BILBAO
No hay sanciones, pero sí una larga lista de quejas. La ausencia absoluta de expedientes a policías nacionales por no portar su número de identificación, algo de obligado cumplimiento, contrasta con las distintas recomendaciones tramitadas por el Defensor del Pueblo durante los últimos cinco años, el mismo periodo en el que –según reconoce el Gobierno en una respuesta remitida al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu– no ha habido ninguna sanción por este asunto en España.
"El hecho de que no se transmita ningún tipo de consecuencia al incumplimiento de instrucciones dadas por el propio ministerio del Interior es una muy mala noticia", afirmó a Público Virginia Álvarez, responsable de Política Interior en Amnistía Internacional España. A su juicio, con la respuesta dada a Iñarritu "se refuerza, una vez más, la desconfianza de la ciudadanía hacia las autoridades y, sobre todo, ese sentimiento de impunidad" de los agentes policiales que "no tienen ganas de actuar correctamente".
Álvarez recuerda que tanto AI como el Defensor del Pueblo –entre otras organizaciones– han hecho recomendaciones a Interior "para pedir que se establecieran mecanismos de rendición de cuentas, de manera que cuando se produjesen esos abusos pudiesen ser denunciados y adecuadamente investigados". "De lo que se trata aquí es que el Gobierno de un mensaje de tolerancia cero hacia los comportamientos abusivos por parte de la Policía", subraya.
Sin embargo, las imágenes de policías sin número de identificación a la vista no han cesado. Uno de los últimos casos se produjo el pasado jueves en Pamplona, en el marco de la huelga general celebrada en Navarra y País Vasco por pensiones, trabajo y vida digna. Según difundió una manifestante en Twitter, policías sin número identificativo a la vista cargaron contra huelguistas. Uno de los uniformados llegó incluso a advertir a la persona que grababa la escena con su móvil que si difundía tales imágenes "vamos a ir a por ti".
Solo en 2018 y 2019 se tramitaron 18 quejas
En la base de datos del Defensor del Pueblo tienen registro de un amplio número de casos similares. Según han confirmado fuentes de ese organismo a Público, solo en 2018 y 2019 se tramitaron 18 quejas por parte de asociaciones o ciudadanos que fueron testigos de actuaciones de policías sin identificar.
En una de esas resoluciones, emitida en marzo de 2019, el Defensor del Pueblo, Francisco Miguel Fernández Marugán, planteaba "regular la necesaria identificación de aquellas Unidades Policiales, como son las Unidades de Prevención y Reacción, los Grupos de Atención al Ciudadano y los Grupos Operativos de Respuesta, que intervienen en despliegues preventivos ante situaciones de violencia callejera y disturbios que requieran la actuación policial inmediata".
"Esta regulación deberá establecer que en las prendas especiales de protección, como son los chalecos antitrauma, los agentes porten un número de identificación de alta visibilidad que permita su correcta identificación por los ciudadanos y dote de la necesaria transparencia a la actuación policial", subrayaba Fernández Marugán.
"Debidamente identificados"
Del mismo modo, el Defensor del Pueblo ha emitido otras tantas "recomendaciones" a la Dirección General de la Policía Nacional para que sus agentes estén debidamente identificados, con un número visible. Varias de estas recomendaciones fueron realizadas en el marco de las visitas programadas por el Defensor "en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes" a diferentes comisarías del país.
En concreto, entre 2015 y 2019 se reclamó "dar indicaciones a los agentes para el debido cumplimiento de su obligación de estar identificados en todo momento" en establecimientos policiales de Madrid, Calatayud, Huesca, Motril, Ibiza, San Fernando, Almería, Santa Cruz de Tenerife o Langreo, entre otros. En varios de esos casos, las quejas figuran como "aceptadas" por la administración.
"Pequeñas pruebas"
Asimismo, en la base de datos de este organismo se encuentra disponible una recomendación efectuada en julio de 2016 a la Secretaría de Estado de Seguridad sobre la "visibilidad del número de identificación de las Unidades de Intervención Policial" (UIP, conocidas popularmente como Antidisturbios).
En ese documento se cita un informe oficial de marzo de ese mismo año en el que se señalaba que "tras las directrices marcadas por esa Secretaría de Estado en la Instrucción 13/2007, los responsables del vestuario oficial diseñaron y presentaron al entonces director adjunto operativo tres modelos de identificación personal para su inclusión en el uniforme policial y, 'tras unas pequeñas pruebas entre los asistentes a una reunión', se decidió el modelo actual".
"De dicha reunión no se levantó acta ni se redactó ningún documento"
El Defensor del Pueblo apuntó entonces que "de dicha reunión no se levantó acta ni se redactó ningún documento en el que se hiciesen constar los participantes y la decisión adoptada". Además, criticó que "en dichos informes no se da respuesta a la solicitud de esta institución de que indique las razones por las cuales no se realizan pruebas para determinar objetivamente el tamaño mínimo y las características tipográficas que debería tener el número de identificación personal para que pueda ser leído sin dificultad por los ciudadanos en condiciones de luminosidad variable".
"De las referencias a las 'previsiones oportunas' y las 'pequeñas pruebas entre los asistentes a una reunión', de la que no se levantó acta ni se conocen los participantes, se desprende que esa Secretaría de Estado no considera necesario realizar pruebas para determinar objetivamente el tamaño mínimo y las características que debería tener el número de identificación personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que pueda ser leído sin dificultad por los ciudadanos", advertía el Defensor del Pueblo.
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