Los gobiernos del Alberto Núñez Feijóo y su sucesor en la Xunta, Alfonso Rueda, pagaron en los últimos cinco años más de 6,6 millones de euros a cinco editores propietarios de una docena de periódicos mediante convenios a dedo y sin concurso público, sobre los que no existe constancia de que hayan sido fiscalizados para garantizar ni su correcta ejecución, ni el cumplimiento de los fines para los que se firmaron.

Son 170 acuerdos bilaterales firmados entre 2019 y 2024 a favor de esos medios por dos consellerías y dos organismos de la administración paralela de la Xunta —dos agencias y un instituto —.El Ejecutivo autonómico los motiva con argumentos vagos e inconcretos, pero recurrentes porque se repiten con los 12 diarios: desde promocionar la capitalidad de Santiago a fomentar la lectura de prensa en los colegios, potenciar el uso del gallego, promover la compra de productos culturales, difundir como información la propaganda de la acción política del Gobierno autonómico...

En una treintena de acuerdos la financiación comprometida por la Xunta superó los 100.000 euros, pero el gasto no se fundamentó en memoria económica alguna ni se explicitan los criterios por los que se objetivizo en esas cantidades.

En la mayoría de los expedientes, las empresas editoras tampoco detallan en qué acciones concretas o qué costes de personal van a asumir para cumplir los objetivos pactados, ni cómo evaluar si éstos han sido finalmente alcanzados o no.

Pautas de fiscalización

A diferencia de los contratos públicos, en los que la Administración paga por adquirir bienes y servicios o por la gestión privada de materias de su competencia, y establece pautas concretas de fiscalización antes, durante y después de adjudicarlos, los convenios se entienden como acuerdos entre dos partes que persiguen un fin común, entre el que no suele figurar el ánimo de lucro. Cuando éste existe, la normativa suele encaminarlo hacia la fórmula más común y garantista de los contratos públicos convencionales.

En este caso, sin embargo, hay sobrados ejemplos de que muchos de los convenios de la Xunta con los medios en realidad camuflan bien subvenciones discrecionales, bien pagos por prestación de servicios, no sometidos a la rigidez de los principios de publicidad, concurrencia, competitividad y fiscalización a los que sí están sujetas las licitaciones públicas abiertas.

Así se desprende, por ejemplo, de los más de los 44 acuerdos suscritos durante los últimos cinco años por la Vicepresidencia Segunda y Consellería de Economía de la Xunta por valor de más de 1,6 millones de euros para que los 12 periódicos publicaran información relacionada con la actividad de ese departamento. O los 30 firmados en ese mismo período por la Consellería de Educación y Cultura para apoyar el uso del gallego en la prensa, precisamente en los medios que lo utilizaban antes y lo siguen utilizando ahora de manera residual.

En algunos expedientes sí se desglosan con algo de detalle las obligaciones de los diarios, aunque se hace en forma de compromiso de publicación de contenidos que ya parecen propios de sus respectivos negocios. Como los relacionados con temas de educación. Por difundirlos al menos una vez a la semana y enviar a cada colegio de su zona un ejemplar cada siete  días , los cinco editores recibieron de la citada Consellería de Educación y Cultura otros 950.000 euros.

Incentivos económicos

A la contra, hay acuerdos en los que no queda muy claro si quien los financia tiene realmente competencias sobre el objetivo que se persigue con ellos, ni que éste precise de incentivos económicos para que los periódicos le presten atención.

Ocurre con la Axencia Turismo de Galicia, que en mayo de 2020 pagó a las cinco grandes editoras cerca de 530.000 euros para que difundieran noticias sobre los protocolos de desescalada de las medidas contra la covid. Fue justo tras el confinamiento, es decir cuando todos los periódicos del Estado informaban a diario sobre la emergencia sanitaria.

Otros convenios parecen ideados para ocultar la contratación de servicios cuya prestación que debería canalizarse a través de una de licitación pública. Un ejemplo son los cuatro consecutivos firmados entre 2019 y 2022 por el Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) con La Voz de Galicia para el desarrollo y mantenimiento de una plataforma digital de contenidos vinculados a la actividad del organismo.

El argumento con que las partes justificaron esos acuerdos fue que ambas entendían importante "fomentar, promover y divulgar actividades e información específica" sobre lo que hace el Igape. El diario con sede en A Coruña cobró por ello medio millón de euros.

'La Voz de Galicia?, 3,77 millones

Precisamente, el empresario más beneficiado por los convenios a dedo de la Xunta fue el propietario de ese medio, Santiago Rey, que recibió  3,77 millones de euros durante los últimos tres años y medio de mandato de Alberto Núñez Feijóo y el primer año y medio de gobierno de Alfonso Rueda,

El segundo es Javier Moll, propietario de Prensa Ibérica, que edita en la comunidad tres cabeceras: Faro de Vigo, El Correo Gallego de Santiago y La Opinión de A Coruña. Entre 2019 y 2024, la Xunta firmó con esos diarios acuerdos que les reportaron más de 1,41 millones de euros.

Le siguen Blanca García Montenegro, dueña El Progreso de Lugo y Diario de Pontevedra, con más de 725.000 euros; Óscar Outeirño, editor de La Región de Ourense y Atlántico Diario de Vigo, con 533.000 euros; y José Collazo, propietario de Editorial La Capital, que edita El Ideal Gallego de A Coruña, Diario de Ferrol, Diario de Bergantiños y Diario de Arousa, y que se ha llevado en el último quinquenio 208.000 euros.

Esas cantidades se suman a la publicidad institucional convencional y a los créditos y subvenciones públicas a las que las compañías editoras tienen acceso como cualquier otra sociedad mercantil.

Más 45 millones en 15 años

También se añaden a los dos millones de euros por ejercicio que la Xunta viene repartiendo entre los editores gallegos desde hace años como ayudas directas a la prensa y también sin concurso. Entre esas subvenciones y los convenios, los cinco editores y sus 12 diarios facturaron más 45 millones de euros durante los últimos 15 años.

El quiquenio en el que se suscribieron esos convenios fue el que registró la mayor intensidad electoral de toda la historia de la democracia en Galicia: tres elecciones al Congreso y el Senado (abril y noviembre de 2019 y mayo de 2023); dos al Parlamento autonómico (julio de 2020 y febrero de 2024); dos municipales (mayo de 2019 y mayo de 2023), y otras dos al Parlamento Europeo (2019 y las previstas para este fin de semana). De media, una llamada a las urnas cada siete meses. Salvo las europeas de 2019 y las generales de abril de ese mismo año, el PP las ganó todas en la comunidad.