La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se ha reunido este martes con el comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, para abordar la crisis de Doñana. La dirigente socialista ha asegurado a los medios que Bruselas le ha manifestado su preocupación por "el potencial riesgo adicional" que supondrá la ley de ampliación de regadío que está tramitando la Junta de Andalucía, la cual pretende legalizar miles de hectáreas de regadío irregular que se nutren de las masas de agua del humedal de Doñana.

El comisario ha dejado claro, según ha relatado la ministra española, que la Comisión Europea está "comprometida" con la sentencia de la Justicia europea y que, en caso de que no se revierta la situación, se podrían adoptar "cuantas medidas sean necesarias". Algo que ya fue explicado directamente en el mes de marzo por Bruselas en una misiva enviada a Transición Ecológica que dejaba la puerta abierta a sanciones económicas contra el Estado español y, por consiguiente, contra Andalucía.

"La Comisión Europea todavía está esperando la respuesta formal a esa carta y nosotros, el Gobierno de España, vamos a intentar redactarla teniendo en cuenta las explicaciones y los informes que está enviando el Gobierno regional de Andalucía. Creo que es imposible responder sin tomar en consideración sus explicaciones sobre lo que están haciendo", ha dicho Ribera tras la reunión.

"El mensaje principal es que la preocupación no ha cambiado. Lo mejor que deberíamos hacer es invertir en reducir el riesgo que ya existe y no agregar nuevos riesgos a Doñana", ha agregado la política.

España ya recibió una sentencia condenatoria por parte de la Justicia europea por la decadencia que sufre Doñana. Dicha sentencia obligaba a España y Andalucía a revertir la situación y restaurar un entorno que es considerado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Para la Comisión Europea, el plan de ordenación impulsado por el Ejecutivo andaluz, el cual pretende amnistiar cerca de 1.500 hectáreas de regadío ilegal, es un incumplimiento claro de dicha sentencia, lo que podría llevar a Bruselas a actuar con más mano dura e imponer sanciones contra el Estado español. Unas sanciones que, en cualquier caso, serían remitidas a la comunidad autónoma en cuestión.

La decisión de Juan Manuel Moreno Bonilla, respaldada por la ultraderecha de Vox, ha abierto una crisis institucional sin precedentes. El Gobierno de España ya estudia medidas para, en caso de que el Parlamento andaluz dé luz verde al proyecto de ley, impedir una ampliación de los cultivos regables en la corona de Doñana. El Ministerio para la Transición Ecológica recurrirá la medida al Tribunal Constitucional, pues entiende que va contra los planes hidrológicos, además de no contar con el visto bueno de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

También la comunidad científica ha mostrado su preocupación por cómo afectará dicha norma al humedal. Doñana ha perdido ya el 59% de sus grandes lagunas, según el CSIC y decenas de aves reproductoras están viendo menguadas sus poblaciones. Para los expertos y los colectivos ecologistas, una ampliación del regadío sería una estocada letal.