"Todo ha sido muy rápido, a finales de septiembre el primer vecino recibió un burofax donde se anunciaba que tenía que abandonar su piso. Nos cogió por sorpresa y al principio nadie se lo tomó demasiado en serio, pensaban que no iba con ellos. Pero en una semana todos ya habíamos recibido burofax iguales. A mí me dieron hasta el 30 de noviembre para abandonar el piso", explica Bianca Beyer, vecina de una de las fincas de los números 49 y 51 de la calle Túria de València donde un fondo de inversión francés ha anunciado su interés en instalar pisos turísticos. Los afectados eran, en total, 16 familias, además de un restaurante y una escuela de educación infantil que hace más de 40 años que está abierta en el mismo local.

Beyer denuncia que todo el proceso ha estado plagado de mentiras e intentos de engañarlos, así como que la propiedad rechazó la oferta de compra que hicieron los vecinos. "Al principio hicimos algún intento de unirnos y forzar una negociación, pero al final cada cual optó por buscarse la vida y, los que podían, han preferido buscar una nueva casa", continúa esta vecina, que ya hace 16 años que vive en el mismo edificio.

Hoy ya solo quedan cuatro pisos ocupados –esta misma semana otros inquilinos han dejado la vivienda- y la guardería que ha conseguido una moratoria hasta finales de curso. El resto han encontrado una alternativa deprisa y corriendo. El restaurante ha bajado la persiana definitivamente. Beyer es una de las pocas resistentes. Camarera en paro –perdió el trabajo por las restricciones impuestas por la pandemia- explica que no tiene donde ir. "Para alquilar un piso me piden un contrato indefinido que no tengo, pero es que además todo el que encuentro es más caro y con la mitad de espacio que tengo ahora, empiezo a estar desesperada". Ella ha optado para agotar su contrato de alquiler, que acaba el 30 de abril, y después plantea acogerse a la moratoria automática de alquileres de seis meses decretada por el Gobierno. Es consciente de que es una solución temporal, pero por ahora no tiene demasiado alternativas.

Una posible solución pasaría por la compra del edificio por parte de la consellería de Vivienda, por la vía del derecho de tanteo y retracto que tiene la Generalitat gracias a la Ley de Función Social de la Vivienda. Una opción similar a la que se optó para evitar el desahucio de 21 familias en la Pobla de Vallbona. El vicepresidente segundo y consejero de la materia, Rubén Martínez Dalmau, anunció esta posibilidad desde su perfil de Twitter. César Jiménez, secretario autonómico de Vivienda y Función Social, confirma a Público que los servicios territoriales están alerta de cualquier transmisión de esta propiedad para ejecutar la opción del tanteo. "Estamos decididos a truncar cualquier oportunidad de negocio especulativo –explica Jiménez- y si venden los pisos con ocupantes, haremos lo que podamos para garantizar el derecho a la vivienda de estas personas. El problema es que si venden los pisos vacíos, no hay incidencia social y nuestro margen es más pequeño".

Esta opción es la que preocupa precisamente a Pedro Giménez, otro de los vecinos que todavía resisten a la finca de la calle Turia. "Siendo pragmáticos, si me obligan a marchar, a mí ya me da igual lo que pase, y una vez no quedan vecinos, los propietarios pueden vender y nadie se opondrá". Giménez está dispuesto a resistir los dos años que le quedan de contrato de dos pisos. Hizo una fuerte inversión para reformarlos con permiso de los propietarios que ahora quieren expulsarlo, pero es consciente de que no será fácil. "El administrador me amenazó con una querella, puesto que, según él, al avisar a la prensa y a la administración les habíamos arruinado el negocio y que ahora nos echarían igual, solo por venganza". No ha sido posible confirmar si el proyecto del fondo francés continúa adelante o no. El anuncio de la venta del edificio –se ofrecía por 3,6 millones de euros- en la web de la inmobiliaria ProMarina Consultores ha desaparecido. Pero, en todo caso, la única piedra en esta vía son Miguel y Paquita, una pareja de 90 y 87 años, respectivamente, que hace más de cincuenta que viven en su apartamento y tienen un contrato indefinido mientras vivan. Algunos vecinos han denunciado haber recibido llamadas presionándolos para abandonar sus casas incluso antes de la finalización de los contratos.

"La situación es muy difícil y el vecindario que quiera quedarse tendrá que ser consciente de que la resistencia será muy dura", explica Paula Roselló, de Veïnat en Perill d’Extinció [Vecindario en Peligro de Extinción], una plataforma de los barrios del centro de València opuesta a la conversión de viviendas en pisos turísticos. Desde este colectivo exigen en el Ayuntamiento que amplíe la protección de la que disfruta Ciutat Vella contra este tipo de operaciones a toda la ciudad. "Con el Plan Especial de Ciutat Vella que quiere frenar la turistificación del centro, el capital se ha desplazado un poco a la periferia. Solo en la misma calle Turia hay dos fincas más en la misma situación, muchos vecinos de las cuales ya fueron desplazados anteriormente del centro", argumenta Roselló, para quien "el fenómeno funciona como una oleada expansiva". Por eso su propuesta implica blindar toda la ciudad de estas operaciones que califica "de especulativas".

Roselló también denuncia que la caída del turismo por la pandemia no ha parado este movimiento: "Los inversores siguen actuando y en el Ayuntamiento están desbordados por la tramitación de licencias de nuevos hoteles y pisos turísticos". Y cuando se cambia la fisionomía urbanística de un barrio ya es muy difícil que los vecinos vuelvan. "Con el confinamiento, muchos pisos turísticos fueron al mercado regular, pero habitualmente tienen 30 o 40 metros cuadrados, es un perfil muy determinado que, por ejemplo, no sirven para una familia. La situación no ha mejorado nada", concluye esta activista.