La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide un total de 102 años de prisión por un delito de "pertenencia a organización criminal para la comisión de delitos de enaltecimiento de organización terrorista y de sus miembros" a doce militantes de las organizaciones independentistas gallegas Causa Galiza y Ceivar, cuya disolución también solicita.

La Fiscalía, según ha podido constatar Efe, pide penas de entre cuatro y doce años de prisión para los doce imputados al considerarlos responsables del citado delito, así como de un total de 29 delitos de enaltecimiento de terrorismo por, según el escrito de acusación, "la organización de actos de apoyo al Colectivo de Presos de Resistencia Galega".

El escrito describe la participación de los imputados en diferentes manifestaciones, en el proceso constituyente de Causa Galiza o en reuniones de las citadas organizaciones, así como la gestión de sus cuentas de Facebook o la posesión de carteles y elaboración de manifiestos "en apoyo de los miembros de Resistencia Galega".

Causa Galiza ha reaccionado tras trascender este hecho y, en un comunicado firmado por "los procesados y procesadas", alega que la causa abierta desde 2015 en la Audiencia Nacional a raíz de la Operación Jaro 1 y la Operación Jaro 2 "ha dado un giro de 180 grados cuando todo apuntaba a la progresiva deconstrucción del montaje".

En concreto, la organización ha destacado como avances "la devolución a Causa Galiza de la condición de formación política legal tras ser tachada por la Guardia Civil de ser el brazo político de una organización armada imaginaria" y "la retirada de las imputaciones por pertenencia a banda terrorista".

La organización entiende por tanto que el Gobierno en funciones "se ha decantado por aplicar altos niveles de represión a organizaciones independentistas cuya praxis política se enmarca dentro de la legalidad", lo que evidencia "una deriva filofascista del Estado español" impulsada "no sólo por la extrema derecha", sino por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "un experto en la represión política".

Y ante la acusación de la Fiscalía, los procesados, avanzan, defienden y defenderán siempre "la legitimidad y la legalidad del trabajo político y de solidaridad frente a la represión", así como "la superación del marco jurídico-político español" y la defensa de "un ideario y una práctica independentistas que, con o sin represión, son el único camino de futuro para Galicia".