La convivencia en Catalunya es indudablemente mejor que en 2018. Moncloa y Ferraz transmiten de forma insistente este mensaje. Lo hacen para defender las medidas tomadas desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno. Más allá de cuestiones como los indultos a los presos del procès, los socialistas también ponen en valor la reducción de los conflictos legislativos y judiciales. 

Según los datos que maneja el Ministerio de Política Territorial, Catalunya ha publicado durante la XIV Legislatura un total de 146 normas con rango de ley. De ellas, se han impugnado solo seis ante el Tribunal Constitucional (TC) por parte del Gobierno de Sánchez. 

En contraste, destacan en Moncloa, de lo sucedido con las sucesivas legislaturas con Mariano Rajoy al frente del Gobierno, entre los años 2011 y 2018. Durante ese periodo el Estado interpuso recursos al TC hasta en 44 ocasiones. Solo en 2017, año de la Declaración Unilateral de Independencia y el referéndum de autodeterminación del 1 de Octubre se produjeron hasta 12 de ellos. 

Es decir, en las legislaturas de Sánchez solo se interpusieron un 13,6% de los recursos que se interpusieron en las de Rajoy. Por tanto, la conflictividad era de un 86,4% más que en este último periodo. 

El patrón es el mismo en cuanto a los recursos al TC interpuestos por Catalunya hacia el Estado. En el periodo de Gobierno de Sánchez, la Generalitat catalana solo ha puesto cuatro recursos de inconstitucionalidad, mientras que en el periodo de Rajoy fueron 41.

Según estas cifras, en las legislaturas socialistas solo se han interpuesto un 9,7% en relación con las de los gobiernos del PP, por lo que con Rajoy la conflictividad en este sentido era de un 90,2% más que en la actualidad. 

Sánchez llegó al Gobierno en 2018 tras una moción de censura contra Rajoy. La crisis institucional y territorial era muy fuerte, con una Catalunya dividida y una gran cantidad de dirigentes independentistas catalanes en prisión o fuera de España, como Carles Puigdemont. 

Una cuestión clave en esta situación es la Comisión Bilateral habilitada para resolver controversias competenciales. El Gobierno ha logrado resolver una gran cantidad de ellos durante esta legislatura.

Respecto a Catalunya, durante esta legislatura se han iniciado 23 procedimientos, con acuerdo total en más de la mitad, 13. También ha habido acuerdo parcial en cuatro de ellos. Sólo hubo recurso sin acuerdo en dos ocasiones y sólo existe un caso pendiente de resolver, que son en relación a medidas para afrontar la sequía. 

Fuentes del Gobierno destacan que fruto del diálogo y la colaboración, "se ha devuelto al terreno de la política la resolución de conflictos competenciales".

"Ahora, cuando hay dudas sobre alguna norma autonómica, no se va directamente a los tribunales, sino que se activa un proceso de mediación para resolver los puntos de conflicto de forma negociada. Un punto de conflicto puede ser una redacción ambigua de un artículo de una ley, y eso se soluciona modificando el redactado. Antes, eso se iba directamente al Tribunal Constitucional", señalan las mismas fuentes. 

Diálogo general con las comunidades autónomas

Desde Moncloa destacan que no solo es que haya cambiado la política en relación con Catalunya sino que se apuesta por el diálogo con las comunidades autónomas en general.

En este sentido, como ya publicó este medio, desde que Sánchez ejerce como presidente del Gobierno, la conflictividad media total entre el Estado y las comunidades autónomas ha disminuido en un 76,74%, según los datos que maneja el Ministerio de Política Territorial.

En medio de una negociación "compleja" de Sánchez con Junts y ERC, los socialistas se ven legitimados para cualquier paso por la situación que vive Catalunya. Además, recuerdan que el PSC ganó aplastantemente las elecciones generales del 23 de julio. 

Moncloa destaca que en primer lugar Sánchez reactivó la vuelta a la normalidad institucional después de unos años de relaciones nulas entre Rajoy y la Generalitat. Otros asuntos que ponen en valor desde el Ejecutivo de Sánchez son las inversiones reactivadas "que los ejecutivos del PP habían descuidado".

Uno de los ejemplos es Rodalies, un asunto que vuelve a tener su protagonismo en las negociaciones de investidura por la reclamación de competencias que hacen los partidos independentistas. "Sigue habiendo problemas porque una década de desinversión no se resuelve ni en cuatro días ni en cuatro años, pero la solución ya está en marcha", destacan en el Gobierno.