Tres descosidos cada mes. Desde que el 20 de enero de 2017, el multimillonario de Nueva York y estrella televisiva Donald John Trump tomara posesión del sillón presidencial y se convirtiera oficialmente en el 45 presidente de Estados Unidos, ése es el promedio de acciones que ha realizado contra el marco normativo o la estructura administrativa norteamericanos con el objetivo de ir desmontando todo lo que suene a protección ambiental o sostenibilidad climática o energética.

Las acciones de Trump no dejan títere con cabeza y se dirigen desde al marco legal del país hasta la arquitectura institucional pasando por el vaciado de fondos de partidas o departamentos dedicados a menesteres ambientales. La última, la comunicación oficial el pasado lunes del Acuerdo del Clima de París.

En total, Trump ha firmado, ordenado o promovido con éxito desde la Presidencia del país 80 acciones en las 146 semanas que lleva en la Casa Blanca para desmantelar la herencia recibida, según el balance realizado por Público tras consultar las bases de datos de diversas organizaciones y universidades, como la Institución Brookings, National Geographic, el Programa de Legislación Ambiental y Energética de la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard o el Centro Sabin para Legislación de Cambio Climática de la Universidad de Columbia de Nueva York.

En total, de esos 80 ataques emprendidos por la administración Trump —en forma de órdenes presidenciales, iniciativas en el Congreso o el Senado, decisiones presupuestarias, memorándums o planes de acción y demás artillería política— 24 de ellos ya son efectivos, 26 están aprobados pero aún en desarrollo legal, cuatro están parcialmente efectivos, otros cuatro están aprobados pero su entrada en vigor ha sido pospuesta y cinco de ellos están paralizados por el momento. Apenas 17 han sido rechazados definitivamente en algún momento de su tramitación, lo que implica que los opositores a estas medidas sólo han podido frenar una de cada cinco.

Por supuesto, el recuento de retrocesos y ataques de la administración Trump no sólo se centra en el medio ambiente. Los citados registros señalan otros 115 intentos de desmontaje y desregulación sobre todo en áreas como la salud (especialmente el Obamacare) y la migración, otras de las dos obsesiones de Trump.

Tampoco se salvan otras materias como la vivienda, la privacidad ciudadana, los derechos del consumidor, la educación y la gestión empresarial. Los ataques a los asuntos medioambientales, eso sí, se llevan la palma.

El último y de mayor calado internacional, la comunicación oficial y por escrito de la salida del Acuerdo del Clima de París, que se hará efectiva el 4 de noviembre de 2020. Esta decisión, como el resto de acciones contra el clima llevadas a cabo por la administración Trump, se basa en una ecuación tan simple como falaz: proteger el clima es despilfarrar dinero y cuesta puestos de trabajo.

Cuando Trump anunció esta medida por primera vez el año pasado la defendió, de hecho, con el argumento de que el cumplimiento de los objetivos del acuerdo perjudicaría a Estados Unidos, cuyos trabajadores y contribuyentes "absorberán el coste en términos de pérdida de puestos de trabajo, salarios más bajos, fábricas cerradas y una producción económica muy reducida". Además, se trata de desmontar uno de los grandes logros de la era Obama, y eso es otro aliciente para el magnate norteamericano.

Pero la salida de París es la punta del iceberg de lo que está sucediendo en Estados Unidos. Entre dichos ataques, los más graves y de mayor calado se encuentran éstos:

Octubre de 2019: El Gobierno de Estados Unidos ordena cortar los fondos destinados a dos comisiones nacionales: el Comisión Federal Asesor sobre Áreas Protegidas Marinas —dirigido por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica— y la Comisión Asesora de Especies Invasoras del Departamento de Interior. La primera fue creada en 2003 y la segunda, en 1999. Asimismo, ese mismo mes la administración Trump retira los fondos al Consejo Asesor Presidencial sobre la Resistencia Bacteriana Antibiótica.

Septiembre de 2019: Rechazo de la regulación de aguas del Gobierno de Obama. Trump ordena a la Agencia de Protección Ambiental (APA) norteamericana que fije unas nuevas reglas que reemplacen a las establecidas en 2015. La nueva normativa dispone de unas coberturas y garantiza unas protecciones menores que la legislación anterior.

En la orden ejecutiva firmada por Trump, éste defiende que su interés pasa por una nación libre de aguas contaminadas, pero también, aclara, por la promoción del crecimiento económico y la erradicación de las normas que causen inseguridad jurídica. Los lobbies relacionados con esta ley ya habían demandado a la administración Obama por implementarla.

Agosto de 2019: El Gobierno norteamericano anuncia que facilitará los requerimientos y reducirá las exigencias a las empresas de petróleo y gas en cuanto a las emisiones de metano, uno de los gases más nocivos para el cambio climático, por encima del dióxido de carbono.

Junio de 2019: Trump firma una orden presidencia en la que ordena reducir un tercio de las comisiones asesoras federales en materias como la energía, el clima y la salud.

