Región de Murcia con actividad en la empresa privada.

El portavoz de Sanidad no supo precisar ayer si había constancia de que alguno de los 52 posibles incumplidores de las incompatibilidades había cesado en su actividad paralela en las empresas privadas, extremo motivador de la denuncia del SPS. Este sindicato se vio obligado en febrero a sustanciar su denuncia con nombres, apellidos y funciones de los incumplidores porque un primer escrito entregado en 2014 a la Consejería, que dirigía y dirige Encarna Guillén, fue rechazado con el argumento de que el SMS, cuyo gerente era Manuel Ángel Moreno, no tenía constancia de qué personal podía estar involucrado en los incumplimientos de las incompatibilidades.

Los expedientes “informativos” fueron iniciados el 27 de febrero, veinte días después del registro de la denuncia del sindicato. Ahora, más de siete meses después, la Consejería informa de la reducción drástica de su número, sin otras explicaciones, y asegura que tienen un año para presentar alegaciones desde la notificación del expediente.

En agosto pasado, el sindicato denunciante pidió públicamente que fueran eliminados los expedientes a facultativos y se mantuvieran solamente los de los responsables de haber autorizado las actividades profesionales supuestamente incompatibles de esos empleados públicos del Servicio Murciano de Salud.

Según el sindicato, la responsabilidad por la incompatibilidades manifiestas recae en los gerentes de área y sucesivos directores de personal que han venido autorizando los pluriempleos de funcionarios públicos de Sanidad que incurren en supuesta violación de las normas de incompatibilidad, fundamentalmente el actual director de Recursos Humanos, Pablo Alarcón, y el director gerente del SMS, Francisco Agulló.

Este segundo, a través de la prensa local, tachó al SPS de "tergiversar la situación para posicionar como únicos responsables de estas decisiones a los responsables del SMS, cuando se ha actuado conforme a Derecho y en virtud de una denuncia impulsada por el propio SPS".

El sindicato, por boca de su responsable de organización, Antonio Martínez Alburquerque, estimó en su momento que “esto no se circunscribe a que 50 personas estén incumpliendo laley. Detrás hay una especie de mafia que planea sobre la Sanidad murciana”. “Incluso hay gente que está trabajando a la vez en el SMS y en clínicas privadas concertadas. Y esto lo sabe de sobra la Consejería”, añadió.