Abril de 2019: La APA elabora modifica la Ley de Aire Limpio norteamericana para relajar las exigencias sobre la emisión e incineración de residuos sólidos industriales o comerciales, entre ellos, residuos municipales, hospitalarios o aquellos procedentes de las fábricas. Los criterios modificados habían sido aprobados en el año 2000 —con algunas modificaciones posteriores—.

Diciembre de 2018: El departamento de Interior anuncia sus planes para permitir prospecciones petroleras en millones de hectáreas protegidas hasta el momento de la actividad industrial. La APA añadió además que anularía las normas que limiten las emisiones de carbón en las nuevas plantas de producción de energía.

Julio de 2017: El Servicio de Pesca y Fauna Silvestre y el Servicio Nacional de Pesca Marina promulgan una serie reglas para debilitar la Ley de Especies Protegidas norteamericana. Los cambios introducidos establecen criterios y procesos menos exigentes y más lasos para incluir o eliminar especies animales o vegetales de la Lista de Especies Amenazadas así como para la consideración de hábitats críticos. Después de un proceso legislativo tortuoso, finalmente la nueva norma entra en vigor el pasado mes de septiembre.

Marzo de 2017: Apenas dos meses después de tomar posesión, Donald Trump firma una orden presidencial en la que ordena eliminar muchas de las acciones a nivel federal dirigidas a combatir los efectos del cambio climático. Entre otras cosas, la orden presidencial ordena a la APA revisar y, en su caso, rescindir, regulaciones nacionales sobre la emisión de CO2 en plantas de producción energética existentes, los nuevos estándares de CO2 para las plantas de nueva construcción, los niveles de metano permitidos para la industria del petróleo y del gas. Asimismo, la orden revoca una estrategia para calcular el coste social de las emisiones de gases de efecto invernadero.

En la orden, asegura que la misma "evita las cargas regulatorias que innecesariamente obstruyen la producción de energía, constriñen el crecimiento económico e impiden la creación de empleo. Además, el prudente desarrollo de esos recursos naturales es esencial para garantizar la seguridad geopolítica de la Nación".

Los demócratas han salvado los presupuestos

Tras las elecciones a la Cámara de los Representantes de noviembre del año pasado, el Partido Demócrata logró obtener una mayoría de los escaños. Dicha cámara tiene la capacidad de vetar los presupuestos y ahí ha estado de la clave de que Trump no haya podido dar el zarpazo más salvaje: en la financiación de los entes y oficinas públicas dedicadas al medio ambiente.

Como se suele decir, hacer política no es lo que dices sino cómo haces los presupuestos. La administración Trump presentó los suyos en marzo de este año y mostraban una intención clara de dar el arreón final de su mandato al asunto medioambiental. Su propuesta implicaba recortar el 31 por ciento el presupuesto de la Agencia de Protección Ambiental —de 8.900 millones de dólares a 6.100 millones— y el 70 por ciento a la Oficina de Eficiencia Energética y Energías Renovables —de 2.300 millones a 700 millones de dólares—.

Finalmente, los demócratas en la Cámara de los Representantes tumbaron la propuesta y salvaron los muebles, logrando incluso con unas leves subidas presupuestarias para ambas instituciones estatales.

Contra el desmontaje de la administración ambiental

El pasado mes de octubre, 77 grupos y organizaciones medioambientales y científicos —entre ellos, Greenpeace, el Consejo por la Defensa de los Recursos Naturales o la Unión de Científicos Concernidos— firmaron una carta en la que reclamaban al presidente norteamericano que rescindiera su orden presidencial ejecutiva del 14 de junio de 2019 en la que eliminaba "arbitrariamente" un tercio del total de comisiones asesoras estatales.

"La orden elimina comisiones esenciales para informar al Gobierno en su toma de decisiones", denunciaba la carta. "Dichas comisiones estatales brindan a las agencias federales una experiencia externa importante en una amplia gama de temas, como ciencia, energía, medicina y artes. Su eliminación es una amenaza para una fuente vital independiente de información y deliberación".

La salida de París, el último zarpazo

El anuncio oficial a Naciones Unidas realizado esta semana por la administración sobre su salida del Acuerdo de París el 4 de noviembre de 2020 —según lo firmado en el tratado, Estados Unidos no puede salir antes—, ha sido el último zarpazo de Trump, esta vez con una repercusión de calado mundial e imprevisible puesto que en la lucha contra los efectos del cambio climático es y será determinante el papel de las grandes potencias contaminadoras —Estados Unidos, China, la UE, Rusia, etc.—.

La salida de EEUU puede provocar un efecto dominó

"Al retirarse del Acuerdo Climático de París, la administración Trump está haciendo que su país deje de ser un líder climático global y se convierta en un golpe climático global", aseguran fuentes de Greenpeace en Estados Unidos.

"La postura aislacionista de Trump en este momento crítico de la historia es moralmente reprobable, pero su intento de descarrilar el progreso global sobre el cambio climático fracasará.

El Acuerdo de París seguirá vigente, con o sin el Gobierno de los Estados Unidos", que se arriesga con esta actitud, aseguran desde Greenpeace, a que "Estados Unidos quede atrapado en el pasado de los combustibles fósiles mientras China y otras naciones se convierten en líderes del siglo XXI".